La Cámara de Diputados envió en segunda revisión al Senado un proyecto por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional Lucio. La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara Alta, fue modificada en su paso por comisiones.

La pieza legislativa aprobada establece que “el Estado deberá gestionar la instrumentación de la historia clínica única respecto a niños, niñas y adolescentes menores de hasta 13 años -en los términos de lo previsto en la Sección 2ª del Capítulo 2 del Título I del Libro Primero del Código Civil y Comercial de la Nación-, sea a través de un sistema electrónico u otro viable, en efectores públicos de salud, comprometiendo a los privados, con fines de prevención, protección y cuidado.

Cuando el sistema esté operativo se deberá priorizar el establecimiento de alertas para la detección de situaciones de riesgo, entre otros desarrollos. Todo en el marco de lo dispuesto en el artículo 8º y cc de la Ley Nacional de Habeas Data Nº 25326”.

Ley Lucio

Asimismo se incorpora el artículo 7 ter a la Ley N° 9139, adhiriendo de este modo, a la Ley Nacional N° 27.709, “Ley Lucio de Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Para ello se establece “la capacitación obligatoria en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes y en la temática relativa al maltrato y la violencia infantil, para todas las personas que se desempeñen en la  función pública en todos sus niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia”.

“Serán destinatarios también las personas agentes municipales en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad competente.”

Las máximas autoridades de cada organismo son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones en su jurisdicción. El Estado deberá implementar capacitaciones de alcance general incluso para las personas no obligadas, así como implementar campañas de concientización y difusión en materia de buen trato y promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Por otra parte, otra de las modificaciones a la Ley 9139, indica que “las personas obligadas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en los artículos anteriores serán intimadas en forma fehaciente.

La inasistencia injustificada dará lugar al inmediato apercibimiento por parte del organismo competente y en caso de reiterancia, a la suspensión en el marco de lo dispuesto en la ley 9103.”

Finalmente dispone que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes en colaboración con el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) certificarán la adecuación de los programas de capacitación que elabore e implemente cada organismo obligado pudiendo hacer las sugerencias que estime pertinentes.

Debate

La diputada María José Sanz (UCR), indicó que “son muchas las personas, las instituciones, las organizaciones civiles, las ONGs, los legisladores y las legisladoras, que han venido pensando estrategias para bajar los índices de violencia y de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes”; y esto porque “son unos de los grupos sociales más desfavorecidos en esta posibilidad de poder alzar su voz para hacer ejercer sus derechos. Sus derechos que están contemplados en muchas leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales a los que nuestro país ha adherido”.

Agregó que “celebro la decisión del Senado de la provincia cuando avanzó en la acumulación y en el tratamiento conjunto de todos los expedientes vinculados a esta temática que había tanto en Diputados como en Senadores, y me parece importante porque había pedido e intenciones previas a la sanción de la Ley nacional (Lucio), otras posteriores, otras pidiendo la adhesión, pero había expedientes de todos los colores políticos, de todas las fuerzas que integran esta Cámara y la Cámara de Senadores”.

Al mismo tiempo, la diputada remarcó que Mendoza cuenta con legislación referida a la temática como la Ley 9139; que “sancionamos nosotros en esta Cámara”, y ponderó que ha sido “una ley que se trabajó en todo el territorio provincial, con los municipios, con las áreas de niñez, con los distintos organismos que trabajan la temática. Esta es la ley que regula el Régimen Jurídico de Protección de Personas Menores de Edad, y la Integración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Se logró una ley de muy buena calidad”.

Asimismo, ponderó que “el Estado deberá gestionar la implementación de una historia clínica única para niños, niñas y adolescentes de hasta 13 años, y esto es muy importante; porque en el caso puntual de Lucio (Dupuy), y esto no quiere decir que sea el único caso lamentablemente, Lucio en 3 meses visitó 5 centros de salud en la provincia de La Pampa. En todos los casos por distintos golpes, y estos centros de salud no tuvieron comunicación entre sí, no saltaron las alarmas”.

Finalmente, sostuvo que la aprobación de estas iniciativas “nos permite actuar antes de que las consecuencias sean peores. La detección de las situaciones de riesgo deben funcionar”.

En tanto, Sandra Astudillo (UCR), quien preside la comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, agradeció el trabajo realizado en esa dependencia “Hicimos despacho favorable y acompañamos la iniciativa en el Senado e hicimos los aportes. Teníamos varios proyectos en la comisión y los trabajamos de forma conjunta, y la verdad es que estamos seguros que poder prevenir es no lamentar lo que podemos evitar, alejando todo tipo de violencia física, psicológica y los abusos”.

“No debe haber más casos Lucio, debemos seguir protegiendo a niños, niñas y adolescentes para un futuro mejor”, acotó.

Durante el tratamiento en el recinto, Laura Balsells Miró (PRO), adelantó el voto positivo destacando que “apoyo este proyecto, lamentablemente hay tantos casos similares al de Lucio Dupuy, es muy triste saber que quien debía darle amor y protección perpetró hechos horrorosos”, y agregó que  “hablar del derecho infantil, de estos temas, es importante porque debemos hacer todo lo posible por evitar el maltrato y el abuso”.

“Este proyecto busca que tendremos la responsabilidad de saber cuáles son los derechos de los niños y ser guardianes de esto, de tener la responsabilidad de capacitarnos”, destacó la legisladora.

Enrique Thomas (PRO), afirmó por su parte que “tuvimos una reunión en esta Legislatura con el abuelo de Lucio Dupuy, surgió la necesidad de ponernos de acuerdo y llegar a la media sanción de senadores y al tratamiento hoy de esta cámara, sin ninguna grieta”.

Asimismo recalcó que “los abuelos de Lucio van por el país, buscando que las provincias adhieran a esta ley, hoy existen 11 provincias, nos sumaremos en la lucha para evitar el maltrato infantil”.

“No hemos podido evitar algunas situaciones extremas, esta adhesión agrega una herramienta más, pero si no tenemos un compromiso real de la sociedad, si todos no nos sentimos responsables, no habrá grandes cambios”, consideró Thomas.

Gustavo Cairo (PRO), a su turno, opinó que “estos cursos de capacitación sirven si se les va a dar la profundidad necesaria, basada en la Constitución Nacional”, a lo que agregó que “me sumo a los legisladores que se han expresado, creo que estamos ante la oportunidad de sumar una herramienta para tratar el caso de muchos niños que sufren violencia en nuestro país”

Daniela García (UCR), afirmó que “estamos tratando la prevención del maltrato, que no se den casos de vulneración de derechos de los niños”, “tenemos que ver de qué manera vamos a garantizar con una práctica preventiva, real, que no sea objetable y además que sea verificable, que permita sanción a quien no haga esa capacitación”.  

Germán Gómez (FdT), remarcó que  “este es un proyecto muy importante,  es un tema muy delicado, y merece que se trate con suma responsabilidad y seriedad”.