El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi,  la diputada Daniela García (UCR), y el diputado Emanuel Fugazzotto (PV), participaron del Segundo Conversatorio de Transparencia e Integridad en Mendoza, en el que se abordó el Acceso a la Información Pública.

Organizado por la Universidad de Mendoza, a través del Laboratorio de Transparencia e Integridad, y la Fundación Nuestra Mendoza, se desarrolló en el Aula Dr. René Favaloro de la Universidad de Mendoza, una nueva edición del conversatorio con foco en la importancia del Acceso a la Información Pública “como herramienta indispensable para el fortalecimiento de nuestra democracia”.

La actividad se enmarcó en el quinto aniversario de la sanción de la Ley Provincial 9070 que regula el Acceso a la Información Pública (AIP), y contó con la participación de referentes del  ámbito público y privado de la Provincia, con la finalidad conocer los avances, desafíos y oportunidades de la Ley.

La diputada Daniela García, autora de la Ley de Acceso a la Información Pública, explicó cómo fue el proceso de redacción del proyecto así como detalles del funcionamiento de la normativa vigente. En tanto que Andrés Lombardi, hizo lo propio en relación a los desafíos que implica la puesta en práctica de la Ley y las políticas de transparencia en el ámbito legislativo, al igual que Emanuel Fugazzotto.

“Este tipo de eventos y conversatorios ayudan a mejorar la transparencia, nos ayuda a descifrar en qué más podemos avanzar, porque uno toma la decisión política para avanzar en la transparencia, y a medida que va transcurriendo el tiempo van apareciendo cuestiones y cosas que están faltando y que tenemos que ver cómo las vamos completando”, dijo Lombardi durante su exposición en el panel, que contó con la participación del diputado Emanuel Fugazzotto, el senador Germán Vicchi, y el secretario Legal y Técnico del Senado, César Vazquez, bajo la moderación del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, Diego Carbonell.

El titular de la Cámara Baja, explicó al respecto que en la Legislatura ambas Cámaras trabajan de manera coordinada, y que en términos generales, el Poder Legislativo tiene dos componentes: uno administrativo y otro legislativo. Sobre todo en este último caso, sostuvo que “la pandemia nos llevó a avanzar muchísimo en transparencia con la incorporación del expediente electrónico, que permite que cualquier ciudadano tenga acceso a todo el expediente legislativo, con las opiniones de los actores que han participado en el debate, cuál fue el proyecto presentado originalmente, cuáles fueron los respaldos de las distintas comisiones, o cuando se piden informes a organismos públicos provinciales, se vuelcan esos informes”.

“Y estamos avanzando también en la cuestión administrativa, con la publicación de datos en el sitio web”, dijo. En ese sentido, expuso el ejemplo de los viáticos, señalando al respecto que “no es que la información esté desactualizada, sino que no hay viáticos. Están al día, no tienen movimientos simplemente porque no se han pagado viáticos”.

Asimismo, explicó que el Orden del Día de cada sesión, se publica también en la página de Diputados, al igual que el debate legislativo que queda plasmado en los Diarios de Sesiones. De igual forma, mencionó las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube, que se hacen tanto de las sesiones como de algunas reuniones de comisión, principalmente, cuando se abordan temas de envergadura, como puede ser el Presupuesto provincial.

“Hoy toda la información está al alcance de todos con un solo click”, subrayó, agregando al respecto que se puede avanzar aún más con la publicación del orden del día de las comisiones como también de la nómina de personal.

No obstante, sostuvo, “esta Ley está dentro de un paquete de leyes que tienen algunos impactos en la gestión propia. En el proceso de los últimos 8 años Mendoza tiene una Ley de Acceso a la Información Pública, tiene fijada por Ley la fecha de sus elecciones, tiene garantizado un sistema de elecciones de precandidatura a través de las PASO, tiene Ley de Extinción de Dominio, Ficha Limpia, Boleta Única, el debate obligatorio de candidatos. En fin, hubo un gran cambio de normativas que favorecen a la transparencia y permiten que la sociedad pueda poner el foco sobre su clase política. Ese camino es un camino, es un vaso que hay que seguir completando cada vez que uno avanza, pero hay una serie de leyes que han hecho de Mendoza una provincia que en términos institucionales, esté muy por encima del promedio del país”.

En tanto, César Vázquez hizo un repaso del funcionamiento de la Cámara Alta, afirmando que “somos transparentes, austeros y trabajadores”. Mencionó además el salto cualitativo que se dio con la digitalización de expedientes, la disminución del número de personal y en el procedimiento propiamente dicho de la cámara en la que incluso las Resoluciones de presidencia, se someten al Cuerpo. De la mima manera, resaltó la modificación al Reglamento Interno donde se incorporó la iniciativa ciudadana.

El senador Vicchi, por su parte, ponderó la digitalización y dijo que habría que trabajar en algunas modificaciones a la Ley, como las penas que se aplican a los funcionarios garantes en caso de incumplimiento, que quienes ejerzan esos cargos no tengan procedencia partidaria, porque “necesitamos instituciones cada vez más fuertes”.

A su turno, el diputado Fugazzotto puso en relieve que “la Legislatura de Mendoza es una de las más económicas del país. Además es la Casa de la Democracia, es la primera que falta cuando la democracia no está presente”.

En relación a la accesibilidad a los datos, habló de la “universalidad, porque permite que cualquier ciudadano pueda acceder a algo que antes era limitado y además, permite controlar a quienes son funcionarios”.

En otro orden, hizo alusión  a la participación ciudadana fundamentalmente en comisiones como la de Derechos y Garantías “donde constantemente recibimos a ciudadanos y organizaciones. Se pretende acercar la Legislatura a la problemática cotidiana que llevó a esa persona a requerir la intervención de la Legislatura, y eso es de suma importancia”.

Asimismo, afirmó que “soy uno de los legisladores que usan el pedido de Acceso a la Información Pública, más allá de los pedidos de informes que se aprueban en el recinto, porque esta herramienta me da más certeza y control, y tiene plazos que deben cumplirse”.

El último panel contó con las exposiciones de Daniela García y del subdirector de Acceso a la Información Pública, Diego Seoane, bajo la moderación del periodista Luis Ábrego.

La diputada García, quien promovió junto al senador Ernesto Mancinelli la Ley, explicó cómo se fue gestando el proyecto con la participación del sector académico y de una serie de instituciones que brindaron su aporte.

“Cuando se presenta primero la Ley de Ética Pública y luego el Acceso a la Información Pública, hay un antecedente que son las recomendaciones que hace con un programa específico la OEA”, en el que “solicita a diversas eminencias jurídicas de los estados miembros de la OEA que hicieran recomendaciones tanto para una normativa nacional como para la aplicación de esa normativa. Se conforma un programa y se hacen dos normativas, que son la Ley para la responsabilidad en desempeño del funcionario público y la Ley de acceso a la información pública y transparencia activa. Y por primera vez se hablaba de transparencia activa”, recordó.

“Entonces para hacer el proyecto tomamos ambos, tomamos esas dos normativas que hacían recomendaciones de carácter internacional, con estándares internacionales”, agregó, a lo que sumó que “había un cambio de estrategia para con la sociedad democrática y ese cambio de estrategia se mostraba también en la visión teórica de cómo abordar el acceso a la información pública”.

Como pendiente, la legisladora apuntó a dotar de mayor autonomía a la oficina de Ética Pública y a adoptar los avances tecnológicos. “Hay que ir hacia la gestión de datos, hay algunos organismos que lo ponen como una legislación aparte, yo creo que por ahí podría ingresar dentro de este organismo como modificación a la Ley de Acceso. En este caso plantear la gestión de datos como la trazabilidad de todos los datos de un Estado y, por otro lado, la protección de datos personales. Estamos trabajando en un proyecto de gestión de datos que todavía no hemos determinado bien cómo lo vamos a interponer con acceso a la información, pero vamos en este ámbito”.

Finalmente, Seoane realizó una evaluación del proceso y de la Ley, destacando que “no se puede hablar de transparencia sin ética ni de ética sin transparencia. La Ley es ambiciosa, de avanzada”.

“Nos tocó la capacitación de los funcionarios garantes y hacerles entender de qué se trataba, crear un sistema ágil y sencillo para responder la información, lograr la adhesión de los municipios, porque hoy tenemos 17 que han adherido y Lavalle que cuenta con normativa propia. Desde todo punto de vista esta Ley trajo avances,  para mejorar y dotar de herramientas a la ciudadanía para poder controlar”.

En cuanto a las mejoras, dijo que habría que “profundizar las capacitaciones sobre todo cuando se trata de Ministerios u organismos muy grandes, por la dimensión del pedido que se formula”, como también “dotar de más presupuesto a la oficina de Ética Pública”.