Las iniciativas son impulsadas por Gustavo Cairo (JxC-LUM), quien promueve modificaciones tanto para conductores profesionales como de no profesionales.

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Franco Ambrosini (UCR), inició el tratamiento de diversos proyectos que apuntan a introducir cambios en la Ley 9024, en lo concerniente a las licencias de conducir.

Para ello, recibió al abogado Rubén Sanzone y al diputado Edgardo Civit (Partido de los Jubilados – LUM), quienes expresaron su opinión al respecto.

En líneas generales los invitados hicieron hincapié en lo que sucede con las licencias para personas mayores. “Debemos hablar que lo que está pasando, hay que imaginarlo en el futuro y cómo lo vamos a pensar. La vejez no es una enfermedad, es otra oportunidad. Tenemos que pensar en la seguridad pública, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la estadística la hacen las compañías de seguro, que todo el mundo paga, y el índice de siniestralidad es bajo y es la mejor prueba. En Noruega te dan el carnet de conductor de por vida, por supuesto que no es el mismo contexto. Pero hay cierto grado de discriminación y estas cosas ameritan revaluar esta situación”, indicó Sanzone.

En ese sentido, Civit, quien preside el Partido de los Jubilados, expuso que “en nuestro caso, las personas que hemos superado cierta edad, la renovación es anual, lo que implica hacerse análisis, estudios del corazón, etc. La mayoría tiene PAMI , dan los turnos para 20 ó 25 días, y uno tiene que prever que coincidan las fechas, y luego peregrinar para sacar la licencia. Es una pérdida de tiempo que no se explica. No pretendo que haya un beneficio especial para las personas mayores, sino que al menos se haga lo mismo que en los países desarrollados. Nosotros somos el único país en donde la renovación es anual”.

Precisamente, uno de los proyectos analizados por la comisión sugiere incorporar el Artículo 22 bis a la Ley de Tránsito de Mendoza, estableciendo que “las licencias de conducir otorgadas en el ámbito de la Provincia de Mendoza para conductores no profesionales” de hasta 65 años, tengan una vigencia de 10 años; entre los 66 y hasta 75 años, de 5 años, ya partir de esa edad, una vigencia de 3 años.

En tanto, como el Artículo 22 ter, promueve como requisitos para la renovación, que no haya transcurrido más de un año desde su vencimiento y en tal caso, si transcurrió dicho plazo, se considerará como tramitación de licencia nueva.

Además, abonar el arancel establecido por las normas tarifarias estableciendo que dicho arancel de renovación será del 50% para los mayores de 65 años; de igual modo, presentar certificado de libre deuda de infracciones de tránsito; declarar bajo juramento que no se padecen o hayan padecido afecciones cardiológicas, neurológicas, psicopatológicas o sensoriales que afecten la aptitud para conducir; aprobar un examen médico psicofísico, en el que se determine su aptitud física, visual, auditiva y psíquica para conducir, sin que se exija una nueva prueba de manejo a los conductores que renueven su licencia, salvo expresa indicación médica.

En tanto, en el otro proyecto, se hace referencia a las licencias para conductores profesionales. Se busca en ese sentido, incorpora al Artículo 22 de la Ley de Tránsito que las licencias de conducir “para las categorías profesionales C, D y E, descritas en la normativa de tránsito nacional y provincial, tendrán la vigencia que a continuación se explícita, considerando la respectiva edad del conductor al momento de solicitar la renovación de la misma”.

Tal disposición señala una vigencia de 5 años, entre los 21 y 45 años de edad; de 4, entre los 46 y los 59; de 3, entre los 60 y 69 años, y una duración de 2 años a partir de los 70 años de edad.

Para Cairo, “la vigencia de las licencias profesionales en Mendoza, implican una complicación innecesaria para millas de trabajadores de taxis, remises, colectivos, camiones, ambulancias, transporte escolar y maquinaria especial no agrícola, que tienen en muchos casos, que pasar todos los años por la experiencia de realizar todos los estudios médicos requeridos, pagar y tramitar diversos certificados, aranceles, entre otros requisitos”.

“Todo ello implica a nuestro criterio, un gasto de tiempo y de dinero que no se justifica con la exigua periodicidad que establece la normativa mendocina”, agrega el diputado en la fundación.

Durante el tratamiento en la comisión, Evelin Pérez (UCR) propuso elaborar un pedido de informes para tener datos concretos sobre el tema, como cantidad de entregas de licencias y qué proporción de accidentes graves son protagonizados por los adultos mayores.

La comisión, acordó continuar con el tratamiento de estas iniciativas en las próximas reuniones.