La propuesta del Poder Ejecutivo, tiene como finalidad agilizar controles, inversiones, y el desarrollo de una minería sostenible en el marco de la Ley 7722.

Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el cual se actualiza el marco normativo que rige los procedimientos mineros. La normativa vigente data de 1945, por lo que se busca agilizar la actividad y hacerla más transparente, establecer mayores controles ambientales y reforzar las funciones de la Policía Minera.

La votación resultó 35 votos a favor, 10 negativos (Laura Balsells Miró, Stella Huczak, Rolando Scanio, Jimena Cogo, Jorge Difonso, Cintia Gómez – por LUM -, Valentina Morán, Roxana Escudero, Natalia Vicencio – por el PJ -, y Gabriela Lizana – por el Frente Renovador línea Nacional -) y una abstención, de Edgardo Civit (JxL-LUM).

Entre otros, el propósito de esta media sanción es incorporar criterios de sustentabilidad ambiental y desarrollo sostenible a esta actividad que hoy cuenta con herramientas que no existían en el siglo pasado.

La reforma incluye la modernización de los procedimientos e involucrar activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de los recursos minerales, promoviendo la transparencia y la participación en todo el proceso.

La iniciativa abarca la minería de primera, segunda y tercera categoría (canteras) y sigue el ejemplo de los más altos estándares internacionales.

Fortalecimiento de Policía Minera

De acuerdo al texto de esa normativa, la Autoridad Minera ejercerá el poder de Policía Minera con inspectores que tendrán mayores funciones y facultades que en la actualidad.

Podrán vigilar los trabajos subterráneos y superficiales y los elementos, equipos, maquinarias y plantas, hacer cumplir las normas ambientales, de salud, seguridad e higiene de las labores, controlar el transporte de minerales, comprobar que los trabajos que se realicen y certificar los datos que coincidan con las Declaraciones Juradas de Producción y realizar actas e imponer las sanciones.

Estos inspectores tendrán libre acceso a todos los trabajos, laboreos mineros e instalaciones que tengan por objeto la exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales y pétreas.

Consejo de Minería

Una de las modificaciones realizadas al proyecto original, tiene que ver con la incorporación del Consejo de Minería como autoridad minera de la provincia “en segunda instancia” y como órgano consultivo. Tanto el Consejo como la Dirección de Minería, estarán bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente.

Específicamente, en su artículo segundo, la pieza legislativa establece que “la Autoridad Minera de la provincia de Mendoza, es ejercida en primera instancia por la Dirección de Minería de la Provincia y en segunda instancia por el Consejo de Minería, ambos bajo la tutela del Ministerio de Energía y Ambiente o el que en el futuro lo reemplace”.

El Director de Minería atenderá y resolverá sobre los asuntos, peticiones y cuestiones que versen sobre los derechos mineros en todo el territorio provincial, y dictará las resoluciones definitivas que conceden, deniegan o declaran caducos los derechos mineros de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Minería y la presente Ley, sin perjuicio de las restantes competencias, misiones y funciones, de conformidad a la Ley Orgánicas de Ministerios.

En tanto, el Consejo de Minería atenderá en la instancia recursiva contra las resoluciones apelables y que causen gravamen irreparable emanadas de la Dirección de Minería. Además, tendrá funciones de órgano consultivo cuando la Dirección lo requiera. El Poder Ejecutivo entenderá solo contra las resoluciones del Consejo de Minería.

Este Consejo estará integrado por un Consejero titular y uno suplente, ambos con título de abogado; otro titular y un suplente con el título de ingeniero en minas, geólogo, o ingeniero especializado con experiencia acreditada en minería o profesional con título de grado, que acredite experiencia por 5 años en materia minera; y un Consejero titular y un suplente representando a las cámaras empresarias y otras entidades afines a la minería en la Provincia, priorizando aquellas de mayor representatividad dentro del sector minero provincial. Estos últimos representantes serán seleccionados a partir de ternas propuestas por las cámaras o entidades afines que cuenten con la debida personería jurídica y sean suficientemente representativas de la actividad.

Los miembros de Consejo de Minería no cobrarán remuneración por sus tareas.

Impulsa Mendoza

Por otra parte, en su artículo 39°, la media sanción estipula que “toda resolución firme que disponga la liberación de áreas registradas, ocupadas por derechos mineros, deberá ser publicada de oficio en extracto por la Autoridad Minera, por dos (2) días en el Boletín Oficial. De las publicaciones se dejará constancia en los expedientes respectivos.

Las zonas ocupadas solo quedarán disponibles para la petición de terceros, después de transcurridos diez (10) días de la fecha de publicación.

En todos los casos de caducidad o revocación de permisos de exploración o declaración de minas vacantes, por cualquiera de las causales previstas en esta Ley o el Código de Minería, previo a la publicación ordenada en el párrafo anterior, y de los artículos 71 y 131 del presente Código, deberá notificarse a la empresa minera Impulsa Mendoza Sostenible S.A. o empresa del sector público provincial que la reemplace y siempre que detente un porcentaje igual o mayor al 51% de las acciones el Estado Provincial, con facultades y atribuciones en la materia, para que en el plazo de treinta (30) días hábiles exprese su decisión o no de declarar las áreas como de Investigación Geológica Minera en el marco de lo dispuesto por el Título XXI del Código de Minería, o bien solicitar las áreas de acuerdo al Código de Minería.

En el caso de optar por áreas de exploración cuyo derecho haya sido declarado caduco, la graficación provisoria en el Catastro Minero del pedido de Impulsa Mendoza Sostenible S.A.

-o empresa del sector público provincial que la reemplace-, y el borrado del anterior derecho, se realizarán de manera simultánea”.

En el caso de que Impulsa Mendoza Sostenible S.A. “ejerciere el derecho de preferencia mencionado en los párrafos anteriores y no declarara las áreas a lo dispuesto por el Título XXI del Código Minero, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y en el Código Minero, y convocar, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, a un concurso público en el que toda   persona humana o jurídica tenga la posibilidad de presentar una oferta que deberá contener como mínimo, sus antecedentes, un programa de trabajo y un compromiso de inversión ; no pudiendo Impulsa Mendoza Sostenible S.A. -o la empresa del sector público provincial que la reemplace-, participar en porcentaje societario o asociativo de ningún tipo”. Y en el caso de que Impulsa “no ejerciese el derecho de preferencia o expresamente manifestara a la Autoridad Minera que no ejercerá dicho derecho, o quedara el desierto el Concurso Público mencionado en el párrafo anterior, se publicará en el Boletín Oficial dicha circunstancia y el derecho quedará a disposición de cualquier persona interesada, pasados diez (10) días hábiles de aquella publicación”

Debate

El titular de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales Franco Ambrosini (UCR), Indicó que este Código “viene a ampliar la producción y la matriz productiva de la provincia”, y que “hoy estamos ante un momento trascendental para Mendoza, tratando un tema que es una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial como es la minería”.

Luego de ponderar el trabajo de las comisiones, manifestando que “se dialogó con fuerzas vivas y organismos de la provincia”, indicó que “este Código de Procedimiento Mineros está a la altura de las circunstancias que pide la ciudadanía”.

En esa línea, dijo que tiene  en tres puntos principales: la transparencia, el control y la seguridad jurídica, permitiendo el acceso a la información y el fortalecimiento de la policía minera.

Por su parte, la diputada Jimena Cogo (JxL-LUM) adelantó su voto negativo expresando que “soy malargüina, soy minera y quiero minería para el departamento. Coincido con el gobernador en hacer de la minería una política de Estado que antes no había sucedido”, pero “no nos podemos dar el lujo de votar algo que todavía tiene incongruencias. Considero que con las leyes actuales y la decisión política, se puede hacer minería”.

En el mismo sentido Rolando Scanio (LUM) expresó su voto negativo indicando que “este expediente necesitaba más tiempo de análisis”. Afirmó al respecto, que “escuchamos decir que la matriz productiva está obsoleta, que no da más esta provincia que hoy es un oasis gracias a la mano del hombre, donde se puede cultivar, que con la modernización se diversificaron muchos de los cultivos. Me pregunto por qué el Estado en vez de meterse con la minería no pone más ideas  para dar valor agregado a los productos propios de la provincia, y aprovechando la tecnología actual, insertarnos en el mercado externo”.

De igual forma, Cintia Gómez (JxL-LUM) anticipó su voto negativo destacando que “estamos nuevamente ante un tratamiento exprés”, “tenemos que darnos tiempo y ser conscientes de lo que estamos votando para nuestra provincia”.

A su turno, Gabriela Lizana (FRN), quien votó negativamente, sostuvo que “para este tipo de cosas, necesitamos más tiempo, para hacerlo con más consenso entre nosotros”, y sumó que “para alguien que viene del sector productivo y que empezó a entender la importancia del desarrollo del cobre en Mendoza, es difícil explicar que se avanza tan rápido en la minería y no en otros puntos relacionados con la tierra”.

La diputada Natalia Vicencio (PJ) también votó de manera negativa argumentando su postura en que “cuando se anunció la discusión de este proyecto se hizo en el marco de discutirlo en el departamento de Malargüe, en el cual todos y todas entendemos que hay licencia social. Hoy estamos discutiendo una flexibilización de los procedimientos”.

Jorge Difonso (LUM), dijo por su parte que “tenemos miradas distintas, hemos debatido, discutido, incluso han participado de estas discusiones el bloque de senadores”, agregando que “tenemos que evaluar y por lo menos escuchar lo que plantearon los referentes de todos los sectores en esas comisiones”.

“Tenemos que tener en cuenta que es una discusión que viene desde hace mucho tiempo en Mendoza”, y pidió que se cumpla con la 7722, que “armen la policía minera, armen la bicameral que tiene que recibir los informes semestrales que establece el artículo 4, y cumplamos con la reglamentación”.

En ese sentido, Germán Gómez (PJ), quien votó afirmativamente, señaló que “no se están leyendo las normas. Piden una Bicameral que está derogada”,  y sumó: “Mendoza tiene que apuntar a un desarrollo integral con desarrollo minero y productivo. Esta ley la hemos ido trabajando, haciendo todos los aportes para mejorar este proyecto.  Es altamente beneficioso este Código para la provincia”.

Tras afirmar que “tenemos legislación desactualizada”, hizo hincapié en que “no he escuchado una sola crítica fundamentada, sólo sembrar dudas y tirando bombas de humo sin decir la verdad”.

“Dónde está la inconstitucionalidad que dicen que existe”, preguntó y afirmó que “hay un tema que me choca, y es hablar en este debate que falta transparencia”, cuando “no han hecho una sola propuesta los que critican o se oponen. La minería es una actividad lícita y este Código lo que hace, es regular procedimientos, nada más”.

También Verónica Valverde (PJ) dijo estar “totalmente de acuerdo con este Código de Procedimientos Mineros”, “hemos podido aportar todos aquellos elementos que nosotros sentimos que eran necesarios a fin de dar transparencia y coherencia a este proyecto que envió el Poder Ejecutivo el día 5 de marzo. Hemos tenido un mes para poder realizar las consultas pertinentes que a su vez, nos han sido respondidas en forma concreta” y de esta manera, “poder hacer que Mendoza tenga una forma de hacer las cosas que nos garantice que esta actividad redunde en beneficios para nuestro pueblo”.

“Desde nuestro bloque peronista nosotros vamos a acompañar este proyecto, porque tenemos valentía, siempre la hemos tenido”, puntualizó.

Alberto López (UCR) expresó en ese sentido que “este proyecto entró el 5 de marzo. ¿Cuánto tiempo más quiere un legislador? En este tiempo hubo reuniones en comisiones, tuvimos reuniones privadas, pudimos asesorarnos y ponernos a trabajar y revisar las dudas.  No existe esa falsa dicotomía entre agro y minería, miremos otros países, sin ir más lejos, exporta más vino Chile que nosotros, y tiene minería”.

“Se dice que el Código es flexible, no es así. El Código anterior no hacia tanto hincapié en el ambiente, ahora hay control ambiental en el procedimiento y hay control social”, afirmó y agregó que “este Código creo que es un paso adelante, venia Mendoza con una inercia sobre este tema, y la población hoy espera otras respuestas, que demos un paso adelante en la producción y en la diversificación”.

En coincidencia, Sol Salinas (PRO) subrayó que “para mí es un día de celebración lo que estamos tratando, porque no entiendo los fundamentos de que el Código de la década del 40 es un buen Código. En esta era de procedimientos ágiles, le tienen miedo a agilizar procesos; en esta era, de internet, de Inteligencia Artificial, parece que algunos diputados quieren que nada cambie. Cuando hay que poner la pata en el acelerador, no entiendo que fundamenten que les falta tiempo para estudiar”.

“Hace un mes que venimos trabajando en el procedimiento minero, es mentira que las organizaciones estaban en contra, hubo objeciones de las cuales muchas se tuvieron en cuenta”, acotó, y destacó que “tenemos que estar a la altura de lo que discutimos, la minería no es restrictiva a la vitivinicultura, ni a otra producción de la tierra”. “La política no puede seguir estando atrás de las necesidades de la gente”.

Gustavo Cairo (LUM -JxL), apoyó el proyecto y destacó que “la Legislatura no debe comportarse como una máquina de impedir, sino que debe ser una herramienta más que tenga la gente para promover el desarrollo  de la provincia”

Expresó que “dentro del bloque hay posturas disímiles”, indicó que “la inclusión de Impulsa Mendoza, dará transparencia a los procesos licitatorios” y enfatizó que “hay una visión de algunos legisladores de que con la agroindustria nos basta en Mendoza. Yo creo que la cuarta rueda del auto en Mendoza es el desarrollo minero, no es ir a una utopía, cruzando la cordillera los chilenos exportan más de diez millones de dólares en cobre, y nosotros tomamos la decisión franciscana de exportar cero, teniendo todo”.

Además, recordó la reciente aprobación de un proyecto de su autoría respecto a la inclusión de Mendoza en la mesa del cobre, “con la esperanza de empezar a producir”.

En la misma línea, Emanuel Fugazzotto (PV), resaltó la figura del Consejo Minero, la “consulta previa a los pueblos originarios”, el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. “No es la firma de un cheque en blanco. Mendoza tiene que modernizarse y dar una discusión seria. Los invito a no quedarse en el relato de Impulsa Mendoza, porque es la única herramienta para terminar con el perverso pacto minero que tiene nuestro país, y para evitar que las empresas internacionales se lleven nuestros recursos y nos dejen el 3 por ciento”.

“El intervencionismo del Estado tiene que estar para garantizar los intereses de todos los mendocinos, yo no quiero empresarios que se la lleven toda y le dejen migajas a Mendoza”, puntualizó.

Finalmente, Enrique Thomas (PRO), opinó que “estamos observando dos filosofías en este debate: el demorismo y el sospechismo. Cuando los legisladores no están de acuerdo  o no leen los proyectos entran en la discusión de quién está detrás, empiezan a sospechar. Algunos otros están en  el demorismo, dicen para qué nos vamos a apurar, tenemos todo el tiempo del mundo, cuando tenemos más del 50% de pobres en Mendoza, ese es el apuro”.

“Si no quieren la minería díganlo, hay que tener la valentía de decir lo que se piensa”, subrayó, y agregó que “hablamos del agro, legisladores defienden el agro y no ven que los fertilizantes para los cultivos se obtienen de la minería, y el tractor y la rastra que se usa para trabajar los cultivos también se hacen con minería”.