Fueron recibidos por la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados, en el marco del tratamiento del paquete de leyes de Seguridad que remitió el Poder Ejecutivo.

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Franco Ambrosini (UCR), recibió a funcionarios del Ministerio de Seguridad encabezados por el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino y el jefe de Gabinete, Hugo Sánchez, para avanzar en el tratamiento de dos de los once proyectos que forman parte del paquete de leyes de Seguridad que envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura. De la reunión participaron también senadores, encabezados por Walther Marcolini, titular de esa comisión en la Cámara Alta.

Se trata de la ampliación de los juicios por jurado y la creación del Sistema Preventivo, de Control y Registro para la compra y venta de bienes muebles usados y el Sistema de Consulta de Origen de los mismos.

Juicios por jurado

El primero de ellos tiene por objeto ampliar progresivamente la competencia material del juicio por jurados, “ante el éxito indiscutible desde su sanción en 2018”. Según explicó D´Agostino, “el gobierno provincial continúa con su política de expandir el juicio por jurados populares a la mayor cantidad de delitos posibles, manteniendo siempre un criterio de prudencia y gradualismo que permita controlar que este instituto y el sistema de justicia penal no se resienta”.

“La idea es avanzar con los delitos de mayor gravedad”, sostuvo, afirmando que “la intención del Ejecutivo es el de ampliación” de este sistema. “Hay que seguir ampliándolo a los homicidios simples y se incorporan los robos agravados pero en la modalidad de lesiones graves o gravísimas”.

El funcionario, sostuvo que “es importante avanzar en un aspecto que va dictando la casuística. Tenemos 43 juicios por jurado realizados con éxito, en relación a que el sistema  está aceitado pese a su complejidad”. En esa línea, indicó que “había que ajustar algunos detalles especialmente en cuanto a la prueba”, por lo que “se incorpora la audiencia preliminar”.

Explicó al respecto que actualmente las partes, tanto el Ministerio Público Fiscal como la defensa o querellante particular, “que presentan las pruebas al juez, sus teorías del caso, es el juez quien decide qué se eleva al jurado. No existe la posibilidad de apelar esa decisión que ha tomado el juez. Por eso incorporamos esta audiencia preliminar y en caso de que una de las partes considere arbitraria la decisión del juez, que sea otro juez el que decida. Como un doble conforme de la prueba”.

Por otra parte, según expresó, otra sugerencia “que había venido de la propia oficina de juicios por jurado, es que hacían referencia a que cuando se eligen los 12 titulares más los suplentes, que son seleccionados en caso de alguna eventualidad para que no se paralice el juicio, que no se determinen titulares y suplencias hasta el momento de la deliberación para que todos estén atentos al desarrollo de la instancia”.

Ante la consulta del diputado José Luis Ramón (CyC) respecto a si existe imputación presupuestaria para esta ampliación y la posibilidad de incorporar los temas civiles, D´Agostino respondió que “el tema fue coordinado con la oficina de juicios por jurado que están en sintonía, porque no va a modificar desde el punto de vista presupuestario, la incorporación de estos nuevos delitos que prevé el proyecto”. Además, dijo que es una “cuestión sistemática, organizada y ordenada”, que se va “de a poco, no como otras provincias que por avanzar rápido, tienen que dar pasos atrás”.

En igual sentido se expresó en cuanto a una consulta de Emanuel Fugazzotto (PV), sobre los delitos contra la Administración Pública. “El tema del juicio por jurado, es una cuestión de política judicial. Entendemos que lo oportuno es avanzar sistemáticamente, de mayor a menor gravedad respecto de la pena. Se ha ido con una política decreciente en relación a la pena. Si nosotros actuamos espasmódicamente, el sistema va a fracasar. El sistema tiene mucha complejidad”, dijo el subsecretario.

También en cuanto a las causas de abuso sexual consultadas por Gustavo Cairo (LLA), D´Agostino manifestó que la legislación vigente establece tres delitos relacionados con el abuso sexual. El simple, con acceso carnal y el gravemente ultrajante. “Si incorporamos el simple, significarían 200 casos más por año, si a ello le sumamos los ultrajantes, otros 50 más, y los casos de abuso con acceso carnal, otros 50. Con lo cual, serían 300 casos más que harían colapsar el sistema”.

No obstante, afirmó que “deseo que en un futuro próximo todos los delitos estén cruzados por el juicio por jurado”.

Compra – venta de bienes usados

En otro orden, se abordó el proyecto de creación del Sistema Preventivo, de Control y Registro para la compra y venta de bienes muebles usados y el Sistema de Consulta de Origen de los mismos, que tiene por objeto actualizar  la legislación vigente y sistematizar estas operatorias, sumando a este control riguroso todo lo relacionado con autopartes.

Carlos Magnani, director de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad, explicó que se trata de un “sistema de control e inspección, y de establecer obligaciones entre los comerciantes involucrados en las operaciones de compra y venta”.

Consultado por Ramón sobre las ferias de barrios populares, indicó que “claramente no tiene ese objetivo la Ley”, sino que es “para operaciones de compra - venta habituales, de comercios habilitados. Aquello es un tema de regulación más amplio. Acá hablamos del comerciante habilitado”. Además, aclaró que ese tema, “no será objeto de la Ley ni de la reglamentación”.

Lo mismo indicó en relación al comercio por plataformas digitales, aludido por la senadora María Galiñares (UCR).

También Fugazzotto consultó sobre el e-commerce. Sobre este punto, tanto D´Agostino, como Magnani y el jefe de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, comisario Osvaldo Araujo, señalaron que si bien un perfil falso permite disparar un proceso penal, “al otro día dan de baja el perfil”. Es una situación dinámica en donde el delincuente ocupa esos perfiles pero luego los hace desaparecer. “Es un escollo que enfrentamos todos los días”, indicaron.

Por su parte, Edgardo Civit (P. de los Jubilados), hizo mención a las estafas a las que son vulnerables los adultos mayores, mientras que Gustavo Cairo  a los préstamos bancarios que se otorgan de manera virtual. Al respecto, Araujo señaló que “no solamente los adultos mayores son víctimas”, sino que también “hay personas muy jóvenes, avezados en tecnología, que también son estafados en las redes sociales”.

La dinámica de las redes sociales hace que incluso, se vendan aplicaciones para “truchar comprobantes de transferencia”, manifestó, por lo que “vamos intentando de alguna manera prevenir, que es la herramienta más útil que tenemos hoy, y concientizar a la gente a través de diferentes campañas”.

“Estamos tratando de concientizar, apelar a la prevención, la difusión de la toma de conciencia para prevenir”, subrayó.

Participó también del encuentro Ariel Fernández, subjefe de Policía en Función Judicial.