La comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside Jorge López (UCR), dio despacho favorable al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se establece la adhesión de la Provincia de Mendoza al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), previsto en el Título VII de la Ley 27.742.

Dicho Régimen, apunta a actividades como forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, teniendo en cuenta que estos sectores “cuentan con dificultades intrínsecas para el desarrollo de grandes inversiones, entre las que destacan el capital cuantioso e intensivo y los largos tiempos de recupero de los costos de inversión, que sin un adecuado marco de incentivo que brinde certidumbre y competitividad, verían seriamente afectadas sus posibilidades de ocurrencia, tal como ha quedado históricamente demostrado”, detalla la fundamentación.

Esta “herramienta para atraer grandes inversiones de largo plazo”, procura además “adelantar temporalmente” las condiciones macroeconómicas de inversión, otorgando a quienes - dentro de determinado plazo - comprometan la concreción de grandes inversiones y mientras cumplan dicho compromiso, “la certidumbre, previsibilidad, estabilidad, seguridad jurídica y protección de derechos adquiridos en materia tributaria, aduanera y de normas cambiarias que resultan necesarias para la ocurrencia de dichas inversiones”.

Según explicó López, “en lo referente al impacto de los impuestos locales, existe un capítulo específico que tiene que ver con eso, el capítulo XI de la Ley, que es el que está vinculado a las jurisdicciones locales”, donde además de la adhesión, se señala que no podrán imponer nuevos gravámenes “salvo las tasas retributivas de servicios por los servicios efectivamente prestados”.

En este contexto, en el artículo 224° de la Ley nacional se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, a adherir al RIGl en todos sus términos y condiciones, disponiendo que quienes adhieran “no podrán imponer a los beneficiarios del régimen nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados. Se entiende que existe un nuevo gravamen local cuando se cree nuevo hecho imponible respecto de los existentes al 31 diciembre de 2023 o, asimismo, cuando se modifique el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, las deducciones, las exenciones y/o desgravaciones y/o cualquier otro aspecto de los tributos existentes a dicha fecha, que en los hechos implique una mayor carga fiscal”.

“En el caso de tasas retributivas por servicios prestados, existentes o a crearse en el futuro, éstas no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado a los sujetos individualmente considerados. Se entiende que una tasa excede el costo específico del servicio efectivamente prestado cuando su base imponible se determine sobre la base de ventas, ingresos brutos, ganancias o parámetros análogos. (Art. 225)”.

Objetivos del RIGI

Los objetivos generales vinculados al RIGI tienen que ver con incentivar las Grandes Inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país; promover el desarrollo económico; desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos; incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI; favorecer la creación de empleo; generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse, y “crear para las Grandes  Inversiones que cumplan con los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI.

Además, fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, y fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el Régimen.

El despacho fue votado por mayoría, con la abstención de los diputados del bloque PJ que integran la comisión, y el voto negativo de Jorge Difonso (LUM).

Según indicó la diputada Verónica Valverde (PJ) “no hay una postura consensuada dentro del bloque por lo que seguiremos analizándolo”. En tanto, Difonso señaló que “entiendo que hay una situación de inequidad con las pymes y pequeñas empresas locales”.

El resto de los legisladores del interbloque LUM presentes en la comisión, votaron afirmativamente.