Se trata de 1023 millones de dólares que luego del acuerdo suscripto entre el Estado Nacional y la Provincia, podrán ser utilizados en obras de infraestructura para el desarrollo de la provincia.

El plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, que presiden Franco Ambrosini (UCR) y Jorge López (UCR), respectivamente, recibió a los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad,  quienes brindaron detalles del proyecto que busca ratificar el Decreto por el cual se aprueba la adenda por los fondos del resarcimiento por la promoción industrial. El encuentro fue presidido además, por la vicegobernadora Hebe Casado, el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, y los titulares de las comisiones de Hacienda y LAC del Senado, Ángela Floridia y Walter Marcolini.

“Como trámite jurídico, legal, tiene dictamen de Asesoría de Gobierno, Fiscalía de Estado, donde se expresa que el gobernador es quien tiene la facultad de suscribir estos convenios”, dijo Mema al inicio de la reunión, a lo que agregó las circunstancias jurídicas que llevaron a esta adenda y ”la necesidad de su ratificación”.

“Recordemos que esta adenda” deriva de “un conflicto planteado por la discriminación de la provincia por la promoción industrial, que quisimos que tuviera fuerza Ley, por lo tanto venimos a ponerla en consideración”, añadió.

Cabe recordar que la política de promoción industrial aplicada por el gobierno nacional a través de los Decretos 804/96; 1125/96 y 69/97, radicó en un perjuicio para la provincia de Mendoza “por ser arbitraria e inconstitucional”, relata la fundamentación del proyecto de Ley.

Tras muchos años de reclamos, en 1998 se interpuso una demanda por un resarcimiento a favor de Mendoza que derivó, “por la legitimidad y fundamentos del reclamo”, en un Acta Acuerdo celebrada el 29 de agosto de 2006 por la que se reconoce el reclamo formulado oportunamente.

Dicho acuerdo fue aprobado a través de la Ley 7708, ratificado por el Ejecutivo Nacional por medio del Decreto Nº 687/2007, que fuera homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2009.

Posteriormente, el 16 de enero de 2018 el entonces presidente Mauricio Macri dictó el laudo a favor de Mendoza ordenando cancelar la deuda con la provincia “mediante la emisión y entrega de letras intransferibles” por un valor nominal de 1.023.362.922 dólares, lo cual fue ratificado también, por la Ley N° 9170.

Luego del laudo contrario a Mendoza por parte del expresidente Alberto Fernández, Mendoza avanzó con el gobierno nacional respecto a la conveniencia “de ampliar el objeto del Acuerdo pudiendo, asimismo, realizar además de las obras pendientes o planificadas, otras obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial conforme el régimen jurídico local”, a través de una adenda celebrada en abril de este año, que permite, precisamente, la liberación de esos fondos originalmente destinados a la obra Portezuelo del Viento.

En el texto remitido a la Legislatura, se establece además que los fondos, “serán aplicados exclusivamente a financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial y sus accesorios, quedando expresamente prohibida su aplicación a gastos corrientes”.

“Esto es un expediente que habla por sí solo, es el Decreto que ha venido a ratificación de la Legislatura. Tenemos el dictamen del Fiscal de Estado, el dictamen de la Asesoría de Gobierno, el dictamen propio del Poder Ejecutivo y tenemos los antecedentes” de la demanda de la provincia, el primer y segundo acuerdo y el último firmado recientemente. “Venimos con un proceso administrativo que lleva todo este tiempo y hemos venido siguiendo esos pasos que indica la Ley”, subrayó el Ministro de Gobierno.

“No es cerrar o abrir un debate. Es una Ley que ratifica un Decreto firmado por el gobernador en el marco de sus facultades. Lo que se firmó, no está en discusión. Ese es el proceso constitucional”, acotó.

Por otra parte, el funcionario se refirió al Banco público de proyectos, indicando que “el Banco de Inversión Pública está en el Ministerio de Hacienda”, y que “es el marco en el que queremos llevar adelante la priorización de los proyectos” teniendo en cuenta la posibilidad de  repago, y el impacto social y económico.

En tanto, el ministro Víctor Fayad, señaló en relación a la inversión de esos recursos en otras jurisdicciones, que “entre otras cosas, los funcionarios tenemos la obligación de administrar bien los fondos públicos y dentro de esa buena administración, de preservar el valor de la moneda. Lo dicen las leyes”, como la Ley de Administración Financiera.

“En ese contexto, la provincia optó, para evitar que el valor de los fondos que se giraron a la provincia pierdan poder, optó por hacer inversiones”, porque “aunque estén en dólares los fondos se licúan y pierden poder adquisitivo”, resaltó.

Y puntualizó: “Eso se ha hecho en primer lugar, tratando de preservar el valor de los fondos que tiene la provincia y en segundo lugar, absolutamente la totalidad de los fondos se han mantenido en cuentas del fideicomiso, algunas cuentas locales, otras no, pero con el sólo objeto de diversificar y tratar de obtener por lo menos alguna rentabilidad de mínimo riesgo, que nos permita preservar el valor de los dólares que están depositados en las cuentas”.

Por su parte, los legisladores hicieron consultas respecto a reclamos en torno al destino de los fondos, el trámite legal, los proyectos que se encuentran en el Banco de Inversión Pública, sobre el sistema de recupero, entre otros aspecto.