La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Franco Ambrosini (UCR), dio despacho favorable al proyecto de Ley del Ejecutivo que establece el recupero de las prestaciones de salud que se hubieren realizado en los efectores públicos, en beneficio de quien habiendo conducido bajo efectos del alcohol, participe u ocasione un accidente de tránsito. La iniciativa, con media sanción del Senado, forma parte del paquete de leyes del Plan Provincial de Salud.

De acuerdo a la fundamentación, el objetivo es recuperar “el costo que la violación de distintas normas genera en el sistema de salud público provincial”.

Así, establece facultar al “Ministerio de Salud y Deportes, a través del Ente creado por Ley Nº 9535, al cobro o recupero de las prestaciones de salud que se hubieren realizado en los efectores del Sistema de Salud Público en beneficio del conductor que habiendo incurrido en las prohibiciones del artículo 52 incisos 7 y 8 de la Ley Nº 9024, participare u ocasionare un accidente de tránsito conforme a la responsabilidad que a su respecto establezca la autoridad competente”.

En ese sentido, agrega el texto de elevación a la Legislatura que en materia de accidentes de tránsito, 1 de cada 4 muertes se vincula “con la violación a la prohibición de conducir vehículos bajo los efectos de intoxicación alcohólica o por estupefacientes, a lo que debe adicionarse las víctimas que resultan lesionadas”.

Por otra parte, en materia de vacunación sostiene el texto que “debe destacarse que la misma es considerada un bien social, motivo por el que está sujeta a los principios de gratuidad, garantizando el acceso a los servicios de vacunación con equidad social para todas las etapas de la vida, y que la negativa infundada a la vacunación conlleva la reaparición en la población local de enfermedades que se consideraban erradicadas, como por ejemplo, la poliomielitis, entre otras”.

Añade al respecto que en ambos casos, “el Sistema de Salud pública debe hacer frente a las consecuencias de conductas que infringen normas, que ocasionan serios perjuicios a la comunidad y a las personas, detrayendo recursos que podrían ser destinados a aquellos que mantienen una conducta de convivencia social  y de cumplimiento de la legalidad que no merece reproches”.