La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio sanción inicial al proyecto del Poder Ejecutivo, por el cual se establece la adhesión de la Provincia de Mendoza al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), previsto en el Título VII de la Ley 27.742. A esta iniciativa se acumuló un proyecto de Laura Balsells Miró (JPL-LUM), en el mismo sentido. La votación, que fue nominal, resultó con 32 votos por la afirmativa y 13 negativos.

Dicho Régimen, apunta a actividades como forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, teniendo en cuenta que estos sectores “cuentan con dificultades intrínsecas para el desarrollo de grandes inversiones, entre las que destacan el capital cuantioso e intensivo y los largos tiempos de recupero de los costos de inversión, que sin un adecuado marco de incentivo que brinde certidumbre y competitividad, verían seriamente afectadas sus posibilidades de ocurrencia, tal como ha quedado históricamente demostrado”, detalla la fundamentación.

Esta “herramienta para atraer grandes inversiones de largo plazo”, procura además “adelantar temporalmente” las condiciones macroeconómicas de inversión, otorgando a quienes - dentro de determinado plazo - comprometan la concreción de grandes inversiones y mientras cumplan dicho compromiso, “la certidumbre, previsibilidad, estabilidad, seguridad jurídica y protección de derechos adquiridos en materia tributaria, aduanera y de normas cambiarias que resultan necesarias para la ocurrencia de dichas inversiones”.

En este contexto, en el artículo 224° de la Ley nacional se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, a adherir al RIGl en todos sus términos y condiciones, disponiendo que quienes adhieran “no podrán imponer a los beneficiarios del régimen nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados. Se entiende que existe un nuevo gravamen local cuando se cree nuevo hecho imponible respecto de los existentes al 31 diciembre de 2023 o, asimismo, cuando se modifique el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, las deducciones, las exenciones y/o desgravaciones y/o cualquier otro aspecto de los tributos existentes a dicha fecha, que en los hechos implique una mayor carga fiscal”.

“En el caso de tasas retributivas por servicios prestados, existentes o a crearse en el futuro, éstas no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado a los sujetos individualmente considerados. Se entiende que una tasa excede el costo específico del servicio efectivamente prestado cuando su base imponible se determine sobre la base de ventas, ingresos brutos, ganancias o parámetros análogos. (Art. 225)”.

Objetivos del RIGI

Los objetivos generales vinculados al RIGI tienen que ver con incentivar las Grandes Inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país; promover el desarrollo económico; desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos; incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI; favorecer la creación de empleo; generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse, y “crear para las Grandes  Inversiones que cumplan con los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI.

Además, fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, y fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el Régimen.

Debate

El diputado Jorge López (UCR), titular de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, fundamentó el proyecto en la Sesión señalando que “a nivel nacional el país se ha vuelto inviable y poco atractivo para la inversión estratégica y a largo plazo”, debido a “una multiplicidad de factores”, vinculados fundamentalmente con la “la alta presión impositiva”, con 148 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales, “el cepo cambiario, que es un ancla para las inversiones nacionales y extranjeras”,  y “la maraña de limitaciones sobre las importaciones y exportaciones, principalmente para la compra de insumos y de capital de trabajo para las empresas que tienen que producir”, lo cual “debería estar más flexibilizado y ser más accesible”.

En esa línea, dijo que “por otro lado, Mendoza ha venido avanzando en disminuir la presión fiscal con disminuciones en las alícuotas de algunos impuestos, y también ha venido buscando a través del ingenio, herramientas para incentivar la inversión en nuestra provincia como el Bono Fiscal I y II, Mendoza Activa en sus distintas versiones. Ya viene desarrollando un camino en ese sentido, dentro del marco de las herramientas que tiene Mendoza”, y remarcó que este proyecto, “no busca reducir ni eximir del pago de impuestos provinciales. Lo que busca es dar certidumbre y estabilidad fiscal para que estas grandes inversiones puedan desarrollarse en este caso, en la provincia”.

Sostuvo además, que la provincia transita su “octavo año consecutivo de equilibrio fiscal y  queremos continuar en ese camino”, explicando al respecto que el instrumento que se trata es para “inversiones por encima de los 200 millones de dólares, y que vean a Mendoza como destino para generar trabajo y desarrollo”.

Por su parte la diputada Laura Balsells Miró (JPL-LUM), expresó que “nosotras coincidimos en nuestro bloque, que es una gran oportunidad de dinamizar la economía, de diversificarla,  es un oportunidad de crecimiento que va a generar muchísimos puestos de trabajo. Si este régimen de incentivo para las grandes inversiones atrae a empresas que van a invertir más de 200 millones de dólares, lo vemos siempre del lado positivo, el agua y nuestros recurso estarán siempre cuidados”.  

Por su parte, Alberto López (UCR) defendió la propuesta indicando que “esta no es una ley ordinaria, es una ley extraordinaria para un caso extraordinario. Estamos viendo cómo salvar el incendio de la casa”.

“No tengo dudas que tenemos que buscar herramientas para salir de esta situación. No podemos quedarnos de rodillas, tenemos que buscar salir”, dijo, agregando que “no nos queda mucha alternativa en esta difícil situación económica. Adecuarnos y tratar de conseguir las mejores inversiones”.

También Gustavo Cairo (LLA), expuso que “los que se quejan de las grandes inversiones no se dan cuenta que necesitamos grandes inversiones. La política mendocina se ha enredado en un círculo chiquito. Se trata de generar divisas para equilibrar la economía, algo que repercute luego en la estabilidad e incluso para la economía doméstica. Acá hacen falta grandes inversiones”.

José Luis Ramón (CyC), expresó su voto negativo a la iniciativa, señalando que es “darle permiso a un grupo reducido de apoderarse de la actividad económica, en perjuicio del pueblo”, porque “van a dar la habilitación legal para incursionar en nuestra provincia, en nuestro país y llevarse lo más caro que tenemos nosotros como capital, que podría ser desarrollado de manera sustentable, con la protección del medio ambiente, donde la regulación de la comercialización, de la producción, sea en beneficio de los consumidores” . Para Ramón se está “marcando un camino no para mejorar la matriz productiva”.

A su turno, Gabriela Lizana (FRM-LN), quien adelantó su voto negativo, cuestionó  que “estas medidas o beneficios se dan exclusivamente a las grandes inversiones” y que “los reclamos históricos de las PyMES siguen sin ser escuchados”, manifestando que “esta actitud de favorecer a los grandes, deja a las PyMES sin competitividad. Las grandes inversiones sin un marco legal, sin política de desarrollo nacional, sin protección a la industria nacional, no es una solución”.

En la misma línea se manifestó Valentina Morán (PJ), opinando que “ofrece privilegios  a quienes van a hacer inversiones, que serán empresas que superen inversiones de  200 millones de dólares”, en “detrimento del desarrollo productivo de nuestro país. Hay que pensar en el país, en nuestra soberanía. La adhesión a esta ley implica la entrega de nuestros recursos naturales, y va a perjudicar a las futuras generaciones”.

En el mismo sentido, se expresó Emanuel Fugazzotto (PV). Consideró que  en nuestra provincia “tendrá impacto directo en una actividad, en detrimento de la matriz productiva de Mendoza, y es justamente buscar el beneficio de la minería. Esta ley beneficia a quienes quieren aplicar el modelo extractivo”. Destacó que “va en detrimento del resto de la matriz productiva agroindustrial que se ha mantenido en el tiempo a pesar de los embates que ha sufrido.

Este no es el camino. Compromete a por lo menos tres generaciones de argentinos”.

De igual manera, Edgardo Civit Evans (PJA), adelantó su voto negativo subrayando que se vota “una serie de beneficios y resguardos  de los cuales no gozamos la mayoría de los argentinos”, expresando asimismo que “no se respeta la Constitución, el derecho a la igualdad.”.

Juan Pablo Gulino (PJ) pidió pensar en herramientas para los empresarios y emprendedores locales. “Le vamos a abrir la puerta a aquellos que tienen 200 millones de dólares para invertir”; “no podemos ser tan ingenuos. Esto es abrirle la puerta para que esa teoría del derrame sea con baranda, porque no va a llegar nunca”.

En tanto, Jorge Difonso (LUM), se opuso al proyecto y se refirió a una nota de rechazo de la Asamblea del Agua por considerarlo “inconstitucional,  que va en contra de la Ley de ambiente y de ordenamiento territorial”. Destacó que “volvemos 50 años atrás”, y que “le daremos beneficios a estas empresas en detrimento de las actividades productivas locales”, generando “competencia desleal”.

Verónica Valverde (PJ), expresó que  “yo al capital no le creo, el capital siempre quiere más capital. El Estado lo que tiene que hacer es conducir los intereses del pueblo para que el capital llegue a esos bolsillos y eso no está sucediendo”. Igualmente, apuntó que “la teoría del derrame no va a dar resultado”.

Guillermo Mosso (PRO), quien cerró las alocuciones, apoyó el proyecto afirmando que “el RIGI es un régimen de beneficios de tipo aduanero, impositivo y cambiario para lograr atracción de inversiones en sectores que son motores de crecimiento para la economía argentina estancada. Sectores donde hay inversiones de escala importante, por eso se habla de un monto de 200 millones de dólares como mínimo, y pone un plazo para adherirse”.

“Se da estabilidad por 30 años, tratando de recrear algo que el presidente Milei está intentando lograr en sus 7 meses de su primer año de gobierno, que es tener un país ordenado fiscalmente y macroeconómicamente”, apuntó.

En el mismo orden, Mosso consideró que Mendoza, “en la adhesión a este régimen está diciendo que nosotros vamos a continuar en el sendero de la disciplina fiscal, baja progresiva de ingresos Brutos, vamos a seguir en el mismo camino, vamos a consagrar esa estabilidad fiscal”.

Finalmente realizó consideraciones sobre la Ley nacional 29.146 de Inversiones Mineras (1993), indicando que “gran parte del espíritu de esa Ley está hoy en el RIGI” y destacó que “si hubiese habido RIGI, hoy VALE estaría funcionando en Malargüe”.