El despacho incluye además la suspensión de su dieta como legisladora. Mañana será tratado en el recinto, durante la sesión de la Cámara de Diputados.

Por mayoría de votos, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Franco Ambrosini (UCR), emitió un despacho promoviendo la suspensión de Janina Ortiz como diputada de la provincia como así también de su dieta como legisladora. La decisión fue avalada por 9 de los 13 integrantes de dicha comisión, entre los que se cuentan Emanuel Fugazzotto (PV) y Germán Gómez (PJ). En tanto, Gabriela Lizana (FRLN) y Natalia Vicencio (PJ), manifestaron su abstención, y Gustavo Cairo y Laura Balsells Miró (JxL-LUM), votaron de forma negativa.

Cabe recordar que esta comisión había decidido la semana pasada citar a Ortiz, a efectos de que ejerciera su derecho a defensa tras recibir los informes del Ministerio Público Fiscal en torno a las actuaciones que llevan adelante la Fiscalía de Instrucción Nº 28,  en la causa por coacciones, y la Fiscalía Nº 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, por la de fraude a la administración pública.

Durante el encuentro, que fue transmitido por el canal de Youtube de la Cámara de Diputados, se dio lectura tanto al informe remitido por la justicia como a las presentaciones realizadas por Ortiz y su abogada, Elena Quintero, a la comisión. En ese sentido,  Ambrosini aclaró que la citación se daba en el marco del Artículo 3° del despacho de mayoría elaborado al momento de tratar el desafuero, en el que se estableció tal posibilidad “a efectos de  ejercer su derecho a defensa respecto a dichas conductas y sanción que  podría corresponder en orden a lo enunciado en los artículos 167 y 91 de la Constitución de Mendoza”.

La suspensión promovida con este despacho se realiza precisamente en los términos del artículo 91, que dispone que “cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos de los presentes en sesión, corregir, suspender y aún excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o por indignidad y removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación o por inasistencia notable a sus sesiones”.

Al respecto, Ambrosini explicó que “el artículo 91 nos otorga la facultad disciplinaria a los legisladores”, y lo que se ha evaluado “es la conducta no digna  para colaborar con la justicia”. Si bien “ella tiene el derecho de defensa que se otorga en la Constitución, ella es legisladora y se tenía que poner a disposición de la justicia, no es un ciudadano más, nosotros representamos al pueblo y como representante del pueblo tenemos que dar el ejemplo”, acotó.

En igual sentido se expresaron otros legisladores como Evelin Pérez (UCR), quien señaló que “esto también es de interés de la ciudadanía, el poder confiar en sus representantes y en sus acciones”; Emanuel Fugazzotto, que sostuvo que “el juzgamiento lo hace la justicia. Pero por la dimensión pública, los efectos propios de ese proceso, se afecta la honorabilidad del Cuerpo”, y Alberto López (UCR), que sumó: “No vamos a expresarnos sobre la culpabilidad. Esto tiene repercusión en cada uno de nosotros y en la sociedad”.

También Germán Gómez (PJ) indicó que “acá no hay un juzgamiento judicial. Esto es un ámbito político.  Esto no es una instancia paralela a la investigación judicial que se lleva a cabo. Se debe entender que la Cámara es juez de sus propios miembros”. Asimismo, Enrique Thomas (PRO) manifestó que “esto no es una foto, sino una película que empezó hace tiempo en el municipio de Las Heras. Cada vez avanza más. Siento que ha estado especulando hasta el último minuto. Nos está subestimando, a sus pares”.

Por su parte, Gustavo Cairo (JxL-LUM), afirmó que la situación “tiene un plano político y uno judicial. Creo que nuestra acción es una sobreactuación en esta instancia en el proceso penal. Los temas políticos partidarios se deben dirimir en los partidos, lo judicial sigue su curso”.

A su turno, Gabriela Lizana (FRLN) sostuvo que “no estamos solamente dirimiendo este caso,  se han puesto en juego otros valores y principios y eso nos tiene angustiados”, en tanto que Natalia Vicencio (PJ), destacó que “con los temas que estamos atravesando en Mendoza y el país”, se han perdido “tres comisiones”  cuando “hay que sacar leyes para mejorar con políticas públicas, la calidad de vida de los mendocinos”.

Ortiz asistió a la reunión de la comisión acompañada por su abogada. Expuso ante los legisladores que “ustedes no tendrían que estar en esta situación. Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

“Esto es jurídico. Tengo que resolver mi situación en la justicia”, a lo que agregó que no tenía de qué defenderse ante la comisión, que “incluso la imputación no es prueba de culpabilidad” y que su accionar se enmarca en “el derecho a defensa que tiene que ser efectiva, técnica y sin límite”.

Enlace del desarrollo de la reunión: