{mosimage} La Comisión de Cultura y Educación convocó al director de Recursos Humanos de la Dirección General de Escuelas, doctor Sebastián Brizuela, con el objeto de conocer los criterios de la dependencia para la designación y/o cesantías de los celadores escolares. La iniciativa correspondió al diputado Gerardo Soria (CC)
El funcionario señaló que la DGE tiene una planta de 7 mil celadores e indicó todo el proceso instrumentado y normas legales que se tuvieron en cuenta de la gestión política anterior a diciembre del 2007 y las elaboradas por el nuevo gobierno a partir de esa fecha.
Agregó que en el último proceso de titularización se tuvieron en cuenta a más de 1500 agentes, de los cuales sólo mil alcanzaron la efectividad. El resto no ha presentado la documentación requerida o ha tenido inconvenientes para gestionar el certificado de aptitud psicofísica o de buena conducta. A simultáneo se realiza una etapa de revisión de designaciones y contratos con el objeto de tratar en forma personalizada los casos objetados, los reclamos pendiente y denuncias recibidas por directivos de los establecimientos escolares.
Brizuela subrayó que ciertas desprolijidades administrativas y adulteración de instrumentos públicos han dado lugar a la formación de expedientes que serán tratados por la justicia penal.
El encuentro fue presidido por el titular de la Comisión legislativa, Pablo Tornello (PJ) acompañado por sus pares justicialistas Raúl Millán y Carlos Bianchinelli y por la Concertación Ciudadana participaron Soria, Andrés Marín, Florinda Seoane y Mirta Castellano.
Los miembros de la Concertación, sector político a cargo del gobierno provincial anterior, le manifestaron a los representantes del actual gobierno justicialista que no se trata de una rendición de cuentas respecto de las altas que han producido entre los celadores. Como así también no van a defender cesantías que pueden ser indefendibles, no obstante solicitaron la reconsideración de algunos casos que nada tienen que ver con la militancia política y, sólo se trata, de salvar injusticias de índole social.
Brizuela informó que sobre 200 casos en revisión han sido salvados 80 que responden a situaciones de jefes de hogar, familias numerosas o responsables de hijos discapacitados entre otros. Se comprometió también a recibir documentación que le han presentado a diputados del Este sobre presuntas situaciones de injusticia para su reconsideración.
Para finalizar, a través de la presidencia de la Comisión se reunirán todos los reclamos recibidos a nivel legislativos y serán remitidos a la Dirección General de Escuela.