La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Vial, que fue remitido por el Poder Ejecutivo y que forma parte del paquete de propuestas en materia de seguridad.

Esta iniciativa introduce cambios a la Ley 9024, relacionados, entre otros puntos, con quienes conduzcan con una alcoholemia por encima del límite del 0,5 g/l.

En ese marco, se incorpora la “facultad del juez para que fundadamente pueda establecer, según la gravedad del caso, la necesidad de concurrencia del infractor a cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable”.

De esta manera, para el caso de reincidencia primera de la infracción prevista en el inciso 7 del Artículo 52, la sanción de inhabilitación podrá ser aumentada hasta 365 días, pudiendo el juez disponer fundadamente la necesidad de concurrencia del infractor a cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable.

Por otro lado, el proyecto busca habilitar tanto a Municipios como a la Dirección de Seguridad Vial, para que puedan obtener la certificación de la calibración los alcoholímetros a utilizarse en la provincia de Mendoza, en convenio con universidades y organismos locales.

Específicamente, dispone la posibilidad de “suscribir convenios con universidades públicas y/o privadas, organismos estatales y/o privados, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra entidad, nacional y/o internacional, a los efectos de obtener el certificado de calibración de los alcoholímetros a utilizarse en la provincia de Mendoza”.

En otro orden, se establecen regulaciones en torno a los vehículos que se encuentran en playas de secuestro.

La votación resultó 30 votos por la afirmativa y 14 por la negativa.

Debate

Evelin Pérez (UCR), indicó como miembro informante que el proyecto “está vinculado al paquete de seguridad que busca brindar herramientas para mejorar la intervención del Estado en casos del alcohol al volante. Establece convenios para calibrar los dosímetros, disminuyendo el tiempo y el costo de estos controles de Ley”, y “se incorpora la reincidencia agravada”.

Señaló además, que se trata de “generar conciencia y trabajar en la concientización pero también de dar herramientas al Ministerio para tomar cartas en el asunto”, dado que “es la misma opinión pública la que pide el endurecimiento de las penas al manejar alcoholizado”.

Por su parte, Emanuel Fugazzotto (PV), manifestó que “nos encontramos en un dilema porque nadie puede ponerse enfrente de este flagelo como es la conducción bajo efectos del alcohol”. El voto del bloque fue positivo con propuestas de modificaciones en relación a los plazos para mantener retenido un vehículo en las playas de secuestro.

Edgardo Civit (P. de los Jubilados – LUM), dijo que objetivamente, “hay que hacer algo” para evitar la cantidad de accidentes que se producen por estos motivos, pero añadió que “si tenemos en cuenta la recesión, la falta de trabajo, mucha gente no va a poder retirar el vehículo. Debemos seguir con la legislación vigente”, adelantando de este modo su voto negativo.

A su turno, Germán Gómez (PJ) se mostró en contra del artículo referido a los vehículos secuestrados. Sostuvo al respecto que “hay una Ley Nacional que regula la propiedad del automotor” por lo que este proyecto “viola la Ley de propiedad. Es una modificación compleja”. Además,  expresó que “la Ley no dice qué condiciones deben reunir esas entidades públicas, privadas, fundaciones, asociaciones no gubernamentales para poder certificar un alcoholímetro”. De este modo, anticipó el voto negativo del bloque.

También Gustavo Cairo (LLA), coincidió en señalar que “puede alterar el derecho a la propiedad” y que “esta Ley tiene varios temas mezclados y muchos muy polémicos. Muchas veces es el propio Estado el que pone obstáculos burocráticos para poder retirar los vehículos de las playas”. Su voto fue negativo.