Despacho favorable al proyecto vinculado a la Dirección de Promoción y Control de Liberados

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Franco Ambrosini (UCR), dio despacho favorable al proyecto vinculado a la Dirección de Promoción y Control de Liberados, cuyo ámbito de aplicación serán los liberados con dependencia de la Justicia Provincial salvo que exista convenio entre el Poder Ejecutivo Provincial y autoridades Nacionales o de otras Provincias.

Se trata de una institución dedicada a la contención y reinserción social de personas liberadas o bajo libertad condicional, regímenes de excarcelación, condenas de ejecución condicional, entre otros, y su principal objetivo “se relaciona con evitar la reincidencia delictiva de los sujetos alcanzados, a través del control, monitoreo, tratamiento y asistencia, promoviendo así a la seguridad pública”, señala la fundamentación.

En general, a través de esta Dirección “se ejercen tareas de supervisión y tutela, que suponen el acompañamiento al liberado en su proceso de inserción social trabajando con su adaptación, orientando al tutelado respecto a su participación en educación o capacitación laboral, entre otras tareas”, agrega el texto.

En el articulado, el proyecto señala que el Oficial de Libertad Vigilada será seleccionado entre personal penitenciario en actividad o en situación de retiro, que reúna las condiciones establecidas en la Ley de Personal del Servicio Penitenciario de Mendoza.

Actualmente, en la provincia hay cerca de tres mil personas que se encuentran bajo el control de esta Dirección, entre personas en libertad condicional y asistida, personas en prisión domiciliaria, personas bajo el sistema de ejecución condicional, entre otras.

Es un “cambio de paradigma de pasar de un sistema pasivo, que exigía que el liberado se presentara y rindiera cuentas ante la Dirección, a uno activo, donde es la Dirección la que va a buscarlo y controlarlo donde esté. Para ello, se crea la División de Control y Seguimiento. De esta División dependerá el “Oficial de Libertad Vigilada”, agentes responsables del control y vigilancia de los liberados bajo competencia de este organismo”, subrayan.

Entre sus funciones se destaca: verificar la información recepcionada, datos personales, domicilio y arraigo del liberado, controlar el cumplimiento de las condiciones de libertad dispuestas en la resolución judicial, controlar la asistencia del liberado a su trabajo y/o programa de asistencia y tratamiento, y controlar el cumplimiento de las tareas comunitarias dispuestas por resolución judicial, entre otras funciones. También se regula legalmente la posibilidad de utilizar sistemas de seguridad inteligente para un control más efectivo de los liberados.

En el texto de elevación a la Legislatura, se afirma que “una población rehabilitada significa contribuir a una sociedad más segura”, por lo que se pretende “renovar el funcionamiento de esta institución con el objetivo de fortalecer controles y supervisión, logrando resultados tangibles para la sociedad. La modificación también responde a una necesidad de actualización de leyes y regulaciones penitenciarias que deben adaptarse a las cambiantes realidades sociales, culturales y legales. Lo que funcionaba en el pasado puede no ser adecuado para las circunstancias actuales”.

La Dirección tendrá entre sus funciones la de confeccionar un registro y legajo actualizado de los liberados, que tendrá carácter confidencial y los datos que contiene solo podrán ser requeridos por autoridad judicial y/o administrativa en relación a expedientes a su cargo y de forma fundada, y por los liberados y por sus defensores.

En tanto, la División de Control y Seguimiento tendrá a su cargo el Registro de Liberados y los Oficiales de Libertad Vigilada. El Oficial de Libertad Vigilada será el responsable del control de los liberados bajo competencia de este organismo, que será seleccionado entre personal penitenciario en actividad o en situación de retiro, que reúna las condiciones establecidas en la Ley de Personal del Servicio Penitenciario de Mendoza.

Alberto López (UCR), indicó al respecto que tanto este proyecto como el de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario “son cara de la misma moneda” y que “si bien el sistema penitenciario ha crecido, profesionalizándose con más normas y protocolos, esto es un salto cualitativo muy grande siempre apuntando a la reinserción”.

 


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