Presidida por Emiliano Campos (UCR), la comisión de LAC recibió a representantes del Centro de Ingenieros de Mendoza, quienes presentaron una nota que fue adjuntada al proyecto que se encuentra en análisis en la comisión, respecto a la incorporación de los profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y Calidad y Medio Ambiente al Decreto Ley 3485/63 - Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza.

Los profesionales Daniel Dimaría, Antonio Curi, Carlos Santilli y Laura Profili, indicaron que los Licenciados en Higiene y Seguridad se “se incorporaron en los 2000, sin que a Ley lo permitiera. Hubo un despacho en 2004 de Fiscalía de Estado que dice que correspondía hacer una modificación de la Ley”.

No obstante, indicaron no estar de acuerdo con ello, porque a su criterio “no deberían estar incorporados”.

“Primero deberían estar ellos de acuerdo, después, los restantes integrantes del Consejo Profesional deberíamos estar de acuerdo. Y si eso está, modificarse la ley pero no sólo en un par de puntos, sino en varias otras que hacen al funcionamiento del Consejo”, señalaron.

Para ellos, “esta modificación implica un aumento en los integrantes del Consejo y queremos una estructura más chica y periodicidad de los cargos, por ejemplo, para que no haya reelecciones indefinidas”.

“Que  la representación sea lo más democrática y transparente posible y que la estructura del Consejo sea lo estrictamente necesario para el funcionamiento del Consejo y de utilidad a la sociedad”, manifestaron.

El proyecto en cuestión que se encuentra en el índice de la comisión, “tiene por objeto modificar el Decreto Ley Nº 3485/63, ratificado por ley Nº 2955, incorporando expresamente al Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (CoPIG) a los profesiones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y Calidad y Medio Ambiente, como así también brindarles representación en el seno del Consejo”, según se señala en la fundamentación.

La propuesta de Adrián Reche (UCR) y Germán Gómez (FdT), agrega que “ha sido formulada desde el propio CoPIG, con la intención de resolver dos cuestiones”, por un lado, “la limitación actual de las denominaciones profesionales que resultan obligadas a la matriculación en el CoPIG”, y por otro, “la puesta en funcionamiento de las circunscripciones territoriales ya contempladas dentro de la legislación existente, pero trabadas por errores en su redacción”.

El tema continuará en estudio en próximas reuniones.