La comisión de Desarrollo Social, que preside Stella Huczak (JxL-LUM) mantuvo un nuevo encuentro en el que se abordó un expediente obrante en la comisión referido a declarar “la Emergencia Alimentaria y Habitacional en todo el territorio de la Provincia de Mendoza, para los Adultos Mayores, Jubilados y Pensionados”, también por otro que establece la “creación del “Programa de Vivienda Popular Única”. Los proyectos son de autoría de Emanuel Fugazzotto (PV) y Laura Chazarreta (FpV-MC), y participaron del encuentro desarrollado hoy, directivos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), encabezados por Héctor Ruiz.
En términos generales, los funcionarios y funcionarias se explayaron sobre la situación actual, el nivel de deuda, los relevamientos que se realizan por las condiciones de cada crédito y vivienda que se adjudicó, y dentro de ese marco, la situación de adultos mayores; ya que un porcentaje ha sido beneficiado desde los años `90 con una vivienda pero muchos de ellos ya han fallecido o no se encuentran en esos domicilios, y en esas casas moran familiares, compradores informales, y/o han sido usurpadas.
Ante esta situación se indicó que el IPV realiza relevamientos en conjunto con PAMI por situaciones puntuales referidas a estas irregularidades y así también se trabaja con municipios de Mendoza, que son quienes se encuentran más cercanos a vecinos y vecinas, y conocen más en profundidad muchas de las situaciones. La situación puntual también se da por la titularidad de los terrenos.
La mora en el pago de las cuotas fue uno de los temas centrales dialogados. Desde el IPV se afirmó que la legislación recientemente aprobada en la Legislatura, la Ley 9378 (marzo de 2022), colaboró enormemente en el recupero y regularización de algunas situaciones. En este sentido, se expresó que “depende mucho de la voluntad de la persona, el asumir esa responsabilidad y pagar”. Entre otros datos, manifestaron que “en el universo total” de créditos, la morosidad alcanza el 60% y que de ese 60%, el 85% corresponde a cuotas menores a 5.000 pesos; lo cual resulta irrisorio por los niveles de inflación sufridos y que esos montos han quedado totalmente desactualizados. Para aquellos que no han demostrado voluntad de pago, y luego de todos los llamamientos correspondientes, se han iniciado procesos de desadjudicación.
“Los planes de pago se adecuan a la posibilidad de pago de las familias”, se resaltó y remarcó que siempre la cuota se adapta al 15%-20% del ingreso bruto familiar. Los programas se han diseñado para poder realizar un relevamiento alrededor de los dos años de haberse otorgado el crédito. En esta línea, manifestaron desde el IPV que poseen 32.000 créditos activos actualmente, y que visto los resultados satisfactorios que tuvo la aplicación de la Ley 9378, se espera sumar 26.000 créditos más. Los mismos alcanzan cuotas cercanas a los 30.000 pesos por lo que, en muchos casos, estos representan a 500 y hasta 1.000 de los anteriormente otorgados, pero de cobro regular puesto que el compromiso que asumen las familias es mucho más alto.
“Hasta el 2016 se entregaban (créditos) en cuotas fijas. Hay casas que han quedado con un valor de 60.000 pesos”, aseguraron en la mesa, con lo cual todos coincidieron en que es imposible financiar hoy nuevos créditos a partir de esos montos.
Al cerrar el diálogo, reflexionaron sobre la importancia de la responsabilidad de las familias en asumir el pago de los créditos por las viviendas, en el trabajo conjunto que realiza el IPV con dependencias nacionales como PAMI sobre los relevamientos necesarios que deben hacerse por la salud y las condiciones habitacionales de adultos mayores (también el trabajo con municipios), y en los casos de desadjudicación que se han dado (y se darán) en virtud del incumplimiento de algunas familias en las obligaciones de pago de la vivienda.
Quedaron diversas inquietudes a dialogar con los funcionarios, por lo que al término del encuentro, Stella Huczak, que preside la comisión, les aseguró que serán invitados nuevamente para mantener reuniones que permitan clarificar algunas dudas y maneras de llevar a cabo procedimientos en estos temas de importancia sustancial más allá de las iniciativas en las que se profundizó.