{mosimage} La Comisión de Economía se reunió con sectores perjudicados por el robo de cables y de transformadores; y funcionarios de seguridad con el objeto de analizar un nuevo proyecto presentado en la Cámara para evitar dicho delito.
La iniciativa corresponde al diputado Ricardo Puga (PIM) y con el encuentro de la fecha es el inicio de una ronda de consultas para recabar opiniones y aportes para lograr una herramienta legal eficiente para el tema en cuestión.
En la oportunidad participaron los directores de Inteligencia Criminal y de Investigaciones de la Provincia y representantes de Telefónica, Edemsa y las Cooperativas Eléctricas de Godoy Cruz y la Rural Alto Verde y Algarrobo Grande.
Presidió la reunión el titular de la comisión mencionada, Roberto Pradines (PD), acompañado por los justicialistas Silvia Cardozo, Rogelio Gil y Raúl Rodríguez; por la Concertación Ciudadana, Santiago Cazzolli y Daniel Ortiz; el demócrata Eugenio Dalla Cia y el autor del proyecto.
En lo inmediato, también se tomarán en cuenta las consideraciones al respecto de representantes de la Justicia, Municipalidades, Rentas y AFIP, entre otros.
En los fundamentos, Puga expresó que la sustracción de los elementos aludidos "resiente, entre otros, los servicios públicos de energía y comunicación, con la consecuente incapacitación de sectores de la ciudadanía que quedan sin poder utilizar esos servicios". Más adelante expresó que si bien la Justicia y los organismos de seguridad han incrementado su accionar para dar solución al problema, "se propone para Mendoza el establecimiento de un cambio de status del material denominado cobre".
El legislador propone"la consideración del cobre en la categoría de material vigilado, es decir, que los cambios económicos y jurídicos del mismo sean de competencia pública; que la tenencia, la compra y venta, la cesión y el traslado sean razonablemente observados por el Estado". Agrega "como es imposible custodiar individualmente el alambrado eléctrico y telefónico provincial, se cambia la consideración del material de tal modo que quien lo posea deba ir a explicar porqué lo tiene. Quien lo detente legalmente no tendrá inconvenientes, pero a quien no pueda razonablemente justificarlo, se le incautará"
El proyecto propuesto establece "la prohibición de la compra y venta, la tenencia y el transporte de cobre superior a un kilo a quien no se encuentre debidamente autorizado por la autoridad de aplicación de tal acto. Esta será el Ministerio de Seguridad y en la práctica significa que quien venda cobre, o lo transporte, previamente a la operación deberá, en formularios al efecto, declarar la operación con la documentación pertinente para que en trámite sumarísimo se resuelva su procedencia. De no poder comprobarse debidamente el material se incautará y se procederá a su decomiso".
En esta primera consulta, además de evaluar las acciones instrumentadas en los últimos tiempos se comprometieron a analizar la iniciativa y efectuar los aportes necesarios hasta alcanzar una ley eficaz para combatir el delito. Agregaron que debería considerarse también el robo de aluminio, metal que reemplaza al cobre en ciertas instalaciones; incorporar también el traslado de otros elementos que provienen de sustracciones similares, como el bronce, y profundizar la cantidad de material transportado, haciendo referencia al kilo mencionado, para evitar controles innecesarios en empresas prestatarias de servicios.