Esta modificación a la Ley Nº 6441, que data de 1997, forma parte del paquete de leyes de Seguridad que envió el Poder Ejecutivo.

Las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales, que presiden Jorge López y Franco Ambrosini (UCR), respectivamente, se reunieron en plenario para analizar el proyecto remitido por el gobierno provincial que busca regular la actividad de seguridad y vigilancia privada.

Para ello, recibieron al director de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad, Carlos Magnani, al director del Registro Provincial de Armas y Registro de Empresas Privadas de Vigilancia (REPAR-REPRIV), Adrián Méndez, y a  Ignacio Gandolfo, del Departamento de Asesoría de la Dirección REPAR- REPRIV. Terminada la reunión, los integrantes del plenario firmaron despacho por mayoría.

Los funcionarios, advirtieron que “el proyecto encuentra su necesidad en actualizar la legislación que data de 1997, en adaptarla a la realidad actual, porque desde esa fecha han habido modificaciones laborales, comerciales, y estas empresas han tomado otro volumen que afecta las relaciones laborales y comerciales. Además, no tomaba en cuenta la tecnología”.

En cuanto a los objetivos, Magnani indicó que son “evitar la competencia desleal, lo laboral, obtener una óptima calidad en el servicio de seguridad. Contempla además de la seguridad tradicional, la seguridad que prestan las empresas que se valen de la tecnología, también el aspecto de la seguridad interna”.

Sobre este punto, Méndez señaló que “cuando hablamos de seguridad interior, es que a veces con el afán de dar trabajo no se medía a quién se contrataba. Hubo varios hechos de inseguridad por ese motivo, con gente que tenía antecedentes penales.  También el querer cubrir determinados eventos y muchas veces no miden las consecuencias”, en relación a la cantidad de personal según la dimensión de un evento, por ejemplo, deportivo.

“Con la 6441 no podemos regular esos aspectos”, subrayó, “no tenemos legislación que regule estas situaciones. Además, las situaciones de seguridad que se veían en el ´97 no son las mismas que se ven ahora, la 6441 no prevé la tecnología, tenemos muchos grises, se nos plantean problemas. La persona que hace seguridad privada maneja mucha información. Queremos tener un acercamiento con la seguridad privada para que el SEO tenga posibilidad de saber quiénes están trabajando en la calle. Fundamentalmente nos favorece como ciudadanos”, destacó.

Por otra parte, ante las consultas de los diputados, los funcionarios del Ministerio de Seguridad señalaron que mientras en 1997 había 20 empresas registradas con 400 vigiladores, en la actualidad hay 175 empresas con más de 9800 vigiladores. “Es uno de los rubros que más creció en la pandemia ante la necesidad de seguridad que hizo proliferar esta actividad”, dijeron. De la misma manera, manifestaron que se estima que la informalidad en el rubro alcanza al 40%, “muchas veces generada por la necesidad de tener seguridad 24 horas. Una empresa se rige por la Ley de contratos de trabajo, lo que implica pagar 13 mil pesos más IVA la hora según el convenio colectivo de trabajo, pero a veces viene otra y ofrece menos por el mismo servicio”.

Por otra parte, expresaron que con estas modificaciones “se pretende trabajar sobre la solidaridad responsable” en relación a quienes se sirven de ese servicio, y que “claramente hay que tener en cuenta que por más que sean empresas de seguridad privada forman parte del sistema de seguridad pública. Se pretende una mayor colaboración con aquellas empresas que hoy no están reguladas por la Ley. Ejemplo, las zonas rurales, bodegas, que tienen en muchos casos seguridad tecnológica. Vamos ahora a tener una complementación con la fuerza pública”.

De acuerdo a la fundamentación del proyecto del Ejecutivo, “en los últimos años, se ha producido un notable crecimiento de la actividad de seguridad privada que obedece a los cambios y dinámica social, avances tecnológicos, economías en desarrollo, nuevos paradigmas, entre otros aspectos”. Sin embargo, la expansión en la oferta de estos servicios, “no ha sido acompañada por una extensión en el alcance del control y supervisión por parte de la Autoridad de Aplicación y tampoco de una normativa acorde con estos cambios”.

La seguridad “es una necesidad básica y un servicio esencial para la comunidad, que desde una mirada conglobante abarca la seguridad pública y la privada, y hacia dentro de cada una, los recursos humanos y tecnológicos. La tendencia hacia un concepto de seguridad integral, junto con los avances tecnológicos, son factores que condicionan la necesidad de modificar la legislación vigente”, subraya el texto.

Esta propuesta prevé “la estructura necesaria para llevar adelante una seguridad privada de mayor calidad y eficiencia; diferenciando así la seguridad privada humana, servicio de vigiladores tal como lo conocemos hasta hoy; seguridad privada interna, que es la que se presta hacia adentro de un establecimiento con personal dependiente de la institución; y seguridad privada, que es la que supone instalación, mantenimiento y monitoreo de sistemas de alarma y videovigilancia”.

Estas nuevas realidades que aplican al servicio de seguridad “no están contempladas en la Ley actual, que engloba un alcance ambiguo y a su vez incompleto de la seguridad privada, tal como hoy se desarrolla en la provincia y el país”, añaden los fundamentos.

De esta manera, el proyecto busca dotar de profesionalismo a las empresas de seguridad privada, estableciendo como condición contar con personal capacitado y especializado en el sector, incorporando la obligatoriedad de educación secundaria para su personal, especificando las tareas del director técnico, diferenciando los requerimientos según se trate de seguridad privada humana y tecnológica, entre otras cuestiones.

También otorga a la Autoridad de Aplicación de especiales facultades para establecer protocolos de actuación, recomendaciones y guías de trabajo en la prestación de servicios de seguridad y en relación con las alertas hacia el Sistema de Emergencia Coordinado y las fuerzas de seguridad, “con el objeto de lograr mejores abordajes”.

Asimismo, proporciona “herramientas en una doble dirección, por un lado tendientes a que aquellas prestadoras que hoy funcionan en la clandestinidad muden hacia la legalidad, pudiendo ejercer a partir de allí un adecuado seguimiento y control sobre ellas; y otra, destinada a dotar de herramientas a la Autoridad para penalizar el incumplimiento de la ley, haciendo responsables también a quienes se sirven o benefician de tal informalidad”.

Las propuestas, cambios e incorporaciones formuladas en este proyecto, “no solo mejoran y resuelven problemas técnicos y operativos, sino que también profundizan decididamente en un modelo que avanza en la informatización y profesionalización de la seguridad privada, como parte integrante de un sistema de seguridad ciudadana, apostando por su tarea preventiva”, puntualiza.