La comisión de Turismo y Deporte, que preside Gisela Valdéz (UCR), recibió al director de Personas Jurídicas y Registro Público, Sebastián Soneira, para analizar una iniciativa de Giuliana Díaz (UCR), que tiene por finalidad establecer la obligatoriedad para todas las asociaciones civiles deportivas de primer y segundo grado de Mendoza, de exigir, de forma previa a la incorporación de cualquier persona al cuerpo técnico, un certificado de antecedentes penales vigente y emitido por autoridad competente.
Valdez expresó que en el contexto de debatir este proyecto “nos surgieron dudas que necesitábamos resolver, sobre todo en lo que tienen que ver con el marco legal, y la forma de control”.
La autora de la propuesta Giuliana Díaz, indicó que “para nosotros es muy importante contar con la visión de la Dirección de Personas Jurídicas, para seguir adelante con este objetivo que tenemos que es generar espacios seguros para el desarrollo deportivo de los niños, niñas y adolescentes”.
Asimismo, opinó que “no es algo muy complicado de dar cumplimento, el certificado de antecedentes penales es rápido, económico y muy fácil de hacer”.
Sebastián Soneira, opinó que el proyecto en tratamiento “es muy bueno y acorde a las necesidades actuales de nuestra sociedad, ya que es un acto de extrema confianza cuando una familia deja a su hijo a cargo de las personas de un club, y es bueno generar herramientas para su protección”.
De igual manera, consideró que “creo que es una propuesta viable desde lo legal”, y agregó que “sería conveniente que se crease una suerte de registro de prestadores de actividades deportivas, y que cada prestador pueda presentar cada año su certificado, ante la Subsecretaría de Deportes, y actualizarla durante el año de ser necesario”.
Otra de las propuestas que hizo el funcionario, tienen que ver con quitar del texto del proyecto, “que sea la exigencia de presentación del certificado de antecedentes penales, solo para las asociaciones civiles deportivas de segundo y primer grado, ya que al eliminar esa distinción se podrían incluir a todas las asociaciones”.
En cuando a las exigencias establecidas para las asociaciones civiles, Soneira expresó que ayer se publicó en el boletín oficial la Resolución Nº 1.320/24, que busca restablecer hasta el día 31 de diciembre de 2024 la plena vigencia de las Resoluciones Generales N° 3232/2021 (Centros de Jubilados y Pensionados); N° 4338/2022 (Clubes y Entidades Deportivas Barriales), y N° 4339/2022 (Uniones Vecinales).
“Durante la pandemia sacamos en 2021 una resolución para ayudar Centros de Jubilados, y en el 2.022 se extendió a clubes de barrio y uniones vecinales, con la idea de que dichas entidades que no se encuentran exentas de la compleja situación económica que atraviesa el país, cuenten con herramientas concretas para poder regularizar su legajo contable, estas resoluciones son una especie de moratoria, con lo que esperamos que se pongan en regla muchas entidades de nuestra provincia”.
Sostuvo además que “no sólo que se ampliarán los plazos para presentar los balances, sino que lo más importante, es que se extiende el beneficio a todo tipo de entidades, todas las asociaciones civiles pueden ponerse al día en sus acciones contables, para acceder a beneficios”.
Finalmente indicò que “seguimos trabajando para ver de qué manera abaratar los costos de balances y los costos de certificación de firmas, que es lo que se presenta cuando se renuevan las comisiones directivas”.
EL proyecto en debate
El proyecto de ley busca “propender a la generación de espacios seguros, es decir, que cada institución deportiva cuente con los medios necesarios para que cada persona que asista a la misma, pueda desenvolverse de forma plena y sin sufrir vulneraciones de ninguno de sus derechos, especialmente los que velan por su integridad sexual”.
Asimismo se expresa que "el certificado de antecedentes penales, podrá ser utilizado las veces que lo desee por la persona aspirante al cargo, siempre que mantenga su vigencia, lo cual evita que tenga que realizar gastos excesivos y permite que lo utilice en distintas competencias, categorías e instituciones deportivas de las que quiera formar parte".
En el texto del proyecto se entiende que forman parte del cuerpo técnico “las personas a cargo de la dirección técnica y sus auxiliares; personas a carga de la preparación física; personas a carga del entrenamiento de arqueros y/o arqueras; y toda otra persona que se desempeñe en cargos con funciones similares”.
De igual manera, se consideran asociaciones civiles deportivas “a todas las personas jurídicas privadas constituidas legalmente que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas comunitarias o sociales, recreativas, amateurs o profesionales en todas sus disciplinas”. Y, se entiende por asociaciones civiles de primer grado “a aquellas personas jurídicas privadas constituídas legalmente, originadas a partir del acuerdo fundacional de más de dos personas, cuyas actividades son llevadas a cabo sin multas de lucro”. Mientras que las asociaciones civiles de segundo grado, son “aquellas personas jurídicas privadas constituidas legalmente, cuyas actividades son llevadas a cabo sin fines de lucro y que nuclean a más de una asociación civil de primer grado”.
Por otra parte, se designa como autoridad de aplicación y control, a la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, o el organismo que en el futuro la reemplace; quien deberá controlar la implementación y registrar los incumplimientos que se produzcan. Además, deberá asesorar y realizar recomendaciones a las asociaciones civiles deportivas con sede social en la Provincia de Mendoza, a fin de garantizar una mejor implementación.
Las asociaciones civiles que incumplan con las disposiciones previstas, serán pasibles de ser sancionadas con la imposibilidad de participar en el torneo y/o liga deportiva correspondiente a su categoría, hasta su finalización.