La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, presentó ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras, el presupuesto previsto para el organismo para 2024. Este órgano técnico e independiente con autonomía funcional, financiera y presupuestaria, presentó una  pauta para el año entrante de $74.656.165, que representa el 0.0037% del presupuesto total de la provincia.

Esta repartición está dividido en la Dirección de Registro de Informática, Dirección de Investigaciones Administrativas y Subdirección de Acceso a la Información Pública.

El responsable de la Auditoria de Ética Pública, Gabriel Balsells Miró, expresó  que “tomamos estas reuniones, no sólo como presentación de presupuesto, sino también como una rendición de cuentas, porque es importante mostrar los avances que ha tenido esta oficina de ética pública, que ha sido creada hace 5 años”.

El funcionario explicó que el organismo a su cargo “funciona como unidad de gestión en Senado, es un organismo técnico independiente“ y agradeció en ese sentido a la Vicegobernación “por su constante apoyo”.

Informó que la Dirección de Registro e Informática, es el área que se encarga de sistematizar y actualizar el padrón de los sujetos obligados a presentar declaraciones juradas, como también fichas limpias y obsequios a funcionarios públicos. Al respecto, explicó que  se cuenta con un total de 6.386 declaraciones juradas de sujetos obligados. En la discriminación cuantitativa indicó que al  Poder Ejecutivo corresponden 1.924; el Poder Judicial con 1.814; Municipalidades  1.064; Gremios y Sindicatos  282; Poder Legislativo  127; Organismos de Control  73; Funcionarios con Mandato Cumplido  1102; Proveedores, que superan las 60 contrataciones directas,  412; Encargados de Padrón   83; Informantes Sumariales  81 y Fichas Limpias 614.

En este sentido aclaró que Mendoza “es la única provincia que registra a los tres Poderes y a las entidades autárquicas, a los municipios y a los Concejos Deliberantes”.

Balsells Miró planteó además, como desafío para el 2024  de la Dirección de Registro de Informática, la “actualización de los sistemas de carga y sus motores de búsqueda, con el objetivo de lograr una interfaz más eficiente, amigable, intuitiva y precisa para quien deba operarlo como usuario; y que otorgue nuevos recursos de trazabilidad y control de la información”. Aseguró que hay “un permanente monitoreo y trabajo en este sentido”.

En cuanto al  trabajo que se hace a través de la Dirección de Investigaciones Administrativas, aseguró que se “aplica un fuerte criterio preventivo en la instrucción y seguimiento de control del universo de causas, con dinámicas de monitoreo presumarial y de oficio” y que han sido emitidos 926 dictámenes durante los cinco años de gestión del organismo a la fecha, por esta área específica.

Para el año 2024, Balsells Miró  indicó que aspira a la puesta en marcha de una “campaña de divulgación Sector Público con  estándares de actuación orientados a materializar objetivos y contenidos, acordes a lo establecido por  la Convención Interamericana de Lucha contra la corrupción”.

Con respecto a la Subdirección de Acceso a la información Pública hizo un reconocimiento  a organismos públicos y municipios que “han ido mejorando el acceso a la información pública a través de sus páginas web, con la mejora de las formas de publicar las licitaciones públicas, cómo se adjudican, entre otras cosas, que hemos ido pidiendo contantemente, y que nuestros funcionarios monitorean constantemente”.

Según los datos suministrados por el funcionario, en 2023 llegaron 857 pedidos de información, fueron respondidos 776, lo que representa una tasa efectiva de respuesta del 90%.

Realizó un comparativo histórico desde 2018 al 2023, dando como dato que en ese período se efectuaron 4.086 pedidos de información pública y la tasa de respuesta a los mismos alcanzó el 97% en estos cinco años.

El funcionario esbozó, finalmente, las metas para el área a su cargo para 2024 que consisten en el relanzamiento del Plan de Capacitación permanente, a partir de las nuevas gestiones Provinciales y Municipales, que implican cambios de Funcionarios Garantes. Incrementar el grado de adhesión específica de Concejos Deliberantes. La incorporación de software específico para generación de contenidos que responda a condiciones de accesibilidad. Fortalecer y sistematizar las instancias de auditoría sobre transparencia activa.

Sintetizó, en esta línea que “lo que queremos lograr es la cultura  de la transparencia, por lo que hemos hecho asociaciones con Universidades y otros organismos. Tratamos de ser austeros y de dar ejemplo con acciones que sostengan la convicción de que es posible tener un Estado transparente”.