En el Salón de los Diputados, se realizó hoy la reunión plenaria de las Comisiones de Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Social, presididas por José Luis Ramón (Protectora) y Stella Maris Huczak (JxL-LUM), respectivamente. El objetivo del encuentro fue analizar un proyecto de Declaración de Gustavo Cairo (JxL-LUM) referido a los planes sociales otorgados a extranjeros por parte del gobierno nacional.

Tras el debate entre los legisladores presentes, se pusieron a consideración dos despachos, uno solicitando el archivo del proyecto y otro de mayoría, que resultó aprobado, por el cual se solicita al Ministerio de Capital Humano informe sobre la cantidad y tipo de beneficios sociales (planes) existentes en la actualidad en la República Argentina en general y en Mendoza, en particular en cada Departamento; cantidad de beneficiarios de la seguridad social que estén otorgados en la provincia de Mendoza; cuántos de ellos tiene como beneficiarios a extranjeros; metodología de control de los requisitos formales y sustanciales de estos beneficios, Indicando  resultados obtenidos, y el  importe de los mismos e incidencia en el presupuesto nacional.

Antes de la decisión final los diputados de ambas comisiones, escucharon la opinión sobre el Proyecto por parte del académico  Agustín Salvia, Investigador UBA-CONICET  y  Director del Observatorio de la Deuda Social Argentina-UCA, convocado con la finalidad de profundizar sobre aspectos relacionados al impacto de los migrantes en los últimos años en nuestro país.

El profesional señaló  que “este tema es particularmente sensible, ha sido objeto de debate” y que “hay que entender que es parte de un debate global que surge de un proceso migratorio global, se ha constituido en un tema de agenda en la región latinoamericana después de la ida de los venezolanos de su país de origen”.

Destacó que en Argentina “somos entre 45 a 46millones de personas y de ese número el  4,5% son migrantes extranjeros”, agregando que “parte son migrantes latinoamericanos, y pocos no tienen residencia legal“, no obstante,  estimó que “150 mil podrían tener una situación irregular, situación que por otra parte, se da también en la ola de migrantes europeos que hemos tenido últimamente”.

Salvia indicó que “en Argentina hay 4 millones de receptores directos de estos planes sociales, de los distintos programas, el 25 por ciento de la población está recibiendo algún tipo de asignación y de esa población de 4 millones de receptores, el 6 por ciento son de migrantes extranjeros, 240 mil beneficiarios, de los cuales el 80 por ciento de esta cifra no nació en Argentina pero se crio en Argentina, entonces serian apenas 50 mil que tienen residencia menor a cinco años, muchos lo reciben por sus hijos que son argentinos”, informó.

Aseguró que “Argentina no está teniendo un problema del  que sean parte  los migrantes, ya que cuando se analiza el problema, el problema es la desorganización que tienen estos planes sociales, tiene un descalabro organizativo, hay filtros con manipulación política, el problema está en el sistema que debería ser reformulado, aquello que queremos priorizar”, dando como ejemplo “los primeros mil días tendrían que ser una prioridad. La escuela primaria se ha convertido en comedores sociales. Podríamos poder proveer a los adolescentes una formación laboral. No hay primer empleo. Hay mucho por hacer”, subrayó.

Al referirse al programa  Potenciar Trabajo manifestó que “tiene irregularidades, tiene que ser de cobertura municipal o provincial, debe salirse de la esfera política, debería haber una política de fortalecimiento para preparar para el trabajo. Cuando analizamos esto la población migrante tiene la mitad de la tasa de seguro de desempleo. La población migrante tiene más trabajo informal y está sobre ocupada, son los migrantes los que construyen un valor agregado al país, contribuyendo con sus impuestos y realizando los trabajos que argentinos no desean hacer”, alegó.

A su juicio “hay un sistema gratuito de salud y  educativo que   hace de incentivo para la migración de estos últimos 30 años. Se intensifica en los 90. La recepción de extranjeros ha sido abierta pero tenemos que tener en cuenta que hay una demanda en los servicios públicos que incentiva el mejor vivir en Argentina. Los planes sociales son raquíticos en nuestro país. Se quedan en Argentina porque acá reciben una calidad de vida comparativamente mejor”, asegurando que “no aportan a la pobreza, dada la intensidad laboral de esos trabajadores aportan al alivio de la pobreza, crea establecimientos, aumentan la productividad”.

Salvia  dijo que “en mi hipótesis hay que desmitificar esta agenda. Los extranjeros no son víctimas de la sociedad argentina, conviven en el espacio público”, aunque consideró que “en el conurbano bonaerense, villas y asentamientos son mayormente pobladas por  migrantes”.

Respeto a los inmigrantes que no son residentes argentinos “no deberían poder acceder a los sistemas de salud y educativos, porque allí si estaríamos siendo muy permisivos”.

Al referirse a los trabajadores temporales que vienen de países limítrofes Salvia agregó que “el problema no son ellos, el problema es nuestro, Argentina no tiene trabajadores que hagan esos trabajos como la zafra, hay que pensar que hay circuitos laborales que hay que trabajar, el empleador debería proveerle de alojamiento, salud. Falla la norma en exigir al empleador que se ocupe de cubrir las necesidades de estos migrantes. Tenemos un déficit de calificaciones en lo técnico, nos falta recurso humano, necesitamos migrantes que se promueva el trabajo, no se trata de prohibiciones sino de incentivos”.

Por su parte, el diputado Cairo planteó que “Argentina debe dejar de alentar la pobreza, de dejar de ser una máquina de reproducir pobreza, en ningún país se dan planes sociales a las personas que vienen de otros países”.