Este miércoles ingresó en Diputados el proyecto para disolver el Ente de Agua y Saneamiento y transferir parte de sus funciones al Departamento General de Irrigación.

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de Ley que tiene como objetivo promover la disolución del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS) y transferir la asignación de las funciones de regulación, protección de los derechos de los usuarios y control de los servicios de agua potable y cloacas, al Departamento General de Irrigación.

Actualmente, según se menciona en el documento, el Departamento General de Irrigación “interviene activamente en la asignación del recurso hídrico, tiene presencia permanente en el territorio”, y “cuenta con una estructura institucional y de profesionales idóneos”.

De esta manera, se considera que la elección del DGI como ente regulador se fundamenta en su sólida trayectoria en la gestión de recursos hídricos, su “profundo conocimiento del territorio mendocino y su capacidad técnica para abordar los desafíos del sector”. Además, la institución cuenta con una extensa red de infraestructura y personal especializado, lo que permitirá optimizar los procesos y reducir costos.

En el proyecto también se señala que “resulta necesario contar con un nuevo marco normativo que distribuya y asigne funciones en materia del servicio público de agua potable y saneamiento de acuerdo a la actualidad del sector, basado en un enfoque integral que abarque las diferentes modalidades de prestación de servicios en la provincia de Mendoza”.

Aspectos clave del proyecto de Ley

El texto propone una nueva estructura regulatoria. En este sentido, se establece un marco normativo que permitirá adaptar la regulación del sector a las constantes evoluciones y desafíos, como por ejemplo el cambio climático y el crecimiento poblacional.

Además, al ampliar las funciones del Departamento General de Irrigación, éste tendrá un rol central para establecer las pautas tarifarias y el control de la calidad del servicio, ya que se implementarán mecanismos más rigurosos para garantizar que el agua suministrada cumpla con los estándares de calidad establecidos.

El Ente, según el proyecto, “atenderá a objetivos económicos, sociales y ambientales, procurando en este caso el sostenimiento y promoción de los espacios verdes vinculados directamente con la prestación”.

También se detalla que las tarifas deberán reflejar los costos de operación, mantenimiento, inversiones en expansión y renovación del sistema y amortización de los servicios y, en su caso, una retribución razonable para el operador, en el contexto de una administración eficiente.

Irrigación tendrá la función de elaborar planes estratégicos a largo plazo para el desarrollo del sector. También se garantizarán los derechos de los mendocinos a acceder a un servicio de agua potable de calidad y a un saneamiento adecuado. Se establecerán asimismo, mecanismos para que los usuarios puedan presentar reclamos y participar en la toma de decisiones.

Este proyecto, además, busca incentivar las inversiones en infraestructura y tecnología para mejorar la calidad y la eficiencia del servicio, especialmente en áreas rurales y periurbanas.

De esta manera, se priorizará la protección de los recursos hídricos y la promoción de prácticas sostenibles en la gestión del agua, como la reutilización de efluentes y la eficiencia en el consumo.

Otro de los aspectos a destacar es que se buscará fomentar la participación ciudadana a través de audiencias públicas y mecanismos de consulta para garantizar la transparencia y la legitimidad de las decisiones.

De igual forma, desde Irrigación se deberá implementar un sitio web relativo al programa de información al usuario sobre aspectos como “marco normativo del servicio de agua potable y saneamiento; resoluciones emanadas de los organismos de control del Agua y Saneamiento; informes anuales de gestión; información actualizada de las empresas operadoras en la Provincia de Mendoza; índices de cumplimiento de los planes de inversiones y expansión del servicio; fecha, lugar y hora de las audiencias públicas programadas y un espacio para reclamos y/o sugerencias de los usuarios”.

Así, el Departamento General de Irrigación tendrá la facultad de ampliar la publicación de información y a utilizar e implementar otros medios y sistemas de comunicación para brindar información al usuario y para el mejor cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

Sobre la preservación de la calidad del recurso hídrico

La nueva normativa promueve una gestión coordinada y colaborativa del recurso hídrico, estableciendo claras líneas de competencia entre el Departamento General de Irrigación y los municipios. Así, al referirse a una coordinación institucional, el documento señala que “el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, convocará a los organismos de la administración central y descentralizada, institucional o territorial, con competencia hídrica, para que procedan a unificar sus procedimientos en la aplicación de las normas de calidad, su control y la promoción de los sistemas de tratamiento más convenientes”.

Esta articulación interinstitucional permitirá una gestión más eficiente y eficaz del agua, evitando duplicaciones y garantizando la aplicación uniforme de las normas en todo el territorio provincial. Además, se fomenta la investigación y desarrollo de tecnologías de tratamiento de efluentes, con el objetivo de promover prácticas más sostenibles.

EPAS: transferencia de patrimonio y planta de personal

El proyecto detalla que el total del patrimonio del EPAS será transferido a entidades u organismos que se determinarán en su momento.

Sobre la situación de la planta de personal, el proyecto sostiene que “el Poder Ejecutivo dará pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia laboral, priorizando la situación del personal del Ente. Previa preselección del personal que se realizará antes de la fecha de su disolución, se ofrecerá a los trabajadores en relación de dependencia con el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento una alternativa definitiva de conformidad”.

Esas opciones serán, por un lado, “una incorporación voluntaria al Ente Regulador o al operador Agua y Saneamiento Mendoza SAPEM, siempre que ello se ajuste a las necesidades de la entidad y medie aceptación expresa por los interesados. A los efectos, se tendrá en consideración la capacitación y las funciones desarrolladas en el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento y la idoneidad para las actividades que desarrollará”.

La otra opción será la de “optar por aceptar la reubicación en otra dependencia de la Administración Pública Provincial, en el caso de ser posible y en la medida que se manifieste esa necesidad, o en su defecto una desvinculación y cese laboral debidamente indemnizada”.