La comisión Especial de Género y Erradicación de la Trata de Personas, que preside Giuliana Díaz (UCR), recibió a la directora de Género y Diversidad de la provincia, Belén Bobba, quien explicó los distintos programas que se llevan adelante desde su área, su funcionamiento y el abordaje que se da ante situaciones de violencia. Además, continúa el estudio de un proyecto de Cecilia Rodríguez (UCR), que tiene como objeto que las efectivos del Servicio Penitenciario de Mendoza que se encuentren atravesando alguna situación de violencia, puedan acceder a una licencia especial.

La funcionaria explicó que cuentan con abordaje y atención interdisciplinaria, con trabajadoras sociales, abogados, psicólogas,  psicólogas sociales, para atender situaciones que llegan a la Dirección “vía Poder Judicial, por alguna derivación del Ministerio Público, o una denuncia, también por demanda espontánea, o la derivación de cualquier institución que perciba una situación de violencia. Nosotros la atendemos, y si a la mujer le queda más cercano otro domicilio, hoy todos los municipios tienen áreas de Género y Diversidad”.

Cuentan con un programa económico denominado Nuevas Redes, que es una ayuda que se da por única vez pero que puede renovarse, y según indicó, se trabajaba con el programa Acompañar, de Nación, pero “hoy desde el gobierno nacional no se está dando respuestas. Para nosotros es muy significativo porque en seis meses se les daba un sueldo Mínimo, Vital y Móvil, algo que es muy importante para estas situaciones de violencia”.

Al respecto, Bobba detalló que hasta octubre se incorporaron 1500 casos y que estaban en revisión 2700 mujeres, pero que “no tenemos comunicado oficial de cómo funcionará el Programa a nivel nacional”.

Asimismo, dijo que en la actualidad la provincia cuenta con 11 refugios, y que en algunos municipios se trabaja con cabañas. Los hay en Capital,  Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Tunuyán, San Martín, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, General Alvear, Malargüe y en Rivadavia, a través de cabañas. En ese sentido, aclaró que en ellos reciben no sólo a mujeres de esos departamentos sino que pueden derivarse de otras comunas.

Por otra parte, se brinda asesoramiento jurídico gratuito, como así también un espacio terapéutico gratuito para mujeres, con psicólogas que hacen entrevistas individuales y luego derivación a grupos terapéuticos.

Para el abordaje y accionar, “tenemos una especie de medidor de alarma”, en relación a si la denunciante convive o no con el agresor, los niveles de riesgo, si el agresor es policía, si la mujer está embarazada, si es una “mujer migrante, sin documentación, en situación de violencia, o si se trata de una mujer que tiene trabajo y medio de sustento”, por citar algunos ejemplos. También, “si llega a la instancia de entrevista o nos derivan por compulsa, se sabe ya el nivel de alerta”, acotó.

Otro de los Programas es el de Comunidad Activa, un programa de fortalecimiento comunitario con el que se brinda acompañamiento económico a asociaciones civiles con o sin personería jurídica, que presentan proyectos relacionados a derechos de las mujeres, identidad de género, etc. Estos proyectos son evaluados para luego derivarles la ayuda económica. “Hoy tenemos 35 proyectos a los que se les brinda ayuda económica con montos que difieren si se trata de entidades con personería jurídica o no, distribuidos en los departamentos”, señaló, acotando que hay tiempo para inscribirse hasta el 14 de este mes.

En otro orden, mencionó la aplicación de la Ley Micaela que se realiza para partidos políticos, salud, educación, seguridad, administración pública, para equidad laboral y deporte.

Asimismo, sostuvo, “trabajamos mucho en espacios de abordaje para varones. Somos de las pocas provincias que tiene estos espacios para el abordaje integral de las violencias”, que se dio a partir de la Ley  8932, de 2016. “Es fundamental seguir construyendo esos espacios. En la actualidad tenemos 26 dispositivos”, comentó.

Se trata de espacios psico-socio-educativo, “que buscan disminuir el riesgo de vida de mujeres, diversidades y niñas”, expresó.

En esa línea, afirmó que no hay estadísticas de abordaje a varones en el país, y que por ello en Mendoza, se está trabajando para tener un registro que brinde estadísticas, como una ficha de masculinidades, transversal.

Régimen de licencias para mujeres del servicio penitenciario en situación de violencia

Este proyecto de Cecilia Rodríguez continuará en estudio en la comisión. Plantea en su fundamentación la importancia de “contemplar que las efectivos penitenciarias que padecen violencia de género, en muchos casos deben recurrir a vías alternativas para justificar la tardanza, cambio de destino y/o ausentismo laboral”, por lo que se pretende “evitar que situaciones laborales que viven diariamente en relación a sus tareas, aumenten o perjudiquen aún más las que ya se encuentran sufriendo”.

Sobre todo, dice la legisladora, “teniendo en cuenta que la violencia de género es inherente al sistema social, cultural, económico, político y jurídico vigente, y que por ello afecta todos los ámbitos cotidianos de la vida”.

La iniciativa “estipula que en los casos debidamente acreditados, requisito cumplido con la presentación de la denuncia policial o judicial a recursos humanos, la misma deberá dar marcha al acompañamiento que les permita afrontar a las efectivos penitenciarias en mejores condiciones, tan difícil situación”.

“La víctima tendrá derecho según corresponda a la reducción de la jornada, o la reordenación del tiempo de trabajo o del lugar de prestación del servicio, o la justificación de inasistencias o faltas de puntualidad, o al otorgamiento de una licencia remunerada, cuando así lo determine la autoridad de aplicación”, añade el texto.