La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Franco Ambrosini (UCR), dio despacho favorable a la creación del Sistema Preventivo, de control y registro para la compra y venta de bienes muebles usados y el Sistema de Consulta de Origen de los mismos, uno de los once proyectos que forman parte del paquete de leyes de Seguridad remitido por el Poder Ejecutivo.

Esta iniciativa, “surge de la necesidad de actualizar y sistematizar el régimen de compra y   venta de bienes muebles usados previsto por la Ley N°8124 y su Decreto Reglamentario N° 1189/10, instituyendo un sistema de control e inspección policial, sumando a este control riguroso todo lo relacionado con autopartes”, señala la fundamentación en la que se resalta que la provincia “debe ser hostil al mercado ilegal de bienes”.

“En la medida que estos mercados marginales estén fuera del control estatal y de las fuerzas de seguridad, se fortalecerá el delito”, sostiene el texto, en el que se añade que “es necesario proponer un nuevo régimen adecuado a la realidad, ya que esta Ley data de hace más de diez años y es necesario contemplar los avances tecnológicos y cambios sociales”.

A su vez, muchos bienes han quedado afuera del Registro y Procedimiento para la compra de Bienes Usados reglamentado por el Decreto N° 1189/10, tales como las bicicletas “que son un bien objeto del mercado ilegal por excelencia y no son bienes registrables según el Código Civil y Comercial de la Nación”.

Por otra parte la Ley 9169, sobre autopartes, “sometía toda intervención a la actuación del Ministerio Público Fiscal, impidiendo a las fuerzas de seguridad realizar inspecciones y actos útiles, en el marco de lo dispuesto administrativamente tendientes a controlar a los establecimientos y locales destinados a la venta de estos bienes. Así, según este proyecto de Ley, las fuerzas de seguridad quedan autorizadas a exigir y comprobar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos por la Ley según cada caso, a requerir la documentación respaldatoria de las operaciones, a realizar la inspección del establecimiento, de los bienes que se encuentran ofrecidos a la venta y/o se mantengan en stock y de la documentación que acredite el origen lícito de los bienes muebles”.

En esa línea, destaca que “están obligados a hacer cesar los efectos de cualquier infracción a la Ley, pudiendo proceder al secuestro de la mercadería encontrada en infracción. Y en caso de advertir la comisión de un delito o una contravención deberán dar aviso al Ministerio Publico Fiscal y/o a la Justicia Contravencional en su caso”.

El sistema de control, “supone la creación de un registro sistematizado para el seguimiento y verificación de los bienes muebles usados puestos a la venta. Su objetivo principal es regularizar el mercado de estos bienes, con la intención de erradicar el comercio ilegal y los delitos asociados a él”, indica el proyecto.

De igual forma, afirma que “el sistema propuesto tiene una doble funcionalidad. Por un lado, reemplazar el viejo sistema analógico previsto en la Ley N 8124 a través de obleas adhesivas, libros en papel, constancias en duplicado, entre otras cuestiones; y por otro, permitir un sistema de registración voluntaria tendiente a servir de herramienta para el seguimiento y la trazabilidad de bienes muebles”.

Según indicó Ambrosini, “contempla diversos problemas que se presentan como por el ejemplo el cobre o autopartes. Viene a regular y dar herramientas para controlar sobre todo ese gran mercado negro que existe” y que hoy “no hay herramientas para sancionar”.

César Cattaneo (UCR), aclaró por su parte que “es para negocios habilitados”.

Firmarlo con modificaciones y posponer el tratamiento una semana

El despacho fue en mayoría, con la abstención de Emanuel Fugazzotto (PV), Gabriela Lizana (FRLN) y Natalia Vicencio (PJ).