La comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, que preside Stella Huczak (LUM) profundizó en el análisis de dos proyectos vinculados a la adhesión a la Ley de Lengua de Señas Argentina (LSA), y a la creación de un Registro de Cuidadores de Adultos Mayores.

Durante el encuentro, se señaló que la Lengua de Señas Argentina es una lengua natural y originaria, que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas.

El proyecto de Paola Calle (MC-PJ) busca adherir a la Ley Nacional que fomenta e impulsa el acceso y el uso de la LSA de todas las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua para tener una accesibilidad efectiva y plena a la vida social. Asimismo, busca evitar cualquier tipo de perjuicio a la LSA y a sus usuarios naturales, que son las personas que se identifican lingüística y culturalmente como miembros de la comunidad sorda argentina.

En este sentido y para avanzar en su tratamiento, se consultará con los autores del proyecto para salvar algunas inquietudes sobre el mismo.

Por otro lado, se analizó una pieza legislativa de María Eugenia De Marchi (UCR), para la creación de un Registro de Cuidadores de Adultos Mayores en la provincia de Mendoza, con el fin de regular y supervisar las actividades de los profesionales que brindan cuidados a este grupo etario.

En los fundamentos del proyecto menciona que “se vuelve imperativo desarrollar mecanismos que garanticen los derechos y el bienestar de los adultos mayores, como lo establecen los principios de la Convención La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, también “la Convención establece que los Estados Parte deben proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor y que para cumplir con ese deber”

Mencionando además que “los Estados deben tomar medidas para prevenir, sancionar y eliminar las prácticas de aislamiento, abandono, sujeciones físicas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados y todos los malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a la persona mayor”

Esta iniciativa resalta asimismo “la creciente demanda de servicios de cuidado contrasta con la limitada disponibilidad de cuidadores calificados, lo que crea una brecha significativa que impacta negativamente en la calidad de vida de esta población vulnerable”, motivo por el cual se propone la creación de este registro.

Este proyecto responde a la necesidad de establecer un sistema organizado que permita conectar a familias y personas mayores con cuidadores capacitados, asegurando que los cuidados se realicen de manera profesional y en un entorno seguro.

Para continuar con el tratamiento de este expediente se invitará a la autora del proyecto para exponerlo ante esta comisión en las próximas semanas.