La comisión Especial de Género y Erradicación de Trata de Personas, que preside Giuliana Díaz (UCR) recibió a las autoras del proyecto que busca  establecer un protocolo de actuación ante situaciones de violencia por motivos de género en todos los organismos de la Administración Pública Provincial. La iniciativa ya obtuvo sanción en la Cámara Alta y está en análisis en Diputados.

En función de ello, es que la comisión recibió a las senadoras Claudia Najul y Mariana Zlobec, quienes redactaron el proyecto cuyo objetivo es “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y personas del colectivo LGBTQ+, promoviendo espacios laborales libres de discriminación y violencia y discriminación basadas en género, orientación sexual, identidad de género y su expresión”.

Lo aprobado en el Senado promueve también la capacitación de las personal que estén a cargo de aplicar dicho  protocolo.

Las autoras narraron que el texto “lo empezamos a trabajar con víctimas de violencia de género y sus abogados” y sumaron que se tornó evidente que en varias instituciones no existía ningún tipo de protocolo para actuar frente a un eventual caso de violencia de género.

En este sentido es que se decidió la presentación de una iniciativa para exigir a los organismos públicos que tengan un protocolo, aunque, según aclararon las senadoras  “no es para generar nuevas estructuras, sino que dentro de las estructuras existentes se organice”.

Es decir, no debería implicar presupuesto, y no se necesita abrir ningún tipo de oficina para cumplir con la norma.

Si el proyecto se convirtiera en ley tal cual está redactado, se permitiría que cada institución pública elabore su propia guía atendiendo a que “se debe respetar la idiosincrasia de cada organismo”, según definió Zlobec, quien además celebró que los distintos municipios de Mendoza cuentan con un área abocada a la prevención de la violencia contra mujeres y diversidades.

Es que, lejos de perseguir un protocolo unánime, “lo que se pretende es una guía, una herramienta” que funcione dentro de las dependencias.

Ese “respeto a la idiosincrasia” sin embargo no quedaría exento de un marco de elaboración estipulado en el proyecto. De esa manera “todo protocolo de actuación deberá respetar los principios fundamentales de trato digno a la víctima”, quien deberá “ser escuchada en su relato sin menoscabar su dignidad y sin intromisión en los aspectos que no guarden relación con los hechos o que carezcan de pertinencia para el caso en cuestión”.

La  “no revictimización” también está especificada en la norma y  “se evitará provocar la reiteración del relato de los hechos, así como también, consultas inconducentes o innecesarias” y de igual manera se obliga a la “confidencialidad y respeto” a la privacidad de la persona, resguardando la protección de sus datos personales y excepcionalmente, dando a conocer solo lo indispensable ante un pedido debidamente fundado.

“Es muy importante que los lugares de trabajo se involucren en luchar contra la violencia hacia la mujer” expresó por su parte la senadora Najul; quien relacionó esto con el hecho de que donde no existe protocolo y ha habido casos de violencia de género “no hubo acompañamiento y las mujeres tuvieron que hacer todo en forma particular”.

Tanto las senadoras invitadas como las integrantes de la comisión de la Cámara de Diputados coincidieron en la necesidad de que los virtuales protocolos que se elaboren den conocimiento a las víctimas sobre dónde denunciar.

En ese sentido, la diputada Sol Salinas (Interbloque Cambia Mendoza) aseguró que “el protocolo es un antecedente; si bien no es vinculante funciona como antecedente” a la hora de recurrir a la Justicia, mientras que Laura Balsells Miró (Interbloque LUM) explicó que ya se trabaja en la creación de un equipo interdisciplinario que bien podría funcionar en ambas Cámaras para atender estas problemáticas.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Giuliana Díaz, sumó que de hecho, las comisiones de Género de cada Cámara podrían funcionar como espacio seguro y que, frente a un eventual caso de violencia de género, las trabajadoras podrían comunicarse “con alguna de nosotras”, en referencia a las integrantes de ambas comisiones. “Podemos brindar las condiciones de seguridad a las denunciantes en la comisión. La comisión es un nexo necesario”, sostuvo.