Los integrantes de la comisión de Ambiente y Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, que preside Gabriel Vilche (PRO), luego de enviar al archivo varios expedientes por resultar extemporáneos según el Reglamente vigente en la Cámara Baja, se abocaron al análisis de los proyectos ingresados a la comisión desde el mes de mayo a la fecha.
Entre ellos, debatieron sobre la iniciativa de Ley de la diputada Jimena Cogo (JxL-LUM) que solicita al Poder Ejecutivo designar consejeros del Departamento General de Irrigación, a los representantes de Cuencas de los Ríos Mendoza, Tunuyán, Atuel, Diamante y Grande.
La figura del Consejero es parte integrante del Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación, y según afirma Cogo “se ha sentado la práctica de designar para integrar “El Consejo”, uno de los regantes de cada una de las 5 “subdelegaciones” en que a los efectos de la administración hídrica se divide Mendoza, dejando sin representación a las cuencas más importantes de los ríos de la zona sur, Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado”.
De esta manera, continúa, “se ha dejado sin participación ni representatividad a las cuencas de los ríos sureños”, haciendo además hincapié en que por “los innumerables inconvenientes, de público conocimiento, con la provincia de La Pampa por temas hídricos, es de vital importancia para la provincia que dicha cuenca sureña cuente con un Consejero”.
Cartelería política
Asimismo fue analizado un proyecto de Valentina Morán (PJ) que busca regular la gestión de la cartelería política de los partidos políticos una vez finalizadas las campañas electorales, evitando la contaminación del ambiente.
Hace referencia a que “la generación de residuos sólidos urbanos ha aumentado significativamente en las últimas décadas, lo que ha llevado a la saturación de rellenos sanitarios y al incremento de la contaminación ambiental, de cauces y acequias”, destaca Morán en el texto legislativo.
A esta situación se le suma, “en contextos electorales, la cartelería colocada en el espacio público por los partidos políticos. Al no existir regulación para su tratamiento y gestión, provoca contaminación ambiental generando multiplicidad de inconvenientes, es por eso que tomar acciones sobre la problemática es fundamental”, dice la diputada, quien agrega que “no se apunta a la prohibición total del uso de la cartelería, simplemente a la responsabilidad por parte de organizaciones políticas partidarias. Es algo que los ciudadanos reclaman hace mucho tiempo y una buena señal política es que los partidos políticos regulen su propia actividad”.
Entre otros puntos contemplados en la iniciativa, se establece que todo partido político que compita en elecciones de candidatos para cargos municipales, provinciales y/o nacionales, sean primarias o generales, y ejerza la actividad de colocar carteles publicitarios en la vía pública, queda obligado a retirar dicha cartelería de la vía pública en un plazo no mayor a 15 días de finalizado el período electoral.