La iniciativa, autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a realizar los actos necesarios a fin de “transferir la totalidad de las 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A. de titularidad de la Provincia de Mendoza”.

La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio media sanción al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el cual se lo autoriza a transferir las acciones Clase C que la provincia tiene en Impsa. El proceso de transferencia que se instrumente, “deberá asegurar los principios concurrencia, publicidad, igualdad y transparencia”, establece además, el articulado del proyecto.

Tal como reseña la fundamentación, en el año 2020 IMPSA solicitó formalmente la participación del Gobierno Provincial y Nacional en el Plan Integral de Recomposición de su Estructura de Capital, mediante su publicación en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores.

En tal sentido, la empresa solicitó la asistencia del Gobierno Nacional a través del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, debido a “la grave falta de capital de trabajo y el riesgo en la continuidad de sus operaciones, pago de salarios, contribuciones e impuestos, entre otros. La asistencia requerida tuvo por finalidad permitir a la empresa asegurar la continuidad de sus operaciones, mantener la fuente de empleo para sus más de 720 empleados propios y las más de cien PYMES con las que trabaja, conservar las tecnologías desarrolladas durante su historia y contar con el capital de trabajo necesario para mantener sus operaciones. Para ello, el Gobierno Nacional solicitó que la Provincia también fuera parte de esta operatoria”.

Afirma que el objetivo fundamental de la solicitud cursada en aquel entonces por lMPSA al Estado Nacional y Provincial, fue “aumentar el capital social de la compañía mediante la emisión de acciones correspondientes a una nueva clase ``C” de acciones ordinarias nominativas no endosables que la Provincia de Mendoza acordó suscribir parcialmente e integró el aumento de capital de la empresa mediante la suscripción e integraciones de dichas acciones clase ``C”.

La condición bajo la que accedió la Provincia a formar parte de esta operación fue “que el Gobierno Nacional integre la totalidad del monto comprometido, razón por la cual envió un Aporte del Tesoro Nacional por la suma que la Provincia se comprometió a integrar”, explica, agregando que de esta manera, “los fondos que integró la Provincia fueron destinados a atender los costos operativos, pago de salarios, impuestos y contribuciones, avance de proyectos nuevos y en marcha y los costos del APE, situación ´ésta que de no haberse verificado, no hubiera posibilitado mantener las fuentes de trabajo de los más de 720 empleados directos que posee la empresa y la cantidad de trabajadores indirectos que hubieran visto resentida su economía”.

En virtud de ese proceso, la Legislatura de Mendoza sancionó la Ley 9.319 que dispuso autorizar al Ejecutivo provincial a suscribir e integrar, hasta 454.300.000) acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A.

Sin embargo, sostiene la fundamentación, “habiéndose cumplido el objetivo” y “existiendo actualmente posibles compradores nacionales e internacionales interesados en la adquisición de las Acciones Clase C que ostenta la provincia”, se hace necesario “gestionar la autorización legislativa pertinente para desvincular la participación del Estado provincial en el paquete accionario de IMPSA”.

Debate

Jorge López (UCR), titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, afirmó que “nunca la voluntad de la provincia será seguir teniendo esas acciones porque esta participación del gobierno de la provincia, fue de carácter momentáneo”, y agregó que  “lo que se pretende es que la empresa siga manteniendo su perfil competitivo y de renombre internacional,  como lo ha tenido a lo largo de su historia, por ello desde el momento  en que aparecieran fondos privados que quisieran invertir, es que la provincia no iba a obstaculizar ese proceso, y en el contexto actual en el que el gobierno nacional tiene la voluntad de llevar adelante la apertura de este proceso competitivo, donde distintos capitales privados  puedan hacer sus ofertas, es que el gobierno solicita esta licitación, que se realizará a través de un proceso transparente, bajo las normas establecidas por ley”.

En este sentido, ponderó que “hay que poner en valor lo que IMPSA significa para la economía de Mendoza, cuenta con más de 720 empleados altamente capacitados y especializados en el desarrollo tecnológico de la industria energética, lo cual ha llevado a que las últimas décadas ha sido un empresa emblema de Argentina en todo el mundo”.

De igual manera destacó que “más allá de la generación de empleo es una empresa sumamente importante, por la relación que genera con pymes mendocinas que están vinculadas a su sector económico”, como la metalmecánica.

Gabriela Lizana (FRLN), afirmó que “IMPSA no es cualquier empresa ni es cualquier situación porque este es un momento crucial para la soberanía energética en nuestro país”. En esa línea, se manifestó en contra del proyecto afirmando que  “el desarrollo sostenible es usar los recursos actuales  sin comprometer la utilización de ellos en el futuro. IMPSA es líder en desarrollo sostenible en el mundo. Es energía, renovación eólica, solar, nuclear, ingeniería hidráulica, y la tenemos nosotros acá en Mendoza, cuando el mundo trata de controlar los recursos estratégicos de los países, nosotros decimos que se encarguen los capitales privados. Si avanzamos podemos perder autonomía energética”.

José Luis Ramón (CyC), adelantó el voto negativo de su bloque, manifestando que “IMPSA es emblema del patrimonio de los mendocinos, no es un tema menor”. “Nos estamos desprendiendo, a valor cero, intentando autorizar una cesión de una empresa que es un patrimonio de todos los mendocinos. Más de 700 empleados hoy, preparados, capacitados, para hacer una serie interminable de actuaciones económicas de producción, de servicios, y de productos que se pueden distribuir en el mundo”, continuó.

También mencionó la importancia de “conservar la soberanía sobre los términos energéticos en un país”, y dijo no entender por qué “si no hay deuda, y si la hay es posible de llevar adelante, y el estado mendocino tiene superávit, y la provincia tiene equilibrio fiscal; no hay un proyecto de desarrollo de esa empresa”.

Por su parte, Mauro Giambastiani (MM), adelantó el voto positivo de su espacio, y justificó que si bien tuvo que “hacerse un salvataje de IMPSA”, el Estado “no puede estar siempre bancando, bancando y bancando”.

“IMPSA en su momento fue salvada, entiendo la necesidad que tenía la economía local de mantener a esta empresa con la importancia que ha tenido IMPSA para Mendoza para el mundo y por todas las obras que tiene”, dijo, pero sacarla de la órbita del Estado “puede darle un valor importante y eso va a impactar en la economía local, como hizo IMPSA todos los años que no fue estatal y dio valor e ingresos a la provincia de Mendoza, y nos posicionó en el mundo por el trabajo que hacía. IMPSA de la mano del Estado no va a progresar”.

Gustavo Cairo (LLA), se  mostró a favor de la norma considerando que “nadie duda que IMPSA es una empresa ícono de Mendoza, un orgullo nacional, generada por capitales privados, perjudicada muchas veces por el Estado, como lo fue en el caso de la Construcción de represas  en Santa Cruz en el año 2010. Este gobierno y el anterior decidieron rescatarla en un momento muy difícil y yo estuve de acuerdo con ese rescate, y ahora corresponde que IMPSA vuelva a jugar en las grandes ligas, que vuelva a ser una empresa privada, que vuelva a estar en el escenario internacional de las grandes licitaciones, como lo ha hecho y no depender de un contratito para ver si equilibra las cuentas. Y para ello es necesario que vuelva a su esencia, ser una empresa privada competitiva”.

A su turno, Jimena Cogo (PRO-LUM), adelantó el voto negativo de la bancada y  aseveró que “nadie puede negar como mendocinos la importancia de lo que significa IMPSA para cualquiera de nosotros, es una situación compleja que nos toca decidir. Hago referencia a la situación financiera unida a lo político y no tenemos los suficientes informes para poder analizar los balances que dicen que son deficitarios. No tenemos las herramientas para poder decidir”. Aunque “creemos en la privatización”, pidió por una alternativa para que las acciones se vendan a un monto igual o superior al que fueron adquiridas.

Verónica Valverde (PJ), ponderó “las posibilidades de trabajo que se pueden brindar a los mendocinos” y tras adelantar anticipar el voto negativo, sostuvo que “tomar una decisión de estas características resulta complicado” porque “compromete un recurso de los mendocinos”.

Guillermo Mosso (PRO Libertad), aclaró que todo este proceso “arrancó con un pedido de la propia IMPSA, que pidió que el Estado nacional y provincial le comprara una nueva emisión de acciones. Fue una decisión iniciada por el gobierno nacional y por último el mérito de la decisión del gobierno provincial”.

“Yo vi esta solución como transitoria, de emergencia y no permanente. Este criterio aplicó el gobierno de Mendoza” sostuvo; señaló “el carácter importante y estratégico que ha tenido IMPSA en Mendoza, es la que llegó más lejos en la apertura de nuevos mercados, y es  muy importante por el capital humano y tecnológico”, y afirmó que “es mucho mejor salvar una empresa en marcha que desguazarla.

Además opinó que “el Estado no conoce de dinámica tecnológica, de lo que ocurre en los distintos mercados, no tiene el músculo ejecutivo, por lo cual esta solución es la adecuada y la correcta”.

También el diputado Edgardo Civit Evans (Partido de los Jubilados Auténticos) manifestó que “todas las naciones desarrolladas del mundo son pragmáticas en estas cuestiones”, y puso como ejemplo empresas estatales de Francia. “Parece que aquí estamos de patadas al mundo”, afirmó. “Nosotros tenemos que defender el patrimonio de los mendocinos”.

El diputado Germán Gómez, que preside el bloque del PJ, manifestó que “es un momento difícil, complejo. No nos dicen el futuro de la empresa. Todos reconocemos el valor estratégico de la empresa pero no nos pueden explicar hacia dónde vamos”, y consideró que si con los trabajos que ha realizado IMPSA en tantos países, por qué hay solo una empresa interesada hoy en la compra de las acciones.

Enrique Thomas (PRO Libertad), consideró que “esta decisión es importantísima”.

Luego de hacer una reseña por la historia de IMPSA, destacó que “tenemos hoy este desafío, para defender realmente una empresa que no tiene que desaparecer, sino que tiene que crecer en empleo, en trabajo”.