El proyecto del Poder Ejecutivo ingresó a la Cámara Baja la semana pasada y desde hoy, es estudiado en plenario por las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Economía, Energía, Minería e Industria.

Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Economía, Energía, Minería e Industria, que presiden Franco Ambrosini (UCR) y Guillermo Mosso (PRO), respectivamente, recibieron a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y al director de Minería, Jerónimo Shantal, quienes brindaron detalles de los alcances del Código de Procedimiento Minero que ingresó a la Cámara de Diputados la semana pasada.

Según consta en la fundamentación del proyecto del Poder Ejecutivo, la iniciativa se basa “en la imperativa necesidad de optimizar la administración de los recursos mineros, así como transparentar y modernizar los trámites relacionados con la inscripción o concesión minera”.

Entre los aspectos contemplados, la Dirección de Minería, bajo la tutela del Ministerio de

Energía y Ambiente de Mendoza, actuará como la Autoridad Minera de primera instancia, “con la misión central de planificar, ejecutar y administrar la gestión de los derechos mineros, así como supervisar los procedimientos de inscripción o concesión minera, dependiendo del mineral en cuestión”.

De acuerdo al texto legislativo, Mendoza está “capacitada para llevar a cabo la actividad minera de manera sostenible y responsable”, por lo que se hace indispensable contar con un Código de Procedimientos Mineros que responda a las actuales exigencias, “priorizando la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales”.

En ese sentido, se incluye en esta propuesta la modernización de los procedimientos para agilizar las gestiones y fortalecer la fiscalización para un control más efectivo sobre la actividad, como así también la participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de los recursos minerales, promoviendo de esta manera “la transparencia y la inclusión en todo el proceso”.

En su explicación ante legisladores de ambas Cámaras que participaron de la reunión, encabezada por la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, Latorre consideró que estas “son políticas integrales”, porque “no se puede tratar esta modificación desde la sola perspectiva de una actividad productiva como es la minería, sino que sobre todo esta propuesta lo que viene a hacer, es a transversalizar conceptos de sostenibilidad ambiental y social a una actividad productiva como es la minería”.

Sostuvo asimismo, que “la potestad sobre los recursos naturales es de las provincias” algo que quedó ratificado en la reforma de la Constitución de 1994, por ello, “el cómo realizar esta actividad, el cómo intervenir para que esta actividad y otras también, se realicen de manera sostenible, es una tarea de todos nosotros. Del Poder Ejecutivo, en este caso, a través de una política minera que está proponiendo y del Poder Legislativo que es el que tiene dentro de sus facultades, discutir esta modificación; discutir en el buen sentido”. “Esta es una oportunidad de deliberación pública y política, nos da la posibilidad de perfeccionar”.

La ministra, hizo referencia a la legislación vigente indicando que el actual código es de 1945 y que en ese entonces, “no existían estos parámetros de sostenibilidad ni ambiental ni social y tampoco económica que hoy condicionan el desarrollo de la actividad, para lograr el consenso y la confianza que necesitamos de los mendocinos para poder realizar esta actividad productiva, y también de la comunidad internacional y de los mercados para poder hacer las inversiones. Es imperioso que aggiornemos nuestra legislación, que la adecuemos a la actividad real y la posibilidad que hoy tenemos de monetizar nuestros recursos y de aprovechar nuestros recursos como es el caso del cobre, por ejemplo, en lugares donde hay licencia social como es en el departamento de Malargüe”.

En ese orden, acotó que “necesitamos generar reglas claras que contemplen todos los altos estándares de sostenibilidad, tanto ambiental como social, para generar esa licencia y para ganar la legitimación y la confianza en los controles que va a hacer que podamos desarrollar una actividad minera con seguridad y sostenibilidad”.

“No es un proyecto que va orientado solamente a promover la actividad minera, va orientado sobre todo a promover las buenas prácticas mineras y a fiscalizar los criterios de sostenibilidad ambiental en esas inversiones. Tenemos que clarificar la normativa” vigente que es vieja y difusa, argumentó.

En la misma línea, expresó que “el tener en este proyecto etapabilizados con nombre y con funciones, cada una de las fases por las que pasa un proyecto minero desde la prospección hasta el post-cierre de la mina, nos permite ser más eficientes en los controles; el establecer específicamente cuáles son las obligaciones tanto en el desarrollo del proyecto como en materia ambiental, también nos permite aplicar las sanciones en caso de incumplimiento y en cada una de estas etapas tienen su intervención los organismos multisectoriales y también de la participación ciudadana”.

De hecho, dijo, “sigue exactamente sin ningún tipo de retoque ni modificación, ni siquiera se hace alusión a la legislación vigente, de la 7722. Por lo tanto, las Declaraciones de Impacto Ambiental van a seguir pasando por la Legislatura”.

Por su parte, Shantal coincidió en que el Código vigente es  “un Código muy bueno para la época pero hoy ya devenido en abstracto, porque recordemos que para esa fecha ni se hablaba de derechos ambientales”, y subrayó que el concepto de sostenibilidad que se plantea con esta modificación, “para estar enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la comunidad internacional ya ha plasmado”. A ello se suma el principio de soberanía sobre los recursos minerales aclarando que “las minas son del Estado provincial no son del concesionario”.

Sumó a ello la “transparencia” ya que con el Código actual todos los expedientes son secretos y no se puede tener acceso a la información si no es a través de “un vetusto procedimiento por escrito y en papel”. Esto va de la mano con el principio de “agilidad”, puesto que es necesario “darle herramientas jurídicas”  que impulse el proceso hacia adelante.

Mencionó además la “optimización del control y fiscalización”, como la policía minera que “nos da la fortaleza para que se realicen los controles en tiempo y forma”.

“Estamos pensando en un Código que sirva para hoy y para dentro de 50 años”, expuso, a lo que añadió que “ninguna provincia tiene el Consejo de Minería, solamente Mendoza”, y es “donde más demoras tenemos, más de 705 expedientes con un tiempo aproximado de otorgamiento de permisos  de entre 10 a 15 años”, por lo que “nosotros planteamos una autoridad minera que solamente haga declarar lo que dice la Ley, que le dé agilidad a los procesos”.

Por otra parte, en relación a la Policía Minera, indicó que el objetivo de fortalecerla para ejercer controles, “porque el control te genera credibilidad y la credibilidad te genera licencia social. Necesitamos dotarlo de recursos, de equipamiento, de capacitación y que se visualice en cada una de las áreas donde tenemos minería. En Mendoza tenemos minería, principalmente minas de tercera categoría. Es con la que construimos nuestras casas, nuestras escuelas. Eso viene de la tercera categoría. También tenemos minas de segunda categoría. También somos uno de los principales productores de talco, entre otros recursos minerales importantísimos para todos” y “tenemos el cobre, que es un mineral crítico que el mundo reclama a raíz de la transición energética”.

Reforzando este último concepto de transición energética, manifestó que “tenemos que hacer un cambio estructural en la generación de energía y esa generación de energía es un cambio desde los recursos fósiles hacia las energías renovables. Para tener las energías renovables y llegar al 2050 con los propósitos de la comunidad internacional, debemos duplicar lo que ya la humanidad ha producido en toda su historia de cobre. Nosotros en Mendoza tenemos cobre, Argentina no tiene ni un solo proyecto de producción de cobre y resulta que nuestro vecino chileno es el principal productor mundial”.

Una legislación de casi 80 años

Desde el Ejecutivo señalan que lo que se busca, es “armonizar las normativas locales con los estándares internacionales más exigentes, promoviendo una minería responsable y respetuosa que obtenga reconocimiento a nivel global”, teniendo en cuenta que esta actividad “puede desempeñar un papel fundamental en el desarrollo económico regional, generando empleo de calidad, impulsando la industria local y contribuyendo significativamente a los ingresos fiscales”.

Este Código de Procedimientos Mineros sustituirá al Decreto 299 de 1945, normativa que desde hace casi 80 años rige la actividad en la provincia.

“Se fundamenta en un enfoque integral que garantiza no solo un desarrollo económico responsable y sostenible, sino también una minería que cumple con los más altos estándares internacionales, involucrando a la comunidad y respetando los derechos ambientales y sociales”, resalta el texto de elevación a la Legislatura.

En esa línea, aclara que como herramienta procesal, conserva los lineamientos de la Ley Nº 6.913 – de 2001 – “conjugados con principios esenciales y prioritarios para nuestra provincia que resguardan la soberanía de los recursos naturales, el cuidado del ambiente con un claro sentido de sostenibilidad y la transparencia de los procesos sin descuidar la modernización y la celeridad de los mismos, y fortaleciendo las herramientas de control y fiscalización, e involucrando a todos los actores de la cadena productiva del desarrollo de los minerales, en la responsabilidad por las acciones de impacto positivo sobre el ambiente”.

Se afirma, por tanto, que con esta reforma, la provincia de Mendoza estará preparada “para liderar una minería responsable en las próximas décadas”, todo en el marco de la Ley 7722.