Ley nacional de protección de niños y adolescentes
Derechos y Garantías elevará a la justicia penal una denuncia sobre maltrato en la Unidad de Internación en Crisis
{mosimage} La aplicación en la provincia de la ley nacional de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, continúa siendo motivo de consulta de comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados.
En esta oportunidad, se reunió con el titular del Primer Juzgado de Familia, Germán Ferrer, el director de la DINAADyF, David Fúnez, el responsable de la Unidad de Internación Crítica – UIC -, Ricardo Rojas, y el director de Salud Mental de la provincia, Alberto Navarro.
Si bien acordaron en la necesidad de avanzar en una legislación provincial moderna y adaptada a la normativa nacional, para cubrir ciertos aspectos que quedan en contraposición a la hora de abordar la

problemática infanto – juvenil, también hicieron referencia a problemas puntuales basados en una serie de denuncias radicadas en la comisión legislativa, que en cierta medida están relacionadas con la temática.
Una de ellas, está relacionada a la UIC. Se trata de una denuncia planteada por un particular en relación al tratamiento que se les da a los niños y adolescentes allí alojados.
La denuncia data de abril de 2007 y señala, entre otros aspectos, que "los obligan a bañarse con agua fría o casi fría", que desayunan una taza de té con un "bollo de pan (si hay)", que tanto después del desayuno como del almuerzo se les da "un cigarrillo", y que se observó el caso de una niña de 9 años, discapacitada mental, a la que "obligan" a dormir "y si no obedece (molesta) a sus cuidadores", la atan.
También dice la nota que forma parte del expediente radicado en la comisión que la cena es magra, y que a esta niña la "golpean" para que se bañe y la "atan a la cama" hasta las 2 de la mañana en que la menor se duerme llorando.
El presidente de la comisión de Derechos y Garantías, Ricardo Puga, informó al respecto que esa denuncia será elevada al fuero penal para que siga el curso legal y se determinen las responsabilidades penales que le competen, "dado que los funcionarios corroboraron este aberrante trato a los niños y niñas internados en esta unidad, que fueron sometidos a tratos que violan los derechos de los niños y niñas".
Por su parte, tanto desde ese organismo como desde Salud Mental, señalaron que desde que asumieron la responsabilidad a principios de este año, se pidió una auditoría no sólo desde el punto de vista edilicio, sino además, en cuanto a la alimentación, el trato, la atención, el personal a cargo y las condiciones de vida de los alojados, informe que será remitido a la comisión para que se incorpore al expediente y sea analizado por los legisladores.
Dijeron además, que a partir de esa auditoría se cambiaron muchos aspectos que pueden ser corroborados por los diputados, cuando la oportunidad lo requiera.
Por otra parte, informaron que se está trabajando en un proyecto de creación de un sistema integral de la salud mental en crisis, de los niños y niñas, para efectivamente cumplir con los lineamientos generales que establece la ley en cuanto a protección de sus derechos.
Esta propuesta incluye una primera etapa que es a través de los centros de salud, un segundo estadio que involucra a los centros especializados en materia infanto – juvenil "que ya hay cinco y se piensa terminar esta gestión con uno en cada departamento", y una tercera etapa, que es trasladar la UIC al hospital pediátrico Humberto Notti.
A esta unidad de internación, acuden niños y adolescentes judicializados o no, que son derivados en muchos casos por las escuelas, los centros de salud, los hospitales o la policía, en la medida en que se detecta que está en una situación de riesgo o crisis psiquiátrica, y que tras pasar por los tribunales de Menores, son derivados por el CAI – Centro de Ayuda Interdisciplinaria – a la unidad de crisis.
Por otra parte, fue abordada otra denuncia realizada en la comisión por AMPROS, el gremio de los profesionales de la salud, a través de su titular, Isabel Del Pópulo y la secretaria gremial, Silvia Videla.
En este caso, el planteo es en relación al funcionamiento del OAL, el Órgano de Administración Local de aplicación de la ley nacional de protección de niños, niñas y adolescentes.
En el escrito, se explica que el Poder Ejecutivo puso en vigencia la ley nacional, en la que se establecen los principios de políticas públicas, responsabilidad gubernamental, participación comunitaria y la responsabilidad familiar. También se hace referencia a la protección de los derechos de los niños y adolescentes, tales como el derecho a la vida, a la dignidad y la integridad personal.
Las profesionales médicas, indicaron en la presentación que esta tarea estaba tutelada por los tribunales de familia, por lo que la Suprema Corte dictó una acordada que establecía la creación de una comisión mixta formada por el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, para efectuar en forma coordinada los criterios de aplicación de la ley.
En este sentido, la legislación también dispone que su aplicación  estará  a cargo de los gobiernos provinciales y municipales, y a tales efectos, el Ejecutivo de la provincia delegó su aplicación a la DINAADyF, y a su vez, esta dirección creó el Órgano de Administración Local – OAL – que funciona desde febrero de este año.
En el OAL, se reciben denuncias relacionadas con maltrato psicológico y físico, abuso sexual, prostitución, denuncias por tráfico de drogas, conflicto de tenencia de progenitores, averiguación de paradero, atención de ininputables que carecen de derivación escrita por parte de la Fiscalía actuante, allanamientos de domicilios, y ausentismo y deserción escolar.
Los profesionales que trabajan en ese organismo, son psicólogos y trabajadores sociales  "que actúan sin haberse establecido las pautas  de aplicación de la ley y protocolos de abordaje".
"Se puso en marcha el OAL sin cumplimentar con los principios básicos para la protección integral de los derechos del niño, con la consecuencia de que como no cuenta con una adecuada reglamentación de los derechos y deberes de dicha entidad, como de las derivaciones adecuadas en cada caso, no se puede dar respuesta a la infinidad de problemática planteada, dejando vulnerados los derechos que se desea proteger", manifestaron desde AMPROS.
En ese orden, dejaron plasmado en la denuncia que se debería contar con redes comunitarias e institucionales que realicen tratamientos, y que los profesionales no cuentan con los recursos físicos necesarios.
Desde la DINAADyF, también manifestaron que informarán por escrito todo lo actuado por el OAL, las funciones que le competen y la forma en que la desempeñan, así como los mecanismos con que se cuentan para el desarrollo de las tareas específicas.