Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Janina Ortiz (LUM), que había sido solicitado por la justicia a través de dos expedientes remitidos al Cuerpo legislativo. El mismo fue aprobado por cuarenta y cinco votos afirmativos y tres ausentes.
Las presentaciones fueron realizadas por el fiscal Flavio D´Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción Nro 7, y la fiscal Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción Nro 32. Por ambas causas, los letrados pedían a la Cámara el desafuero de la diputada.
Los pedidos de desafuero se referencian en el marco de la investigación por “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad de Administración infiel, previsto y sancionado por los Arts. 174 inc 5° en función del Art. 173 inc 7° del C.P., “atribuible prima facie - en carácter de coautora - a la ciudadana Janina Ortiz Occhiero”, y en otro orden, la titular de la Fiscalía de Instrucción Nro 32 de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, Patricia Atur, que hizo lo propio en relación a la investigación que se lleva adelante por los delitos de “coacciones, injusto previsto y sancionado por el art. 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal, atribuible prima facie a la ciudadana Janina Ortiz Occhiero”.
El tema fue analizado por la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, cuyos integrantes, tras haber analizado las solicitudes y luego de escuchar la semana pasada el descargo formulado por Ortiz, procedieron ayer a emitir dictamen. Resultó un despacho de mayoría y otro de minoría que llevaba la firma de Gustavo Cairo y Laura Balsells Miró (JxL-LUM), que finalmente durante la sesión, fue retirado de su puesta a consideración.
Además del desafuero, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 167° de la Constitución provincial y a efectos de “proseguir la causa conforme a lo prescripto en el artículo 16° del Código Procesal Penal”, el despacho aprobado en la sesión prevé que “en virtud de lo dispuesto en los artículos que anteceden, los hechos descriptos y la conducta desplegada por la diputada, cuyo desafuero se aprueba, por Dirección de Comisiones, cítese a la diputada Janina Ortiz a efectos de ejercer su derecho de defensa respecto a esas conductas y sanción que podría corresponder en orden a lo enunciado en el artículo 167 y 91 de la Constitución de Mendoza”.
Debate
Franco Ambrosini (UCR), presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, expresó al respecto que “es una cuestión de profunda relevancia institucional, un desafuero no es cosa de todos los días, y las dos causas penales que se están investigando tampoco lo son; estos temas tocan la fibra más profunda de una sociedad que proyecta a construirse en igualdad, libertad y transparencia”. “Hay dos causas que investigan a la diputada Janina Ortiz, una de las causas es por coacciones y la otra causa es por administración fraudulenta en modo infiel. Hoy como cuerpo colegiado, estamos en una posición: o le damos la espalda a la justicia y no permitimos que se investigue o permitimos que se realicen todas las investigaciones y continúe la causa”.
Por otro lado, indicó que “por el artículo 96° de la Constitución Provincial las inmunidades las tenemos todos los que estamos en este recinto desde el momento de nuestra elección hasta el cese de nuestra función, y aquí hay que distinguir entre el desafuero provincial y el desafuero nacional. El desafuero nacional, habla de inmunidad de arresto, y el desafuero provincial habla de inmunidad de proceso, son cosas distintas. En la Nación, se puede avanzar en la causa, se puede imputar, se ´puede investigar y en el momento que se pide el desafuero se puede arrestar, a diferencia de la Constitución Provincial. Aquí el Fiscal puede realizar todos los actos probatorios, conservatorios, puede tomar declaración y en caso que el Fiscal considere pertinente que tiene que avanzar en la investigación penal, va a tener que hacer un pedido de desafuero al órgano legislativo, y ese pedido tiene que contener la fundamentación y el acompañamiento de todas las actuaciones existentes, y es donde nos encontramos hoy, el fiscal pidió el desafuero, se cumplió con todas las prerrogativas”.
“El desafuero en Mendoza es el sometimiento de un diputado o diputada a la justicia como lo haría cualquier ciudadano, eliminando el valladar que imponen las inmunidades”, agregó.
También sostuvo que “se ha dado complimiento con todos los recaudos, formales y sustanciales. Fiscalía presentó las actuaciones, fueron tratadas en comisión donde se dieron mayores garantías que las que establece el Reglamento, porque se le permitió a la diputada Ortiz que se presente a la comisión y haga uso de su defensa y no solamente a ella, sino que se permitió que su abogada hiciera la defensa técnica”.
“Cuando vino la diputada Ortiz a la comisión afirmó que estaba a disposición de la Justicia, pero cuando va a la parte penal se ampara en sus fueros, garantías constitucionales que las tiene, y presentó todas las defensas técnicas que por derecho corresponde. Pero acá no hay grises: o se está a disposición de la justicia o no se está, en eso tenemos que ser claros”, apuntó.
Finalmente, aclaró que “acá no se está juzgando sobre la culpabilidad o no de la diputada Ortiz, lo único que tenemos que evaluar es que no hayan arbitrariedades y mantener la independencia de los poderes”.
Gustavo Cairo (LUM), en tanto, afirmó que “en función de la nota presentada esta mañana por la diputada Ortiz, que se ha acumulado al expediente, solicitamos retirar el dictamen de minoría que casi devendría abstracto, porque no obstante el despacho de mayoría va en el mismo sentido planteando que es el sometimiento a la justica, la diputada se ha presentada en ambas causas y siendo que la voluntad de la diputada es que la justicia avance, retiramos el despacho de minoría”.
A su turno Verónica Valverde (FdT), subrayó que “los fueros son de las Cámaras legislativas y sirven poder emitir opiniones políticas con libertad. Esos fueros no permitirían la consecución de un proceso judicial”.
De igual manera opinó que “tenemos dos causas de dos fiscales diferentes, no se habla de la legalidad sino de la legitimidad, consideramos que la Cámara tiene que tener legitimidad y el respeto que merece. La diputada podrá defenderse, mostrar su inocencia, aportar las pruebas. Sólo pedimos el desafuero para que la justicia actúe”.
“En los tiempos que corren, donde la política está en tela de juicio y la legitimidad de un poder del Estado como el Legislativo, queremos que esta Cámara vuelva a tener esa legitimidad y el respeto que merece. Queremos llevarle la seguridad de que no somos una casta, que no nos amparamos en fueros”, concluyó.
En el mismo sentido su par de bancada, Gabriela Lizana (FRLN) apoyó las declaraciones de todos los legisladores que se expresaron en el recinto.
Emanuel Fugazzotto (PV) dijo al respecto que “entiendo que esta es una situación especuladora, en estas tres semanas hemos visto artilugios legales. Con la cantidad de problemas que tiene Mendoza, la diputada Ortiz jugo con el tiempo de los mendocinos”.
“Acá no decimos que Ortiz es culpable, estamos planteando que estas dos investigaciones comenzaron por motivos previos a que ella fuera legisladora”, subrayó y agregó que “nosotros no podemos decirle a la ciudadanía que vamos a impedir el accionar de la justicia. Nosotros no evaluamos situaciones jurídicas, sino decir como Cuerpo a la ciudadanía que dejamos trabajar a la justicia como debe”. De igual manera indicó que “la diputada Ortiz podrá ejercer su defensa”.
Daniel Llaver (UCR), aseguró que “lo correcto es que pueda ser juzgada como cualquier ciudadano, la sociedad nos pide transparencia” y proceder al desafuero, “nos hace bien como institución”.
En la misma línea, Evelin Pérez (UCR) y Silvina Gómez (UCR), opinaron que “la diputada Ortiz expuso a su propio bloque y nos hizo perder tiempo, se podría haber evitado esta situación de tres semanas, y el descreimiento de los ciudadanos a la clase política. Estamos acá trabajando para el bien común, sin duda la culpabilidad o la inocencia la dará la justicia”.
En el mismo sentido se expresó Sol Salinas (PRO), quien dijo que “Ortiz ha logrado que nos sintamos mal discutiendo esos temas, me apena cómo Ortiz ha dejado expuesto a sus pares de bloque que la defendieron. Me gustaría que esté sentada en esta banca dando explicaciones”. “Hubiese querido que Ortiz hiciera economía procesal y demostrar que cualquiera de nosotros tenemos que ponernos a disposición de la justicia para que investigue”, añadió.
Enrique Thomas (PRO), expuso que “todos los involucrados están imputados salvo la diputada Ortiz”.
“Decimos que argumentó nulidades chicanas”, dijo, subrayando que “quiere ser informada no imputada, como si sólo fuera un testigo de la causa. Plantea la excepción por inmunidad parlamentaria, cuando en la comisión dijo estar a disposición”.
Tras hacer referencia a las causas por las que se solicitaron los desafueros, manifestó que “la ausencia de la diputada Ortiz en este recinto es absolutamente demostrativa de cómo vamos a terminar esta situación, y tiene que terminar acá, con el desafuero. Tenemos que dar el mensaje claro de que no vamos a ser cómplices de ninguna manera, de estas situaciones. Nunca los fueros fueron imaginados para defenderse de este tipo de circunstancias, sino que fueron pensados para que tengamos libertad de expresión”.