{mosimage} La Comisión de Derechos y Garantías recibió a representantes de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud -AMPROS- con el objeto de analizar observaciones y aportes relacionados con la aplicación de la Ley de protección a la niñez y adolescencia.
Consideraron que debería elaborarse un manual de procedimiento para saber cómo proceder para "no llegar a judicializar la pobreza, como es intención de la ley" pero, a la vez, evitar "desjudicializar el delito". Es decir, en el caso de los profesionales de la salud y ante casos de maltrato, adicciones y abusos saber a dónde recurrir o derivar la situación. Los legisladores manifestaron que ante la evidencia de un delito inmediatamente debería denunciarse a la Justicia.
Presidió el encuentro el titular de la Comisión, Ricardo Puga (PIM), acompañado por los diputados Jorge Serrano (UCR), Daniel Ortiz (CC) y Gabriela Sánchez (Peronismo en la Concertación). Por AMPROS intervino la titular, doctora María Isabel Del Pópolo y una fonoaudióloga.
Las profesionales manifestaron que la toma de decisiones recae en psicólogos, trabajadores sociales o médicos, entre otros, con una responsabilidad que no es de su competencia y no saben a dónde recurrir para que intervengan otros actores públicos para asistir en situaciones complejas.
Manifestaron que el Estado cuenta con algunos programas sociales para asistir a niños/jóvenes, de 8 a 18 años, pero aún no se han conformado las redes necesarias par lograr la protección integral de los derechos de niños y adolescentes; como así también descomprimir el sistema judicial, objetivos fundamentales del instrumento legal en cuestión.
La diputada Sánchez señaló que en Guaymallén se ha puesto en funcionamiento un organismo mixto para que interactúen las organizaciones sociales civiles y el Municipio en pos de la protección de niños y adolescentes y constatación de maltrato de todo tipo, mientras se instrumenta un procedimiento que logre el abordaje integral del problema que presenta.
AMPROS, organismo gremial solicitó también la consideración de los profesionales que actúan en este campo social para preservar su responsabilidad profesional y tener claros límites para diferencia un procedimiento administrativo del judicial propiamente dicho, en el caso de delitos.
Los miembros de la Comisión se comprometieron a citar a funcionarios del Ejecutivo y del Judicial, en una reunión conjunta, para lograr una eficiente aplicación de la ley cuyo espíritu intenta mejorar el abordaje integral de niños y adolescentes.