La Cámara de diputados de Mendoza invitó a la cónsul de Brasil Mitzi Gurgel Valente da Costa quien dio detalles sobre la Ley de protección de adultos mayores que está vigente en ese país. Fue por impulso del presidente de la comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur e Integración Regional, el diputado José María Videla.

La exposición de la representante del hermano país en la Legislatura mendocina, fue organizada por la Cámara de Diputados junto al Foro Diplomático en Mendoza y las universidades de Congreso y Juan Agustín Maza.

Es que, según explicó el diputado Videla  (FR), la idea es establecer un análisis comparativo de legislaciones para generar leyes que beneficien a la ciudadanía.

En ese marco es que se invitó a la cónsul para que diera detalles sobre la Ley que protege a los adultos mayores de manera integral, en Brasil.

Antes de que Valente da Costa expusiera,  Carlos Abihaggle, presidente del Foro Diplomático en Mendoza y ex embajador de Argentina en Chile enumeró una serie de razones por las que los adultos mayores deben ser contemplados en una legislación, a la vez que subrayó el aumento esperable a futuro de la población que se ubicará en esa franja etaria. También describió a la Ley de protección de adultos mayores de Brasil como “incorporada culturalmente” por su población.

La diplomática brasileña comenzó con una descripción de la cantidad de personas amparadas por la Ley de Adultos Mayores en su país, que sobrepasaría los 30 millones y agregó una completa muestra de los alcances de la normativa 14423, que rige actualmente y que suplantó a la  10.741, conocida como el Estatuto del Anciano.

De cualquier manera, según explicó, ambas normativas comparten el objetivo de establecer los derechos de las personas mayores en Brasil y garantizar su protección y dignidad en la sociedad.

En ese sentido es que detalló algunos de los aspectos clave como el acceso a derechos sociales con la meta de garantizar el envejecimiento saludable y activo, asegurando su participación en la vida social, cultural, económica y política del país.

Además garantiza el acceso a servicios de salud y atención médica adecuada; prohíbe la discriminación por edad en la atención médica y establece la creación de programas de prevención de enfermedades.

En materia de transporte reconoce el derecho de los adultos mayores a un transporte público seguro y accesible y establece la gratuidad para recorridos urbanos y descuentos y prioridades para transporte de media y larga distancia.

En lo referido a educación y cultura, la normativa fomenta su participación en actividades educativas y culturales, así como el acceso a espacios culturales y recreativos.

Por otra parte establece medidas para prevenir la discriminación laboral por edad y garantiza el acceso a beneficios de seguridad social y jubilación, a la vez que proporciona mecanismos legales para prevenir el abuso, la negligencia, la violencia y la explotación de los ancianos. De igual forma, establece la responsabilidad de la familia y la sociedad en la protección de sus derechos.

Otro aspecto subrayado por la cónsul es que la Ley brasileña introduce agravantes en las sanciones penales para aquellos que violen los derechos de los ancianos o los maltraten de alguna manera. Es decir que un delito conlleva mayores penas si se ejerció contra un adulto o adulta mayor.

Finalmente la diplomática enumeró una serie de dificultades a la hora de aplicar algunos términos específicos de la normativa