Ambas iniciativas son parte del paquete de leyes de Seguridad que remitió el Poder Ejecutivo. Buscan actualizar una Ley que data de 2008, cuando en toda la Provincia solo existían sólo cien cámaras, e incorporar a la orden del día que emite la justicia, los paraderos, las prohibiciones de acercamiento y la prohibición de ingreso a eventos deportivos, entre otros aspectos.
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Franco Ambrosini (UCR), inició el estudio del proyecto por el cual se busca regular la utilización de videocámaras para grabar o captar imágenes y datos en lugares públicos, abiertos o cerrados, con o sin asistencia de inteligencia artificial y el posterior tratamiento de las imágenes y datos que se obtengan de ellas, como así también el que propone ampliar los eventos que se incorporan a la orden del día local que emite la justicia.
Para ello, invitó al subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, y al director General de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, quienes explicaron los alcances generales de estos proyectos que forman parte del paquete de leyes de Seguridad que envió el Ejecutivo.
Videocámaras
“El sistema de videovigilancia es un método de supervisión por imágenes, eminentemente preventivo y que sirve para el abordaje de situaciones, aportando fundamental evidencia en las causas judiciales”, que con el avance tecnológico y la incorporación de nuevas tecnologías en el Ministerio de Seguridad, hace necesario actualizar la normativa vigente que data de 2008, destaca la fundamentación.
Actualmente, en equipamiento móvil y estático hay alrededor de 2170 cámaras entre domos, fijas y reconocimiento automático de patentes. “Un porcentaje de ellas está destinado a reconocimiento de dominios, ubicadas en los corredores interdepartamentales. Además se cuenta con catorce centros de visualización provinciales”, indica el texto, lo que implica “un cambio de paradigma en la metodología de visualización de operadores, despacho del sistema 911 y personal operativo en la calle” e incluso “aporta mayor integración con la Justicia en forma directa mediante un módulo de gestión de oficios para fiscales, entre otros beneficios”.
Además, promueve la incorporación de cámaras de terceros que, según explicó Biskupovich, “tendrán que obviamente cumplir con todos los puntos de esta Ley”.
Indicó que esta iniciativa “limita responsabilidades, define quién es el responsable de que las imágenes estén bien custodiadas, marca cuál tiene que ser la cadena de custodia y delimita en cada punto del proceso quién es el responsable. El responsable técnicamente de que esto no tenga vulnerabilidades, en este caso soy yo, después, operativamente, la gente del CEO que opera técnicamente el sistema, y en el momento que se libre un oficio y se comparte la imagen con la justicia, la justicia también tiene esas imágenes y también tiene que ser responsable del uso de las mismas, en la Ley está bien delimitado”.
Entre otros puntos sostuvo que lo que se pretende es “optimizar el tiempo, recursos y eliminar el error humano”, colaborando a “una justicia más ágil”.
Se incluyen a partir de la propuesta:
-la posibilidad de captar “datos” junto a las imágenes: implica ampliar el objeto de grabación, incorporando la utilización de inteligencia artificial al servicio de video cámaras, reconocimiento de dominios, etc.
-Se legisla la posibilidad de incorporar cámaras privadas al sistema de videovigilancia provincial con el fin de ampliar la capacidad operativa y beneficiar mejores abordajes o seguimientos de -la trayectoria del delito.
-Recepta directivas de la Disposición Nº 10/2015 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) que contiene una serie de principios que aplica a los sistemas de videovigilancia en el territorio argentino, como son: consentimiento, respeto de la finalidad, calidad del dato, seguridad y confidencialidad, ejercicio de los derechos de los titulares. A su vez se han agregado los conceptos de integridad, disponibilidad, seguridad y confidencialidad que surgen de la Resolución N° 1523/2019 de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, sobre las grabaciones y sus sistemas.
-Garantiza el respeto por derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la privacidad, a la intimidad y al honor; y a su vez dando seguridad jurídica a todo el sistema en favor de la seguridad pública.
-Se regula específicamente que los municipios que quieran proceder a la colocación de videocámaras en sus jurisdicciones deberán informar a la autoridad competente y asegurar su compatibilidad con los protocolos estándares recomendados, para permitir la interoperatividad de todos los sistemas.
-Apunta a fortalecer la seguridad pública, a través de la vigilancia tecnológica, colaborando con la disuasión del delito y su posterior investigación, pretendiendo el desarrollo de un sistema preventivo inteligente del espacio público.
https://www.hcdmza.gob.ar/eweb/E-84000/E-84957/E-84957.pdf
Orden del Día
El proyecto plantea la modificación de la Ley Nº 9019 ampliando los eventos que deben ser incluidos en la orden del día local. Además de los pedidos de captura, comparendo, citación y las medidas sobre vehículos, se añaden los paraderos, las prohibiciones de acercamiento, la prohibición de ingreso a eventos deportivos y las inhabilitaciones para conducir.
De acuerdo a la fundamentación, la incorporación de tecnología ha permitido “identificar a miles de personas por día en la vía pública, sin necesidad de trasladarlas para consultar sus antecedentes en alguna dependencia policial y evitando la problemática de que la persona se encuentre sin su D.N.I. a mano o presente una identidad falsa”.
“El sistema primero verifica sin error la identidad de la persona y luego consulta si la misma tiene o no medidas pendientes con la justicia. Esta tecnología nos ha permitido detener a cientos de personas que transitaban libremente por la calle y tenían alguna medida activa con la justicia”, añade.
Asimismo, respecto a los eventos deportivos, el texto destaca que “se trabaja con el programa nacional “Tribuna Segura”, que es el que tiene como objeto el control de acceso a estadios a través de la verificación de identidad de las personas asistentes a eventos futbolísticos. El objetivo es fiscalizar el acceso de ingreso a estadios, constatando la vigencia de alguna restricción o impedimento de carácter judicial o administrativo”.
A los fines operativos se combinan distintas bases de datos para realizar esta tarea, como el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), a través del cual se puede constatar la identidad de los ciudadanos; el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (SISEF) que Integra a todas las personas que están impedidas de ingresar a eventos futbolísticos y sobre las que pesa alguna medida preventiva, como “derecho de admisión”, “prohibición o abstención de concurrencia” y “restricción de concurrencia administrativa”, y la base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) la que permite la carga, consulta y retransmisión de medidas judiciales referente a capturas/detenciones, prohibiciones de salida del país, búsqueda de personas extraviadas, solicitudes de paradero por comparendo, hábeas corpus y medidas restrictivas, entre otras.
“Es una modificación a la Ley vigente para incorporar más medidas al Ministerio de Seguridad. Las que nos informa la justicia es acotada, se cumple, pero tenemos un trabajo aceitado con la justicia nos permite ampliar esa barrera”, indicaron los funcionarios.
Otro punto resaltado, es que “el Ministerio le va a indicar a la justicia los datos obligatorios que tienen que venir en ese informe. Ese protocolo de datos, lo vamos a establecer nosotros y nos vamos a conectar directamente con los sistemas de la justicia para que no haya un tiempo muerto entre que sale el oficio y nos llega. Queremos ampliar para dar mayor control”.
Los legisladores hicieron diversas consultas vinculadas fundamentalmente al proyecto de regulación de las videocámaras. Entre ellas, sobre la posibilidad de analizar algún beneficio impositivo para incentivar a los privados a la incorporación de cámaras; avanzar en convenios para que también se incorporen al sistema las cámaras existentes en aquellos organismos nacionales con asiento en Mendoza; las que se encuentren en el sistema de transporte público; quién determina el uso de datos; dónde se colocarían estos sistemas; quién resguardará la información, entre otros puntos.
https://hcdmza.gob.ar/eweb/E-84000/E-84961/E-84961.pdf