Incluye a quienes estén comprendidos en el artículo 2°de la Ley 8182, es decir, deudores hipotecarios inscriptos en el Registro elaborado por el Poder Ejecutivo, el Movimiento de Defensa de la Vivienda Familiar y la Comisión de Seguimiento de Deudores Hipotecarios, el cual abarca a los deudores de los ex Bancos de Mendoza y de Previsión Social cuyos mutuos se hallen en poder de Seguro de Depósito S.A. (SEDESA), y a todos los deudores del sistema financiero y/o privados, que se encuentren comprendidos en el mismo.
La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se suspende todo trámite de ejecución de sentencias que recaiga sobre las deudas hipotecarias cuyos titulares estén comprendidos por el artículo 2° de la Ley 8182, hasta el 31 de diciembre de 2024.
Según establece la normativa, estos deudores no están obligados a la realización de ningún trámite administrativo ante el Poder Ejecutivo o Judicial.
Cabe recordar que el artículo 2°de la Ley 8182, hace referencia a deudores hipotecarios inscriptos en el Registro elaborado por el Poder Ejecutivo, el Movimiento de Defensa de la Vivienda Familiar y la Comisión de Seguimiento de Deudores Hipotecarios, el cual abarca a los deudores de los ex Bancos de Mendoza y de Previsión Social cuyos mutuos se hallen en poder de Seguro de Depósito S.A. (SEDESA), y a todos los deudores del sistema financiero y/o privados, que se encuentren comprendidos en el mismo.
En la fundamentación del proyecto remitido por el Senado, se señala que “la situación de quienes suscribieron hipotecas con objeto de vivienda única familiar, luego de la crisis del 2001, se vieron imposibilitados de hacer frente a esas obligaciones asumidas y por ello se genera un conflicto que promueve la preocupación legislativa”.
En consecuencia, agrega el texto, “se promulgaron numerosas normas para la protección de derechos. En Mendoza se sancionaron la§ leyes 8005 y 8182, que establecieron métodos de acción y prioridad para la salvaguarda de aquellos deudores hipotecarios que, superados por razones económicas y el devenir de los juicios tuvieron la oportunidad de ser alcanzados con la protección debida”.
En la Ley 8182, que comprende a los deudores hipotecarios, “en su artículo 3 determina la suspensión de todo trámite de ejecución de sentencias que recaigan sobre las deudas hipotecarias por el término de trescientos sesenta y cinco días corridos a partir de la fecha de promulgación de aquella Ley. La Legislatura de Mendoza ha ido prorrogando dicha prerrogativa de manera sucesiva y sin interrupción a través de distintas leyes”, por lo que en esta oportunidad, lo que se pretende es “darle continuidad a dicho beneficio para los deudores hipotecarios y prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2024”
Debate
Jorge López (UCR), explicó al respecto que “este proyecto de Ley lo tratamos todos los años”, fundamentando en ese sentido que “en 2001 se produjo un desfasaje y con el fin de que estos mendocinos no perdieran su casa es que esta Legislatura, desde 2008 fue paulatinamente suspendiendo los trámites de ejecución. Esta suspensión es por el lapso de un año, estos deudores no están obligados a hacer ningún trámite”.
Por su parte, Edgardo Civit (PdJ-LUM), sostuvo que “este no es un tema menor, esto es prorrogar algo que no debería existir en Argentina que es el sistema indexatorio. No existe en ningún país del mundo. Arranca el problema en 2001, pero el tema es más viejo. El problema no radica en cambiar de índice, o de acreedor, sino que es la indexación”.
Mauro Giambastiani (PV), dijo asimismo que “estamos a favor de las medidas que cuiden el hogar de las familias, todo aquello tiene que ser una política de Estado. Hay deudas que no se van a poder terminar de pagar. En 2016 comenzaron con un UVA que valía 14 pesos y se encuentran con un UVA que vale 435,50 pesos. Imagínense, no hay bolsillo que aguante.
También Alberto López (UCR), manifestó que “estamos votando una Ley parche que no trae una solución completa. Esta cámara debería avocarse a tratar una solución definitiva para estos casos”.
A su turno, Germán Gómez (PJ), expuso que “frente a esta situación deberíamos generar una solución definitiva a estos deudores. Amerita que podamos trabajar en un proyecto en este sentido, para que no estén estos deudores ante este tipo de postergaciones”. En el mismo sentido, Verónica Valverde anticipó que “apoyamos el proyecto y auguramos que se dé una solución definitiva y que las personas que están afectadas no vivan con el corazón en la boca”.
Desde JxL-LUM, Gustavo Cairo expresó que “este tema está sobre las espaldas de los mendocinos, pero el problema de fondo es la inflación. Este es uno de los problemas que genera la inflación. Es imposible pagar las cuotas de esos créditos porque nos hemos empobrecido”.
Gabriela Lizana (FRMLN), destacó que “hay que entender que cuando se toma un crédito en el banco se firma un contrato de adhesión. Hoy tenemos causas que tendrán consecuencias también”.
José Luis Ramón (Protectora), subrayó en el recinto que “acá no se trata de contratos, sino se trata de una relación de consumo, donde todo el sistema debe sostener y asegurar el acceso al crédito. Lo que hay que tratar es de resolver el problema que tienen los deudores”, mientras que Emanuel Fugazzotto (PV) dijo que “la vivienda está en juego. No hablemos de la inflación de manera libre, hay que hablar con seriedad porque la inflación le está matando el bolsillo de la gente”, y Jorge Difonso (LUM), sumó que “para poner foco en este tema quedamos en una postura muy concreta que la expreso Civit Evans, haciendo referencia histórica para resolver un problema concreto. Espero que lo hagamos en algún momento porque se requiere una solución definitiva”.