La iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo, propone dar una herramienta al juez que dirige el proceso para que, mediante resolución fundada y bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, posibilite la entrega directa de aquellos bienes provenientes de delitos de corrupción, a la Dirección General de Escuelas. El instrumento consiste en modificar el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (CPCCyT) en lo concerniente a las extinciones de dominio.

Cabe recordar que la sanción de la Ley 9151, que incorporó el proceso de extinción de dominio a continuación del proceso de adquisición de dominio por prescripción previsto en el CPCCyT, permitió que los bienes adquiridos ilícitamente, provenientes de la comisión de delitos, en especial de los delitos conocidos como de corrupción, se pudieran recuperar rápidamente cuando el imputado no pudiera justificar, en un juicio civil, el origen de los fondos con los cuales fueron adquirido esos bienes.

La modificación propuesta desde el Gobierno provincial, hace referencia al inciso IX, apartado f) del Artículo 210, referido a las medidas de ejecución de la sentencia, conforme los medios previstos por este Código, y en especial, el plazo para la subasta de los bienes. Dispone al respecto que “efectuada ésta, y deducidos los gastos incurridos para el secuestro, administración y mantenimiento y demás costos procesales, su producido ingresará a Tesorería General de la Provincia. En el caso de que el remate de los bienes resultare manifiestamente antieconómico o cuando la primera subasta fijada fracasare por falta de oferentes o por algún otro motivo no imputable al Tribunal, el juez podrá, mediante resolución fundada, disponer la entrega directa de los bienes a la Dirección General de Escuelas quien, en el plazo de noventa días hábiles, deberá informar al Tribunal el destino final de cada uno de los bienes referidos”.

En los fundamentos, la normativa indica que “este proceso civil de extinción de dominio se erigió como una verdadera herramienta contra la corrupción que tiene dentro de sus objetivos, además de la celeridad y la oralidad, centrarse en los bienes producto del delito desapoderando a los imputados por los delitos previstos en la ley de esos bienes para beneficio de los niños y niñas que concurren a instituciones del Estado”.

Agrega, a su vez, que “en miras de una mayor eficacia, teniendo en consideración el espíritu de la ley ya vigente, este proyecto propone dar una herramienta al juez que dirige el proceso que le permita, mediante resolución fundada y cumpliendo al requisitos, la posibilidad de entrega directa del bien”.

Al hacer uso de la palabra durante la Sesión, desde la UCR, el diputado César Cattáneo indicó que este proyecto “propone cambios en la forma en la que se manejan los bienes incautados en los casos de corrupción o fraudes contra el Estado. Básicamente, quiere agilizar los procesos para que estos bienes incautados se puedan utilizar de la manera más efectiva y que no sufran el deterioro por la falta de mantenimiento y el paso del tiempo”.

“Con estos cambios se busca que el juez pueda decidir rápidamente qué hacer con los bienes en los casos en que la subasta no resulte o sea antieconómica”, agregó y puntualizó que “si eso pasa, los bienes puedan ser entregados a la Dirección General de Escuelas, la que tendrá un plazo de 90 días para decidir qué hacer con ellos”.

El legislador recordó el caso judicial del ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, a quien se le incautaron los bienes y se ha intentado el remate sobre una propiedad en dos oportunidades,  por lo que “si esto sigue así resultará antieconómico”, dijo Cattaneo.

La diputada Laura Balsells Miró (LUM), sostuvo que desde su interbloque apoyarían la iniciativa. Manifestó al respecto que “sabemos lo importante que es la educación y apostar a la educación y pensar en la infraestructura escolar. Entiendo que se está mejorando en calidad edilicia pero todavía hay mucho por arreglar, la infraestructura debe ser primordial y hace a la calidad educativa”.

Por su parte, Emanuel Fugazzotto (PV), indicó que su bloque acompañaría la iniciativa aunque “pidiendo responsabilidad por parte de la Dirección General de Escuelas para que use esto de manera correcta”. “Esperamos que esto aporte para mejorar la educación en Mendoza, y que tenga una finalidad útil, para que se vea en el día a día del sistema que es quizás, el más importante porque forma a quienes van a ser los adultos del futuro”.

Añadió: “Todo lo que tenga que ver con una educación más ágil y eficiente, va a encontrar en esta Cámara, como lo ha estado teniendo hasta ahora, el apoyo para poder realizarse. Que este cargo que le estamos delegando a la DGE sea ejercido con la responsabilidad necesaria y no caiga en saco roto, y que realmente sea un beneficio para la educación”.

En tanto, desde el Partido Justicialista, el diputado German Gómez coincidió en que el proyecto en tratamiento “es una modificación importante y que le da un destino específico, como muy bien marca el artículo, con el condicionante que deba informar la DGE que hace particularmente con ese bien”. Finalmente, añadió: “Creo que es una ley importante, vamos a darle la apoyatura al oficialismo en este proyecto”.

El diputado Alberto López (UCR), integrante de la comisión de LAC que profundizó y redactó despacho sobre este proyecto, manifestó que “quiero mencionar temas que hacen al proyecto; primero la extinción de dominio, darle (beneficios) a la educación es muy importante y aquí reside mucho de la confianza de los legisladores en general, y de la unanimidad que tuvo la comisión al tratar el tema”. Y  añadió que al tener esta ley, “el juez se siente respaldado para tomar decisiones y pasar bienes a la DGE, es un paso adelante muy interesante que ha dado la DGE y que merece el apoyo de esta Cámara”.

El diputado Gustavo Cairo (JxL-LUM) expresó que “entiendo que en los últimos tiempos se ha procurado empezar a rematar para que obtenga recursos la DGE y los emplee de manera eficiente, pero no es bueno que haya casas que se pueden usar para escuelas y se dejen así”. Opinó, asimismo, que “quizás alguno de esos bienes le puede servir más a Desarrollo Social para un refugio de violencia de género; quizás el Estado puede dejar de alquilar inmuebles por los cuales paga, para utilizar eficientemente esto que viene. En primera instancia que quede en la DGE y después se vea cual es el mejor destino”.

Los legisladores coincidieron en que esta normativa “acelera los procesos” ya que en sucesivas oportunidades el o los remates han resultado “antieconómicos”, y con este proyecto se le da una solución a ese obstáculo.

Según señalaron, el proyecto propone una herramienta al juez que dirige el proceso, lo que le permitirá, “mediante resolución fundada y cumpliendo algunos requisitos, la posibilidad de entrega directa del bien”.