La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Emiliano Campos (UCR), dio despacho favorable a una iniciativa de Emanuel Fugazzotto (PV), por el cual se modifica el artículo 1 de la Ley 9297, estableciendo que a los efectos previstos por el artículo 39 de la Ley 6.086, se amplía hasta el 31 de Diciembre de 2.024 la suspensión de los procesos iniciados, cualquiera fuera su estado, incluidos aquellos que se encuentren en ejecución de sentencia.

En los fundamentos del proyecto, que fue modificado durante el tratamiento en la comisión, su autor señala que “en Noviembre de 1.993 fue sancionada la Ley 6.086, comúnmente conocida como de “Arraigo de Puesteros”, que establece en su artículo 39 la, “suspensión por dos (2) años de todo proceso de desalojo, títulos supletorios, cuya finalidad sea la modificación de situaciones de ocupación efectiva, tenencia, o determinación de derechos, sobre los inmuebles de dominio privado del Estado o de particulares, incorporados o que se incorporen en el futuro al programa previsto en la presente ley, cualquiera sea su estado, aun cuando se hallen en trámite de ejecución de sentencia”.

Dado que desde su sanción no se ha regularizado “la situación dominial de muchos puesteros que poseen en precario la tenencia de las tierras a las que la Ley refiere, los plazos que establece  dicho artículo han sido prorrogados en sucesivas ocasiones hasta hoy”, añade.

En esa línea, agrega Fugazzotto que “el espíritu de la Ley de Arraigo tiene por objeto y fines la solución de una parte importante de las debilidades estructurales de uno de los grupos constituyentes de la población rural dispersa. Su articulado ha establecido pormenorizadamente las vías y los métodos para lograr el cometido prometido, sin embargo hasta el presente se han dado diversas dificultades para su consecución”.

En su mayoría, atañe a familias de crianceros radicados en cercanías de Malargüe y San Rafael, “que por generaciones ocupan tierras fiscales o nunca reclamadas. Pero, en general, los pobladores carecen de títulos que acrediten su propiedad”, explica el legislador.

En ese sentido, durante el tratamiento en comisión, los diputados señalaron también que “la Ley original tenía un plazo de caducidad que se ha ido corriendo porque no se ha logrado tener registrado a todos esos puesteros. Si bien no es lo ideal prorrogar la caducidad de estas leyes, se hace necesario porque no se ha logrado el objetivo”.

La comisión de LAC recibió a Técnicos en Higiene y Seguridad

En otro orden, un grupo de profesionales, encabezados por Matías Aciar, se presentaron ante la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para plantear una serie de inquietudes que atañen al desempeño profesional.

Hicieron referencia a su negativa a ser incorporados al Colegio de Ingenieros, dado que a su entender, “necesitamos un colegio de higienistas no de ingenieros”.

Señalaron al respecto que desde ese Colegio “quieren seguir ejerciendo la higiene y seguridad cuando tienen una sola materia en toda la carrera, y cuando nosotros tenemos más de 40 materias rendidas en una universidad. Siguen ejerciendo la higiene y seguridad como un apéndice de ingeniería. Necesitamos nuestro propio colegio para seguir defendiendo nuestra profesión, ejercerla legalmente y como corresponde, con los aforos que corresponde y con el asesoramiento que corresponde”.

Desde la comisión, indicaron que es necesario “llegar a una solución. Tal vez no sea lo que convenza a las dos partes, pero que sea lo más justo posible”, teniendo en cuenta que otro grupo de profesionales ya se ha manifestado a favor de la incorporación de la profesión al Colegio de Ingenieros.