La Cámara de Diputados otorgó sanción inicial a un proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se propone unificar la Zona Franca con el Parque Logístico de Luján de Cuyo. La propuesta apunta a que sea una plataforma logística que a futuro, se vincule con la variante Palmira y el PASIP, del Este provincial.
Según los considerandos del proyecto, por Ley 4.227 (de 1977), se dispuso la afectación de poco más de 500 hectáreas de terrenos fiscales a la creación de un Parque Industrial Provincial. Posteriormente, el Decreto Reglamentario estableció en su Artículo 6°, que las actividades a desarrollarse en el Parque serían las de industrias de transformación, de extracción y de fraccionamiento de productos hidrocarburados, sus industrias derivadas y/o complementarias y aquellas que procesen recursos naturales no renovables provenientes de industrias extractivas, metalúrgicas y/o químicas.
Hacia 1994 se sancionó la Ley 6.248 adhiriendo al régimen nacional establecido por la Ley N° 24.331 para la creación de una Zona Franca, a la que se le asignó en 1996, un predio de 150 hectáreas situado en el Parque Industrial Provincial en el Distrito Industrial de Perdriel, del Departamento de Luján de Cuyo.
“En marzo de 2011 con la sanción de la Ley N° 8.271 se desafectaron 100 hectáreas de las 150 originariamente afectadas a la instalación y funcionamiento de la Zona Franca de Mendoza, autorizándose al Poder Ejecutivo a destinarlas "al servicio del funcionamiento de la Zona de Actividades Logísticas, que contendrá la Zona Primaria Aduanera General, Servicios de Depósito General y Plazoleta Fiscal en la Zona Primaria Aduanera, conforme los requerimientos de cada proyecto"”, agrega la fundamentación.
Si bien el proyecto propone, entre otros aspectos, facilitar el desarrollo de esta Zona de Actividades Logísticas, también atañe a cuestiones vinculadas al desarrollo integral del sector. En ese sentido, contempla el instituto del fideicomiso como el idóneo para llevar adelante el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas mediante la afectación - como patrimonio fideicomitido - de los terrenos indicados en la Ley 8.271.
Es por ello que en el articulado del proyecto expresamente se autoriza al “Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Energía a transferir, a un fideicomiso creado o a crearse, los terrenos indicados en los Artículos 3 y 4 de la Ley N° 8271, para afectarlos al desarrollo total o parcial y la necesaria administración de la Zona de Actividades Logísticas, que contendrá la Zona Primaria Aduanera General, Servicios de Depósito General, Servicios de Transporte y de Almacenamiento General”.
Al mismo tiempo, indican los artículos que el fideicomiso deberá contratar la realización de un Masterplan de la Zona de Actividades Logísticas; establecer los requisitos y las formalidades que se deberán cumplir en forma previa al arrendamiento o venta de las fracciones del terreno; y arrendar o vender mediante el procedimiento de licitación pública, fracciones del terreno indicado en el artículo anterior con destino a la instalación de empresas de Servicios Logísticos.
Finalmente, se autoriza al Poder Ejecutivo “a aportar al Fideicomiso la suma de hasta pesos TREINTA MILLONES ($ 30.000.000)” a los fines de la confección del Masterplan mencionado que definirá la infraestructura y servicios necesarios.
En reuniones previas al tratamiento en recinto del proyecto, y con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, se resaltó la oportunidad que representa poder contar con parques interconectados de estas características en la provincia. Es, en definitiva, “la instalación de una plataforma logística” y el “incentivo a que se radiquen empresas en un entorno controlado como son estas cien hectáreas”, se señaló.
También, en aquella ocasión se indicó que a través de la Variante Palmira, podría “integrarse con el PASIP”, lo que permitirá “constituir un corredor logístico, para promover esta zona de actividades logísticas”. Así, añadieron, podría crearse una vinculación “como plataforma logística tanto para el comercio interior como para el comercio exterior” para las empresas ubicadas en zonas aledañas, y con un impacto positivo en materia de generación de empleo.
Asimismo, se indicó que sería “la oportunidad de contar con un área de servicios para transporte y transportistas”, y que “con la inauguración de la variante, se va a potenciar la logística industrial en Luján y otra asociada a la industria alimenticia e industrias limpias en San Martín”.
Debate
Durante la Sesión de Tablas, el miembro informante del proyecto fue el diputado Jorge López (UCR), titular de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios; quien indicó que al momento de concurrir a las comisiones que trabajaron en la iniciativa, “representantes del Ministerio de Economía nos dieron detalles de los alcances del proyecto y la visión estratégica de Mendoza y su posicionamiento en el Corredor Bioceánico, y la importancia que ello conlleva”.
A su vez, manifestó que la provincia de Mendoza viene realizando acciones para el desvío del tránsito pesado de las zonas urbanas, señalando al respecto que en promedio “1000 camiones por día transitan nuestra provincia con destino al Pacifico; y aproximadamente 100 camiones hacen operaciones en esta zona franca en Mendoza”. Una de esas acciones es la variante Palmira, otra el PASOP “y ahora el traslado a Luján de la zona franca sería una tercera acción para descongestionar el sector urbano del tránsito pesado”.
Para ello se prevé un fideicomiso y un Masterplan, indicó, “que permitirá diseñar y establecer cuál será el diseño para cada uno de los usos que necesitará esta zona aduanera”.
Por otra parte, López dijo que “un punto que ha quedado para una discusión a posteriori, pero que estaba contemplado originalmente en este proyecto de Ley, tiene que ver con los incentivos para la radicación de empresas en este nuevo lugar”, agregando en ese sentido que
“la decisión de postergar ese debate responde a dos cuestiones fundamentales: por un lado, cumplir con lo que establece nuestra Ley de Responsabilidad Fiscal y las reglas de finalización del mandato, y por otro lado, porque se va a avanzar en una visión más integral y que tiene que ver con crear una herramienta que no solamente esté pensada con la instalación de empresas en este parque industrial sino también que observemos a todo el Corredor Bioceánico desde Palmira hasta Luján, y por lo tanto los incentivos estarán ampliados no solamente para quien se instale en estas 100 hectáreas sino también para quien se instale en esta visión de corredor bioceánico”, finalizó.
Desde el bloque Protectora, José Luis Ramón adelanto su voto negativo. Se crean “fideicomisos, sociedades anónimas, instrumentos legales que luego es imposible controlar”, expresó.
El legislador ponderó al Parque Industrial y de Servicios Palmira (PASIP) porque “es un desarrollo importante de la zona Este”, aunque se mostró crítico con el aporte de recursos económicos al fideicomiso propuesto, y a “contratar una empresa para hacer un Masterplan”. En tanto Mercedes Llano (PD), adelantó su voto negativo afirmando que en primer lugar, “el gobierno tendría que enfocarse en concluir los infructuosos intentos de construcción de parques industriales que se han impulsado en la provincia”.
Asimismo opinó que el proyecto en tratamiento “desvirtúa la iniciativa original, que preveía un esquema de incentivos fiscales para el desarrollo de actividades logísticas”. Agregó que se están autorizando financiamientos a futuro de manera indefinida, y que no hay un Masterplan “para que sea un proyecto más serio”.
Por su parte, la diputada Laura Balsells Miró, manifestó el voto negativo a la propuesta y subrayó que “nosotros no vamos a acompañar porque creemos que este parque logístico va a perjudicar al PIM, Parque Industrial Municipal, a las empresas, a las industrias que allí se encuentran instaladas y a las que a futuro quieran instalarse, porque se van a encontrar en una situación de inequidad con respecto a los beneficios”.
Desde el Frente de Todos, Marisa Garnica, también manifestó su voto negativo. Destacó que en las comisiones se ha trabajado mucho en este tema, en las cuales hemos expresado las diferencias que tenemos con este proyecto.
“Hemos expresado que treinta millones de pesos para la elaboración de un Masterplan es un gasto innecesario del Poder Ejecutivo provincial cuando hay equipos profesionales en la función pública que perfectamente podrá llevarlo a cabo”, opinó.
Evelyn Pérez (UCR) por su parte, destacó que “estamos tratando un proyecto que cuenta con documentación, que se ha discutido, en el que se han aceptado consideraciones, y se ha estudiado y trabajado”. “Es un proyecto que busca impulsar la actividad productiva, desarrollar un Masterplan, generar espacios nuevos y dar otra impronta a nuestra provincia”.