La Cámara de Diputados, dio sanción inicial a la ratificación del Decreto del Poder Ejecutivo en el cual se aprueba la adenda por los fondos del resarcimiento por la promoción industrial. Se trata de 1023 millones de dólares que serán aplicados exclusivamente a financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial.

La votación fue por mayoría de votos, resultando 32 votos afirmativos, 13 negativos y 1 abstención.

Cabe recordar que la política de promoción industrial aplicada por el gobierno nacional a través de los Decretos 804/96; 1125/96 y 69/97, radicó en un perjuicio para la provincia de Mendoza “por ser arbitraria e inconstitucional”, relata la fundamentación del proyecto de Ley.

Tras muchos años de reclamos, en 1998 se interpuso una demanda por un resarcimiento a favor de Mendoza que derivó, “por la legitimidad y fundamentos del reclamo”, en un Acta Acuerdo celebrada el 29 de agosto de 2006 por la que se reconoce el reclamo formulado oportunamente.

Dicho acuerdo fue aprobado a través de la Ley 7708, ratificado por el Ejecutivo Nacional por medio del Decreto Nº 687/2007, que fuera homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2009.

Posteriormente, el 16 de enero de 2018 el entonces presidente Mauricio Macri dictó el laudo a favor de Mendoza ordenando cancelar la deuda con la provincia “mediante la emisión y entrega de letras intransferibles” por un valor nominal de 1.023.362.922 dólares, lo cual fue ratificado también, por la Ley N° 9170.

Luego del laudo contrario a Mendoza por parte del expresidente Alberto Fernández, Mendoza avanzó con el gobierno nacional respecto a la conveniencia “de ampliar el objeto del Acuerdo pudiendo, asimismo, realizar además de las obras pendientes o planificadas, otras obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial conforme el régimen jurídico local”, a través de una adenda celebrada en abril de este año, que permite, precisamente, la liberación de esos fondos originalmente destinados a la obra Portezuelo del Viento.

El proyecto remitido a la Cámara de Diputados, dispone aprobar “el Decreto Nº 883 de fecha 09 de mayo de 2024, mediante el cual se aprobó la ADENDA AL ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE MENDOZA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2019 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "APROVECHAMIENTO HÍDRICO MULTIPROPÓSITO PORTEZUELO DEL VIENTO", celebrado entre el señor Ministro del Interior de la Nación, Dr. Guillermo Alberto FRANCOS, el señor Ministro de Economía de la Nación, Lic. Luis Andrés CAPUTO, por una parte; y el señor Gobernador de la Provincia de Mendoza, Lic. Alfredo Víctor CORNEJO, por la otra parte, suscripta el día 25 de abril de 2024, el que como anexo forma parte de la presente Ley”.

En tanto, el Decreto provincial en cuestión, estipula también que dichos recursos “serán aplicados exclusivamente a financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial y sus accesorios, quedando expresamente prohibida su aplicación a gastos corrientes”.

Debate

Jorge López (UCR), hizo un repaso del trabajo realizado en el plenario de comisiones, “donde se hizo hincapié en todos los antecedentes que fueron dando origen al acuerdo suscripto”, señalando al respecto que “todos sabemos que (la promoción industrial) fueron prácticas discriminatorias que afectaron el desarrollo de nuestra provincia”.

“Creemos que una provincia como Mendoza necesita que esos fondos que vinieron a compensar el deterioro de las políticas nacionales, se pongan a disposición de los mendocinos. Lo mejor que podemos hacer es volcarlo en infraestructura para los mendocinos y los futuros mendocinos”, destacó.

Ponderó “este acuerdo con el gobierno nacional”, y consideró “que si el objeto de ese resarcimiento es negado por especulaciones políticas de uno u otro sector, sería un gran error”.

Asimismo afirmó que “se va a a garantizar que estos fondos vayan estrictamente a obras de infraestructura, al desarrollo estratégico de la provincia”, obras que sean “estratégicas y con gran impronta con lo que tenga que ver con el repago, que permitan ir recuperando esos aportes, para seguir financiando otras obras”.

Emanuel Fugazzotto (PV), por su parte, adelantó el voto negativo de su bancada. Sin embargo, consideró que  “hubo un política virtuosa a favor de los mendocinos”. En esta línea dijo que la promoción industrial perjudicó a toda Mendoza, no sólo al Sur, pero que “esperábamos que viniera este proyecto acompañado de un plan de obra y un criterio de distribución”.

Edgardo Civit Evans (Partido de los Jubilados), se abstuvo de la votación ya que consideró que “no hay información de cuáles serán las obras que se realizarán, la forma correcta de tratar esta adenda sería debatir cuáles son las obras y su factibilidad”.  De igual modo expresó que debería reconocerse o beneficiarse más a los departamentos del sur. “porque ellos iniciaron y sostuvieron esta lucha por los fondos de Portezuelo del Viento, el sur debería tener una gran participación”, opinó.

Jimena Cogo (LUM), afirmó que “la provincia tiene la administración de los fondos pero no la disposición final de los mismos”, a lo que sumó que “no puedo acompañar esta adenda porque hay una vulneración jurídica de fondo y porque tampoco sabemos cuál será el destino explícito de esos fondos”.

José Luis Ramón (CxC) hizo hincapié en la necesidad de la construcción de un Portezuelo del Viento que permitiera el trasvase del Rio Grande al Atuel, “que permitiría la ampliación de la matriz productiva de la provincia en el sur” y destacó que “la determinación de las obras debería poder discutirse en el recinto”.

Asimismo, manifestó que “esta adenda es un decreto del Poder Ejecutivo, pero tenemos que tener en claro que en Argentina existe un sistema constitucional que cuando un Ministro de Economía de la Nación firma una adenda con un gobernador, esto necesita la ratificación del presidente de la Nación”.

Por su parte, Franco Ambrosini (UCR) expresó que “tenemos una posibilidad histórica que no podemos desaprovechar. Hay una realidad que es que Portezuelo del Viento no se hizo porque el ex presidente Fernández laudo en contra de los mendocinos. Tenemos 1.023 millones de dólares estancados. No es una Ley más, es la votación de la Mendoza que queremos, activa, pujante, con obras”, resaltando que “las obras que se realicen tienen que tener por objeto el repago, prohibiéndose el uso de esos recursos en gastos corrientes. La promoción industrial perjudicó a varios departamentos sureños. La cuestión es que si a Mendoza le va bien, le irá bien a todos los departamentos”.

German Gómez (PJ) afirmó que “esos recursos se obtuvieron por un reclamo. Esa visión que se tuvo en aquel momento desde Mendoza y desde la Nación produjo una reparación histórica.  El sur se vio profundamente afectado por la promoción industrial y por el diferimiento impositivo”.

De igual manera opinó que “no veo mal lo de la adenda”, pero sí que la “planificación no esté plasmada en una Ley concreta.  No sabemos dónde se harán las obras”. Además, consideró que “por lo menos a la zona sur de la provincia, se le dé un reconocimiento histórico,  la legitimación de origen de los habitantes de la zona sur”, tras lo cual adelantó su voto negativo al igual que “dos diputados más del bloque porque no contempla los intereses de la zona sur”.

Guillermo Mosso (PRO), expuso que  “la promoción industrial como tal, generó un perjuicio enorme a Mendoza, y la magnitud del daño son los impuestos que se dejaron de recaudar y la pérdida económica de las empresas existentes”.

Finalmente, Jorge Difonso (LUM), adelantó el voto negativo de su bloque (a excepción de Civit, que se abstuvo), considerando que “es entregar un cheque en blanco. No pudimos ver el plan de obras que se quiere someter. Hay que sentarse y discutir a dónde irán las obras, buscar el consenso con todos, porque tenemos una gran oportunidad, porque estamos recibiendo una indemnización que está recibiendo Mendoza por una perjuicio que le hicieron”.