La comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, que preside Rolando Scanio (LUM), inició el estudio de una iniciativa por la cual se propone regular la “asignación del nombre de los bienes muebles e inmuebles del Estado o lugares públicos de cualquier naturaleza”, que fuera impulsado por Emiliano Campos (MC-UCR).

De acuerdo al proyecto, tal regulación será “aplicada por todo organismo del Estado:  provincial, municipal, autárquico, autónomo o descentralizado, que revista facultades para imponer nombres a bienes muebles e inmuebles, vías de circulación, obras, monumentos, espacios públicos, entidades en general o en cualquier otro supuesto en el que se deba asignar denominaciones”.

También resalta la participación de la comunidad, ya que propone que se arbitren “los medios para propiciar mecanismos de participación ciudadana de personas físicas y/o jurídicas en las propuestas para la imposición de los nombres”. Asimismo, “con el fin de consolidar la identidad y construir la memoria de la comunidad geográfica y humana cuyos bienes públicos muebles e inmuebles, se sometan a designación, se deberán priorizar y considerar, aquellos nombres que más representen a la región”, se subraya en los artículos.

Para los legisladores es “sumamente interesante” el debate, puesto que se regularizan las condiciones por las que se decide la imposición o cambio de nombre a bienes muebles e inmuebles de la provincia. “Debemos analizar la forma jurídica correcta”, manifestaron en la reunión, y definieron continuar con su estudio en el próximo encuentro así como remitir también el proyecto a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

Además, indicaron que en el mismo sentido, la Dirección General de Escuelas (DGE), por ejemplo, tiene una reglamentación interna referida a estos temas, primordialmente por los nombres impuestos a las escuelas.

Un punto destacado de la normativa propuesta es que indica el procedimiento a seguir para la imposición de nombres que, con un rol preponderante de la Legislatura provincial, expresa que se deberá formalizar la propuesta por escrito incluyendo una biografía, currículum vitae, adhesiones de la ciudadanía en particular, autorización de familiares, entre otros puntos vinculados al nombre de la persona que se propone.

De igual modo, prohíbe la imposición de nombres “de personas que se hubiesen desempeñado en cargos públicos de cualquier tipo durante los gobiernos de facto; o que hayan sido condenados por delitos dolosos; las denominaciones que conlleven connotaciones partidarias; las designaciones contrarias a los valores democráticos, a la paz y la concordia social, o que signifiquen una reivindicación de hechos violentos o una ofensa a cualquier persona o grupo de personas; los nombres de personas o hechos que hayan incumplido con el principio de la perspectiva de género”; entre otras.

En otro orden, los integrantes de la comisión continuarán evaluando la posibilidad de reunirse con funcionarios relacionados a las obras públicas nacionales en la provincia, más precisamente las referidas a caminos, puesto que cada legislador ha realizado un punteo de lugares que se desean visitar y consultar por el estado de avance de las mismas.