La Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad de votos, al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo vinculado a la Dirección de Promoción y Control de Liberados, que forma parte del paquete de leyes de Seguridad y cuyo ámbito de aplicación serán los liberados con dependencia de la Justicia Provincial salvo que exista convenio entre el Poder Ejecutivo Provincial y autoridades Nacionales o de otras Provincias.

Se trata de una institución dedicada a la contención y reinserción social de personas liberadas o bajo libertad condicional, regímenes de excarcelación, condenas de ejecución condicional, entre otros, y su principal objetivo “se relaciona con evitar la reincidencia delictiva de los sujetos alcanzados, a través del control, monitoreo, tratamiento y asistencia, promoviendo así a la seguridad pública”, señala la fundamentación.

En general, a través de esta Dirección “se ejercen tareas de supervisión y tutela, que suponen el acompañamiento al liberado en su proceso de inserción social trabajando con su adaptación, orientando al tutelado respecto a su participación en educación o capacitación laboral, entre otras tareas”, agrega el texto.

En el articulado, el proyecto señala que el Oficial de Libertad Vigilada será seleccionado entre personal penitenciario en actividad o en situación de retiro, que reúna las condiciones establecidas en la Ley de Personal del Servicio Penitenciario de Mendoza.

Actualmente, en la provincia hay cerca de tres mil personas que se encuentran bajo el control de esta Dirección, entre personas en libertad condicional y asistida, personas en prisión domiciliaria, personas bajo el sistema de ejecución condicional, entre otras.

Es un “cambio de paradigma de pasar de un sistema pasivo, que exigía que el liberado se presentara y rindiera cuentas ante la Dirección, a uno activo, donde es la Dirección la que va a buscarlo y controlarlo donde esté. Para ello, se crea la División de Control y Seguimiento. De esta División dependerá el “Oficial de Libertad Vigilada”, agentes responsables del control y vigilancia de los liberados bajo competencia de este organismo”, subrayan.

Entre sus funciones se destaca: verificar la información recepcionada, datos personales, domicilio y arraigo del liberado, controlar el cumplimiento de las condiciones de libertad dispuestas en la resolución judicial, controlar la asistencia del liberado a su trabajo y/o programa de asistencia y tratamiento, y controlar el cumplimiento de las tareas comunitarias dispuestas por resolución judicial, entre otras funciones. También se regula legalmente la posibilidad de utilizar sistemas de seguridad inteligente para un control más efectivo de los liberados.

En el texto de elevación a la Legislatura, se afirma que “una población rehabilitada significa contribuir a una sociedad más segura”, por lo que se pretende “renovar el funcionamiento de esta institución con el objetivo de fortalecer controles y supervisión, logrando resultados tangibles para la sociedad. La modificación también responde a una necesidad de actualización de leyes y regulaciones penitenciarias que deben adaptarse a las cambiantes realidades sociales, culturales y legales. Lo que funcionaba en el pasado puede no ser adecuado para las circunstancias actuales”.

La Dirección tendrá entre sus funciones la de confeccionar un registro y legajo actualizado de los liberados, que tendrá carácter confidencial y los datos que contiene solo podrán ser requeridos por autoridad judicial y/o administrativa en relación a expedientes a su cargo y de forma fundada, y por los liberados y por sus defensores.

En tanto, la División de Control y Seguimiento tendrá a su cargo el Registro de Liberados y los Oficiales de Libertad Vigilada. El Oficial de Libertad Vigilada será el responsable del control de los liberados bajo competencia de este organismo, que será seleccionado entre personal penitenciario en actividad o en situación de retiro, que reúna las condiciones establecidas en la Ley de Personal del Servicio Penitenciario de Mendoza.

Debate

Eugenia De Marchi (UCR), indicó que el proyecto es uno más del paquete de leyes de seguridad del Poder Ejecutivo,  con el que “se busca evitar la reincidencia delictiva”. En esa línea, dijo que “es importante hacer un seguimiento posterior para que continúen sus estudios y puedan trabajar, y se reinserten verdaderamente en la sociedad”,

Por otro lado, indicó que hay que otorgarle al Ministerio la posibilidad de tomar las decisiones para que “los liberados puedan realmente lograr la reinserción”, por lo que “es necesario acompañar esta política para que cuando salgan estas personas de prisión no se sientan desamparadas, que le brindemos una segunda oportunidad y tengan condiciones dignas de vida”.

Emanuel Fugazzotto (PV), consideró que el proyecto viene a resolver algunas situaciones, pero que también quedan otras para atender como por ejemplo, que “luego de  que la persona recupera su libertad, tiene grandes periodos de tiempo para recuperar el certificado de buena conducta sin la mancha que le genera la causa o la condena por la que ya pagó”

Opinó que el “acompañamiento debe ser en todo proceso” y que “para que esto funcione, tenemos que articular con los organismos de justicia”.

Cintia Gómez (LUM), por su parte, resaltó el objetivo del proyecto, detalló roles específicos de las áreas, y ponderó la descentralización. “Esta Ley viene para mejorar la situación”, dijo, acotando que “hay mucho para seguir mejorando pero este es un gran paso”.

También, añadió, “encontramos el acompañamiento a las familias, porque los familiares no están exentos de lo que pasa con las personas privadas de libertad. Lo único negativo es que nos hubiese encantado ver una mejora económica de los penitenciarios”, señaló.

Asimismo, Gustavo Cairo (LLA) consideró que “esta reforma tiene buenas intenciones”, pero consideró que “no es para quien ha cometido un delito grave, los que normalmente se dedican de manera habitual al delito no están contemplados en esta modificación”.

Finalmente, hizo mención a “un par de institutos que hemos sancionado en esta Legislatura y que han sido tomados por otras jurisdicciones,  y eso me pone orgulloso, como por ejemplo el concepto de reiterancia que salió desde Mendoza y ahora, este mes, la Ciudad de Buenos Aires sancionó una Ley tomando este concepto de reiterancia; y también  el Registro de Huellas Genéticas que tiene cerca de 60 mil muestras en Mendoza, y que en otras jurisdicciones del país con serios problemas delictivos, no lo han implementado”.

También Gabriela Lizana (FRLN) manifestó que “desde nuestro bloque acompañamos el proyecto”, reflexionó sobre “la población carcelaria”, y felicitó “a quienes entienden que el Estado debe tener un rol activo en la búsqueda de trabajo, en garantizar la educación pública, en generar condiciones a la sociedad para que realmente se pueda llevar adelante algo que es tan importante para el ser humano como es el trabajo”, vinculado “al rol del Estado en la reinserción de las personas que salen de la cárcel”.

Por último, la diputada Verónica Valverde (PJ) destacó que “entiendo que este proyecto viene a ser de avanzada, me parece y espero que así sea”; dijo que “la historia sirve para conocerla y no cometer los errores del pasado”, y manifestó que “la reincidencia, la reiterancia o la habitualidad delictiva es un problema con el que convivimos mendocinos y mendocinas. Este proyecto es importante toda vez que se viene debatiendo un proyecto nacional que también va a cambiar la configuración de cómo abordemos este tipo de conductas, y estoy hablando de la baja de edad de imputabilidad. Es algo de lo que nadie quiere hablar, pero es algo que se viene”.