El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, presentó ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras legislativas, los alcances del Presupuesto previsto  para el año entrante. El encuentro fue presidido por Jorge López (UCR), presidente de la comisión de Hacienda de Diputados, quien estuvo acompañado por su par del Senado, Ángela Floridia (UCR), y la Presidenta Provisional del Senado, Natacha Eisenchlas.

Garay presentó los números proyectados para 2024 y se explayó sobre lo realizado en el año en curso. “En cuanto a la ejecución del presupuesto 2023, hemos marcado la línea que se venía sosteniendo en la política de la Corte, que es aumentar la calidad de la inversión en Bienes y Servicios por sobre los gastos corrientes”, sostuvo.

En ese sentido, hizo hincapié en lo invertido en infraestructura edilicia y tecnológica, sobre todo en cuanto a seguridad informática, aspecto sobre el que adelantó que se proyecta la  compra de un sistema antivirus interno de correos. En cuanto a lo proyectado de ejecución presupuestaria 2023, estimó que será del 82% señalando que el resto, “no es que nos falta sino que se caen las licitaciones por falta de precios”.

Para el 2024, el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia contempla 64 mil millones de pesos, “un 4% menos de lo que habíamos previsto”, dijo Garay, quien añadió que estiman alrededor de 600 millones de pesos en concepto de remanentes entre febrero y marzo.

“Las principales inversiones en materia edilicia han sido estos 666 millones de pesos que han estado vinculados a refacciones en todos los edificios del Poder Judicial. En Infraestructura Tecnológica hemos hecho una inversión, como habíamos proyectado, de más de 500 millones de pesos y que gran parte de esa inversión ha estado vinculada con desarrollos y con inversiones en seguridad informática, porque el Poder Judicial ha migrado todo su sistema de litigación a un sistema online, lo cual ha generado la posibilidad de tener mayor vulnerabilidad”, expresó.

Identificó como problema otro tema que es “la contratación de cuestiones que están vinculadas al soft, que cuando nosotros aplicamos la Ley de Administración Financiera, nos sale mucho más caro de lo que nos saldría comprarlo directamente”. Pone el ejemplo de la compra de Windows que tiene un precio para toda Latinoamérica “lo compre quien lo compre” pero que si se realiza una licitación pública, se paga por el subsidiario “que nos cobra por la intermediación”. Por lo tanto, propone que se “dé una vuelta de rosca” y se pueda en ciertos casos, hacer compras directas con precios casi idénticos a los oficiales. En esa línea, expuso “ver cómo podemos tener un sistema de contratación más flexible que nos permita como Estado ser competitivos a la hora de comprar”.

En términos generales, Garay manifestó que el presupuesto del Poder Judicial representa un 3.18% del presupuesto provincial, mientras que para el año 2023 fue del 2.6%; aunque aquí tiene incidencia también la inflación, entre otros factores, según expresó. Algo que eleva el primer número es también que se incorporan los depósitos judiciales “cargados como un crédito” en el presupuesto y por ello también “se aumenta la participación”, explicó. 

En lo concerniente a la proyección sobre necesidad de personal, destacó que este año se ha puesto en marcha el Juzgado de Familia de Lavalle, el Registro Provincial de Adopciones en toda la provincia y la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad también en todo el territorio, con lo que hubo que realizar una reorganización del personal porque “son todas leyes aprobadas por la Legislatura que no tenían partida de personal”.

“Vamos a seguir refuncionalizando la planta de personal, pero estamos viendo la necesidad de reforzar en el Sistema de Violencia en el fuero de Familia en la tarde”, porque hoy en algunos casos “están desbordados”; en el Fuero Penal, “necesitamos más gente para audiencias, al igual que  en el Sistema Contravencional”, teniendo en cuenta el lugar, “y en la oralidad en el fuero Laboral y Civil”.

En ese marco, dijo que este año, por el nuevo concurso “que terminó ahora, exitosamente, se publica mañana el listado para empezar los psicofísicos, tenemos cien ingresos congelados que son los que vamos a tratar de cubrir desde de diciembre”.

En cuanto al plan de inversión, lo dividió en gastos de funcionamiento, tecnología y obra pública. “Terminamos la disminución en los alquileres, eso ha impactado en casi 41 millones de pesos menos en toda la provincia, nos está quedando un solo inmueble”, algo que fue posible por la refuncionalización de los edificios, manifestó.

Por otra parte, resaltó que están terminando la aplicación móvil para abogados, cuya virtud es que ya no tendrán que entrar a tres sistemas distintos sino que con un solo login “van a tener todo el sistema de litigación ahí, incluidos demandas, escritos”. Se hizo con una locación de obra estará a prueba en noviembre para que esté disponible en diciembre o principios del año que viene.

También ponderó la firma digital ciudadana, “estamos creando un sistema en donde cualquier persona podrá ingresar a nuestra plataforma con una firma electrónica robusta, no es firma digital porque no tiene validación de Token, sino que valida ante el RENAPER la identidad y puede firmar” y luego pueda subir el escrito a los sistemas. Igualmente, puso en valor la plataforma para convenios en el Fuero Laboral, “que ahorra tiempo de procesamiento”.

Otro aspecto destacado por el magistrado es la gestión de turnos de la línea 160, “que funciona muy bien”, “de 36 abogados ad hoc hoy hay cien. Les paga la Corte y lo representa hasta la instancia final. El que necesita un abogado llama al 160 y al reclamo lo cierra el abogado”.

Asimismo, el tablero de comandos, que permite ver “qué pasa con los tribunales, cuánto demoran, qué sentencias sacan”, etc. “Es el dato duro”, sostuvo, “que nos permite tener herramientas para la toma de decisiones y el año que viene queremos empezar a publicar en datos abiertos”.

En relación a la inversión en seguridad informática más de 100 millones de pesos se necesitarán para 2024.

En lo que hace a obra pública, destacó el centro cívico de Tunuyán; el juzgado de Paz y Familia de Lavalle “que estamos trabajando con el CONICET en un edificio sustentable que nos permita un desarrollo modular”; también “estamos trabajando en la ampliación del juzgado de Familia en Las Heras”; el de Maipú, también se pretende reformular para mayor comodidad, y en General Alvear, unificar las dependencias judiciales tanto de la Defensa como del Ministerio Público Fiscal.

Se prevén además 1.300 millones de inversión en licencias, monitores, mobiliario y equipamiento en general.