Se trata de una propuesta que busca eliminar la carga administrativa innecesaria y proteger a los pequeños productores mediante la estabilidad económica y la reducción de costos operativos.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, presentó en la Legislatura el proyecto de derogación de la Ley N° 9133, que obligaba el registro de contratos de compra-venta de materias primas agrícolas.

El funcionario, que estuvo acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado, el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, y el presidente del Interbloque Cambia Mendoza de Diputados, Enrique Thomas, explicó que dicha Ley había resultado en una carga burocrática innecesaria para el sector industrial.

“De los 43.000 contratos registrados en cuatro años, solo 397 fueron infraccionados, todos por formalismos, sin denuncias por problemas de pago o entrega de mercadería. Esta ley significaba una tarea burocrática y una erogación de contratos y sellos, dinero que se le quita a la actividad privada”, afirmó Vargas Arizu.

“Estamos coordinando el ingreso de los proyectos del Ejecutivo con el Senado; hemos encontrado una manera ágil  y no burocrática para trabajar en conjunto y no redundar, y este método de trabajar en conjunto nos está dando muy buenos resultados”, dijo por su parte Thomas.

El proyecto de derogación, que ingresó por el Senado, busca eliminar la Ley N° 9133 y todas las normas asociadas a su aplicación. Además, propone que todas las sanciones impuestas bajo esta ley que aún no sean definitivas en sede administrativa o judicial sean canceladas. Sin embargo, las sanciones en curso iniciadas por denuncias de productores afectados no serán afectadas por esta medida.

Asimismo, el proyecto especifica que la cancelación de estas sanciones no afectará los honorarios devengados por abogados, procuradores, peritos y otros profesionales involucrados en los procesos judiciales, ni las costas producidas en dichos procesos. Por otro lado, las sanciones que ya sean firmes al momento de la publicación de la nueva ley mantendrán su validez y efectos legales.

Es importante destacar que no se permitirá la devolución de montos ya abonados ni se cuestionarán las obligaciones ya cumplidas bajo la ley derogada.