La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio media sanción al proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo por el cual se propone la creación y constitución de “Hidroelectricidad Mendocina S.A.”, que tendrá como objetivo general, la generación de energía hidroeléctrica a partir de los bienes que integran el Complejo Hidroeléctrico "Los Nihuiles".
El capital será representado por dos clases de acciones: Clase A, que serán ordinarias, con derecho a un voto por acción y representarán el 51% del capital social, y Clase B, que también serán ordinarias, con derecho a 1 voto por acción y representarán el 49% del capital social. Ambas clases de acciones tendrán representación en el Directorio y en la Comisión Fiscalizadora. Su accionista originario será la Empresa Mendocina de Energía SAPEM, quien deberá suscribir la totalidad de acciones a emitirse, e integrar el mínimo requerido a efectos de la conformación e inscripción.
Se establece además que la sociedad deberá ser auditada externamente por una empresa de reconocido prestigio internacional, y que se concesionará por 30 años el derecho de uso de los bienes del dominio público provincial que integran el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles: El Nihuil, Valle Grande, las presas Aisol y Tierras Blancas; las centrales hidroeléctricas Nihuil I, II, III y IV, y las líneas de alta tensión de 132 KV y de 13,2 KV que vinculan a las centrales entre sí y con el sistema interconectado nacional, en caso de corresponder.
Asimismo, contempla concesionar a Hidroelectricidad Mendocina S.A. el uso especial de las aguas del Río Atuel para generar hidroelectricidad mediante el sistema “Los Nihuiles” por 30 años, sin aumentar la potencia instalada. De igual forma respecto al río Atuel, cuyo objeto será generar energía eléctrica a partir del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, de aproximadamente 290 Megavatios de potencia instalada.
Dentro de la iniciativa se prevé también la convocatoria a un proceso de licitación pública nacional e internacional para transferir a título oneroso al menos el 51% del capital social a un único adquirente, que deberá revestir la condición de persona jurídica de derecho privado.
Finalmente, incluye la creación de una comisión técnica en el ámbito del Ministerio de Economía y Energía de la provincia, para realizar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios y el seguimiento del proceso licitatorio.
Cabe recordar que el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, está situado sobre el Río Atuel, tiene una capacidad instalada aproximada de 290 Megavatios, y está conformado por 3 represas, 4 centrales generadoras de energía hidroeléctrica y 1 dique compensador. Cubre una longitud total aproximada de 40 km., y una diferencia de altura aproximada de 460 metros.
Antecedentes
El contrato de concesión de los bienes cedidos en uso al concesionario Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A., no prevé ningún mecanismo especial una vez operada la extinción de la concesión por vencimiento del plazo establecido en el contrato respectivo.
Sin embargo, la Ley 6497, establece un procedimiento frente al vencimiento de una concesión. “Señala que con una antelación no menor de veinticuatro (24) meses de la fecha de finalización de una concesión, el Poder Ejecutivo dispondrá la iniciación del procedimiento de selección de un nuevo concesionario, mediante el llamado a licitación pública nacional e internacional – Art. 28 -, procurando que la adjudicación quede resuelta antes de la finalización de la concesión vigente – Art. 29 –“, aclara el texto de elevación a la Legislatura.
Agrega en tal sentido, que a efectos del cómputo del plazo de la concesión, “deberá tomarse el plazo de transición de doce (12) meses previsto en el contrato de concesión”.
Es por ello que “frente al vencimiento de la concesión otorgada a Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A., se hace necesario el dictado de una ley que disponga el procedimiento para otorgar una nueva concesión conforme establece el marco regulatorio eléctrico provincial”.
Debate
El diputado Jorge López (UCR), titular de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios; manifestó que en agosto de 2024, se termina la concesión que se dio a la empresa INISA por 30 años, “por ello se pretende mantener las características del sistema que tenemos y es necesario que la provincia haga todos los actos útiles para que esa reversión”, y que pueda, en primer lugar, “mantener las características que tenemos actualmente en funcionamiento, y garantizar todas las condiciones de transparencia y equidad necesarias para que nuevos sectores privados se encuentren interesados en participar en un nuevo esquema público - privado de explotación sobre estos bienes provinciales”.
Po otro lado, afirmó que “el acta acuerdo firmado en 1992 y 1993, están relacionados con la ley 5.825 y la ley 6.087, y establecen que la trasferencia de estos bienes a la provincia de Mendoza, tiene que ser bajo la modalidad de la creación de una sociedad específica, es por eso que nosotros en esta instancia estamos teniendo en cuenta la posibilidad que nos establece la Ley Nacional 23.693 que es la ley de reforma del Estado que nos establece la constitución de una sociedad con propósito específico para llevar adelante el proceso”; resultando así “la reversión de la concesión otorgada, y en segundo lugar, el proceso de licitación y demás pasos necesarios para otorgar una nueva concesión a este sistema público privado, que es el que viene funcionando”.
En tanto, el diputado José Luis Ramón (Protectora), adelantó su voto negativo subrayando que “esto va en camino de modificar un sistema que venía existiendo en una concesión que se vence en el año 2024. Se le muestra a mendocinos y mendocinas el modelo Mendoza de producción y lo hacen a través de la creación de sociedades anónimas que se rigen por las normas del derecho privado y que está establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación; que tiene reglas específicas de mercado y de funcionamiento legal de una sociedad en cuanto a la administración y disposición de los dineros que ingresan, cómo se administran, cómo se disponen y cómo se rinden las cuentas, distinto a las sociedades del Estado”.
Agregó que su preocupación gira en torno a los “controles”, y sostuvo que “no estamos dictando y votando leyes que sean para el beneficio y mejoramiento del pueblo”.
Por su parte, Mercedes Llano (PD) también adelantó su voto negativo indicando que el contrato de concesión vence “a mediados del año que viene”. “Interpretamos que es un marco jurídico direccionado a beneficiar a un grupo económico afín al poder”.
Sobre la redacción del proyecto, Llano manifestó que la propuesta se contrapone con la Ley 6088. “Entendemos que es un mero negocio, orientado a un grupo afín al poder y con mucho apremio y con antelación a la conclusión del mandato”.
A su turno, el diputado Germán Gómez, titular del Bloque Frente de Todos, adelantó el voto negativo de su bloque considerando que “creemos que la conformación de una sociedad anónima, que pueda permitir la participación del sector privado es un camino bueno, porque puede facilitar inversiones, puede generar un nuevo esquema de negocios, para que el Estado se dedique a cumplir las funciones específicas y elementales que debe cumplir. Pero consideró que “no estamos de acuerdo con que se utilice la sección 5 de la ley 19.050, que habla de sociedades anónimas, si estaríamos de acuerdo con que se utilizara el capítulo 6 de la ley 19.050, que habla de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, para de esta forma el gobierno provincial se asegure el 51% de las acciones, mientras que se permite en el 49% restante inyectar capital de origen privado, que es tan necesario para fortalecer este esquema de producción energética”.