Integrantes de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, que preside Jorge López (UCR), dieron despacho favorable, por mayoría de votos, al proyecto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a realizar los actos necesarios a fin de “transferir la totalidad de las 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A. de titularidad de la Provincia de Mendoza”. Este proyecto establece que el proceso de transferencia que se instrumente, “deberá asegurar los principios de concurrencia, publicidad, igualdad y transparencia”.

Al iniciarse el encuentro, López indicó que “el interés del Ejecutivo es avanzar con este tema. La intención siempre fue que la empresa no cayera”. Además, sostuvo que el objetivo es que la provincia pueda avanzar “en los procesos de selección de las mejores propuestas sin afectar los procesos”, ya que se conoció el interés de privados por estas acciones de la provincia de Mendoza en IMPSA.

La votación resultó afirmativa por mayoría de votos, con la abstención de los bloques del PJ y LUM, quienes plantearon conocer aspectos sobre la gestión de las autoridades que la provincia designó en la empresa; si evaluó el gobierno provincial la posibilidad de continuar con su participación en ella, y respecto al término “trasferencia” expresado en la redacción del proyecto.

Fundamentación del proyecto y reseña

Tal como indican los fundamentos, en el año 2020 IMPSA solicitó formalmente la participación del Gobierno Provincial y Nacional en el Plan Integral de Recomposición de su Estructura de Capital, mediante su publicación en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores.

En tal sentido, la empresa solicitó la asistencia del Gobierno Nacional a través del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, debido a “la grave falta de capital de trabajo y el riesgo en la continuidad de sus operaciones, pago de salarios, contribuciones e impuestos, entre otros. La asistencia requerida tuvo por finalidad permitir a la empresa asegurar la continuidad de sus operaciones, mantener la fuente de empleo para sus más de 720 empleados propios y las más de cien PYMES con las que trabaja, conservar las tecnologías desarrolladas durante su historia y contar con el capital de trabajo necesario para mantener sus operaciones. Para ello, el Gobierno Nacional solicitó que la Provincia también fuera parte de esta operatoria”.

En el texto de elevación del proyecto, se señala que el Plan Integral de Recomposición de la Estructura de Capital de lMPSA “que fuera aprobado por los acreedores en el marco del Acuerdo Preventivo Extrajudicial que gestionara oportunamente, comprendió tres (3) etapas”: la “reestructuración de la deuda mediante el APE, el cual fue aprobado por los acreedores en noviembre del 2020”; la “capitalización de la empresa mediante la emisión de una nueva clase de acciones (Acciones Clase C) destinada al ingreso de fondos genuinos que le permitieran a lMPSA contar con el capital del trabajo necesario para el desarrollo normal de sus operaciones hasta que se regularizaran los mercados y flujos de sus contratos”, y el “Listado de las Acciones Clases A y B para la venta de las mismas en favor de los Beneficiarios de los Fideicomisos de las Acciones de la compañía”.

Afirma que el objetivo fundamental de la solicitud cursada en aquel entonces por lMPSA al Estado Nacional y Provincial, fue “aumentar el capital social de la compañía mediante la emisión de acciones correspondientes a una nueva clase “C” de acciones ordinarias nominativas no endosables que la Provincia de Mendoza acordó suscribir parcialmente e integró el aumento de capital de la empresa mediante la suscripción e integraciones de dichas acciones clase “C”.

La condición bajo la que accedió la Provincia a formar parte de esta operación fue “que el Gobierno Nacional integre la totalidad del monto comprometido, razón por la cual envió un Aporte del Tesoro Nacional por la suma que la Provincia se comprometió a integrar”, explica, agregando que de esta manera, “los fondos que integró la Provincia fueron destinados a atender los costos operativos, pago de salarios, impuestos y contribuciones, avance de proyectos nuevos y en marcha y los costos del APE, situación ´ésta que de no haberse verificado, no hubiera posibilitado mantener las fuentes de trabajo de los más de 720 empleados directos que posee la empresa y la cantidad de trabajadores indirectos que hubieran visto resentida su economía”.

En virtud de ese proceso, la Legislatura de Mendoza sancionó la Ley 9.319 que dispuso autorizar al Ejecutivo provincial a suscribir e integrar, hasta 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A.

Sin embargo, sostiene la fundamentación, “habiéndose cumplido el objetivo” y “existiendo actualmente posibles compradores nacionales e internacionales interesados en la adquisición de las Acciones Clase C que ostenta la provincia”, se hace necesario “gestionar la autorización legislativa pertinente para desvincular la participación del Estado provincial en el paquete accionario de IMPSA”.