La Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad, al proyecto de Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, que busca reorganizar el servicio y adaptarlo a las transformaciones que ha tenido a lo largo de los últimos años.

Tal como señala la fundamentación de este proyecto que forma parte del paquete de once leyes de Seguridad, “resulta necesario una Ley Orgánica para el Servicio Penitenciario de Mendoza, desde que de un tiempo a esta parte, se ha expandido la cantidad de metros cuadrados del Servicio Penitenciario tanto como la cantidad de internos, con lo cual se espera que esta reforma permita adecuar la Ley vigente para maximizar la operatividad y funcionalidad de todo el servicio”.

Agrega al respecto que esta propuesta apunta a reorganizar “orgánicamente el servicio, contemplando un cambio significativo en la estructura penitenciaria, equilibrando las necesidades de los internos y su relación con cada establecimiento, la combinación de instalaciones edilicias, los recursos tecnológicos y de estructura, la dotación y especialización del personal designado en función de velar por la integridad física y la adaptación al régimen de las PPL (personas privadas de la libertad)”.

“La norma es ordenadora de los distintos sistemas que interactúan en la administración penitenciaria, que deben estar presentes en la labor cotidiana como son la: seguridad – salud – educación - tratamiento y asistencia. Permite al servicio realizar agrupamientos eficaces en orden con las necesidades de seguridad de las PPL y de la ciudadanía en general, reforzando los controles y el seguimiento para evitar que la cárcel favorezca núcleos delictivos afectando desde allí a la sociedad”, añade el texto.

Según se explica, esta Ley facultaría a la Dirección General del Servicio Penitenciario a realizar la clasificación de las personas privadas de la libertad teniendo en cuenta las distintas variables que se presentan como ser: procesados y penados, hombres y mujeres, madres con hijos, diversidad de género, mayores, jóvenes adultos, estadíos, ejecución de las penas, nivel de adaptación por antecedentes de conflictos carcelarios, franja etaria, resguardo de la integridad física, ex funcionarios de fuerzas de seguridad, enfermedades contagiosas o crónicas, y “demás situaciones que conlleven una correcta y oportuna disposición, teniendo como objetivo claro el establecer prisiones equilibradas y seguras”.

Todo esto favorece los planes estratégicos de abordaje y tratamientos diseñados, “priorizando para ello el desarrollo de conductas y habilidades positivas tendientes a la resocialización, estimulando climas de convivencia estables y seguros para todas las partes”.

De acuerdo al texto legislativo, la actual Ley que regula el servicio penitenciario data de 2009, y muchos de los aspectos que contemplaba sobre la estructura “han quedado obsoletos con el transcurso del tiempo, especialmente en vista del crecimiento de la población penal en los últimos años y la creación de nuevas dependencias. Para entonces no se contaba con alcaidías, centros de alojamiento y complejos como los hoy existentes”, lo que ha generado “una discrepancia entre la normativa vigente y la realidad de la organización de los establecimientos penitenciarios”.

Al momento de entrar en vigencia aquella Ley (7976) existían solo cuatro complejos penitenciarios: “Boulogne Sur Mer”, “San Felipe”, “Almafuerte”, el  Complejo Penitenciario Nº IV “San Rafael” y dos Colonias Penales (Lavalle y San Rafael), con una población penal total de 2.674 internos.

En la actualidad la cifra asciende a 23 unidades, a los que se suma como Unidad 8, la “Prisión Domiciliaria” existiendo en total de 607 personas privadas de libertad, detenidas bajo esta modalidad. “Es decir, se ha quintuplicado la cantidad de unidades, al tiempo que se ha triplicado la cantidad de internos ascendiendo a seis mil trescientos cuarenta y siete (6.347). Es decir que en la Provincia existen un total de seis mil novecientos cincuenta y cuatro (6.954) PPL”.

El proyecto de Ley, contempla aspectos como la misión y conformación del Sistema Penitenciario; las funciones y estructura orgánica de la Dirección General del Servicio, así como los principios generales de las Direcciones Principales como la de Asistencia y Tratamiento, la de Seguridad, Administración, la Dirección Principal del Organismo Técnico Criminológico, y de las Direcciones Regionales del Servicio Penitenciario.

Asimismo, contiene principios generales respecto a los Establecimientos Penitenciarios, como los complejos y los centros de alojamiento, alcaidías transitorias y unidades penitenciarias.

Entre otras disposiciones incluidas en esta normativa, se encuentra la sustitución del capítulo 1 del Título II y el Artículo 191° de la Ley N° 8465, estableciendo que el Sistema Penitenciario de la Provincia de Mendoza estará compuesto por el Servicio Penitenciario Provincial; la Dirección de Promoción y Control de Liberados; la Procuración de las Personas Privadas de la Libertad; la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Inspección General de Seguridad, las que no obstante se regirán por sus leyes específicas.

Debate

El diputado Alberto López (UCR) fue el miembro informante, indicando que durante  el tratamiento del proyecto “no hubo objeciones en la comisión de LAC. Esto viene a fortalecer la estructura jerárquica del sistema penitenciario y adecuarse a los cambios que se han producido en el tiempo”, agregando al respecto que “el sistema penitenciario ha crecido muy bien en calidad”.

Asimismo, resaltó que hace 20 años “el sistema penitenciario no funcionaba como hoy se lo conoce. Ha cambiado en el tiempo y ha cambiado para bien”. Destacó la “formidable inversión” realizada en infraestructura, como así también recordó que “se llevó adelante una inversión en producción, en educación y 20 años después”, se puede observar que en aquella época “sólo 10% de los condenados trabajaba o estudiaba, y hoy el 80% trabaja”.

En este sentido, López subrayó los convenios que el sistema penitenciario ha realizado con empresas privadas, instituciones académicas, y municipios. “En el interior de la cárcel se producen calzados y textil”, resaltó y agregó que en la Colonia Penal de San Rafael, “se producen productos de campo”. A su vez, destacó que “hay una reforma muy interesante en el tema de crecimiento en la gente que estudia, en la población (carcelaria) que trabaja, y el crecimiento en el personal penitenciario y su capacitación”. “Esta Ley viene a adecuar ese mejor funcionamiento”, cerró.

Emanuel Fugazzotto (PV), mostró el apoyo de su bloque al proyecto. Opinó que sería favorable para la reinserción y reconciliación social “de las personas que están pagando una pena, que puedan trabajar en la reparación de los mobiliarios de los centros de salud, escuelas, y comisarias, dándole la posibilidad de trabajar en favor de los bienes públicos”.

Al respecto, sostuvo que  “esto no sólo promoviendo un modelo de economía circular, sino también que se ahorre en recursos, promover la reinserción  con la comunidad, haciéndole saber a las personas que van a los centros de salud, a las escuelas, a las comisarías, de que son las personas privadas de la libertad las que están trabajando para reparar, refaccionar y fabricar lo necesario para que todo funcione bien”.

José Luis Ramón (CxC), afirmó que  “este proyecto es virtuoso en el sentido de mejorar las condiciones, pero no hablemos de otro discurso y centrémonos en la política de lo que significa el sistema carcelario, la ejecución penal y la reinserción de estas miles de personas que en un noventa por ciento son pobres, ladrones de gallinas y muy lejos de estar presos aquellos verdaderos ladrones que no hay manera de que lleguen a la cárcel”.

El legislador opinó que “es necesaria una política que tenga por objetivo que el encarcelamiento no sea concebido como un castigo, sino buscando de verdad la posibilidad de reinsertarse”.

Verónica Valverde, expresó por su parte que “vemos esta Ley desde nuestro bloque como un avance”. No obstante, mostró preocupación por la situación de las mujeres que están alojadas en las cárceles, donde “hay mujeres que sólo ellas pueden ocuparse de sus hijos, por lo que hay niños criándose en ese ámbito hasta los cuatro años, y no tienen  posibilidad de tener un sistema educativo que los contenga”.

También desde el Bloque Justicialista, German Gómez dijo que “nosotros miramos este proyecto con ojos más técnicos que políticos y qué propósitos se podían lograr con él”. Afirmó que no se harán “reformas profundas”, dado que “hay muchas personas que luego de ser condenadas salen a la calle y vuelven a cometer delitos”, y que “si bien hubo mejorarías en estos 20 años, un alto porcentaje de delitos que se cometen no reciben sanciones definitivas. Hay carencia educativa, problemas sociales, cuestiones que hacen que no haya detenidos delincuentes de guante blanco. Espero que sirva para mejorar el sistema”.

Por su parte, el diputado Edgardo Civit Evans (PJA- LUM), anticipó el voto afirmativo del interbloque que representa al manifestar “el apoyo de la Unión Mendocina al proyecto que implica un avance respecto de lo que existe en el día de hoy, sobre todo a través de una legislación como la que se propone, porque tiende a mejorar la situación de los presos”.

El legislador fijó algunas inquietudes particulares pero remarcó que “dentro de lo que es el espíritu de la Ley, que es mejorar la situación actual penitenciaria, que no es de hoy y trae años de arrastre, es que vamos a votar afirmativamente”.