La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Franco Ambrosini (UCR), inició el análisis del proyecto del Poder Ejecutivo, con media sanción del Senado, por el cual se busca modernizar el funcionamiento de la Dirección de Personas Jurídicas.

Para ello, recibió a Francisco Mondotte, director general de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial; Sebastián Soneira, titular de la DPJ, y al catedrático Raúl Romero, quienes brindaron un amplio detalle de los objetivos que se persiguen con esta nueva normativa propuesta.

Según explicaron, la Ley 9002, actualmente vigente, no contempla aspectos que sobre todo tras la puesta en marcha de las SAS – Sociedad por Acciones Simplificadas -, resultan necesarias incorporar, a lo que se suma el avance tecnológico que permite dar mayor agilidad a todos los procesos. Si bien esta Ley no es antigua, la iniciativa elevada a la Legislatura “recoge la experiencia de esta Dirección” donde “desde 2020 prácticamente la tramitación es online, a excepción de la rúbrica de los libros que es lo único que ha quedado en soporte papel”, explicaron.

La Dirección de Personas Jurídicas tiene dos áreas, la de Asociaciones Civiles y la de sociedades comerciales, y precisamente sobre estas últimas, es que se pretende en líneas generales, “agilizar los procesos y simplificar trámites en aquellas cuestiones que hacen a Mendoza como destino de inversiones”.

Como ejes centrales, los referentes señalaron la “obligatoriedad de registrar los fideicomisos, algo que es importante y una deuda que tenemos hacia la seguridad jurídica en cuanto al tráfico mercantil”. Asimismo, “ampliar las vías de tramitación, concretamente se reproduce la experiencia exitosa con la colocación de un modelo predispuesto para las SAS y se ofrece para todo tipo de tipología societaria y asociativa. Se van a reducir notablemente los errores que muchas veces cometen los usuarios cuando pretenden inscribir una entidad”, indicaron.

Además, permitirá que profesionales matriculados como abogados, contadores, escribanos, “puedan elaborar previamente los dictámenes que sustituirían a los dictámenes de personal interno de la Dirección, haciéndose responsables de ello. Tanto para inscripciones como para modificaciones” de esas registraciones.

En esa línea, afirmaron que “estamos recogiendo normativamente vivencias que han sido exitosas en otras partes del mundo como España, y que permite este dictamen de precalificación de un profesional externo a la institución”.

Con estas herramientas sumadas a un avance tecnológico que beneficiará al usuario que va a interactuar con un portal, “tendrá un procedimiento más ágil”, aseguraron.

El tercer punto, es la parte registral. “Hace años venimos trabajando en el legajo digital de las entidades registradas, lo que sucede con el Registro de la Propiedad Inmueble. La idea es que remotamente se pueda acceder a estos datos y así cualquier contador, notario, podrá hacerlo de manera online. Con esto se cumple un anhelo y una obligación de parte del Estado que es dejar a disposición de toda la ciudadanía los datos que son públicos”. Si bien aclararon que no todo lo que se llega a  la Dirección tiene vocación registral y no todo es necesariamente público, lo que cumpla ese requisito “será público y no será necesario pedirlo porque estará abierto a la consulta”.

Previo a la sanción de la Ley 9002, “teníamos una vieja Ley en la época en que las sociedades no se tramitaban todas en la DPJ, algunas lo hacían en los Juzgados Civiles. Esa ley nace porque en ese momento se había unificado el panel societario en esta Dirección”, pero los expedientes estaban guardados en un galpón con lo cual, “no podíamos ir a un sistema digital cuando ni siquiera teníamos el expediente físico a la mano”. Ya con todo digitalizado, “expediente por expediente,  podemos pasar a esto” que se está planteando en el proyecto en análisis.

En relación a las asociaciones civiles, que no entran en esta propuesta, explicaron que es porque “tienen un carácter político que es el bien público”, lo que implica que “además del control legal hay un control de mérito, por eso no entran dentro de la Ley, porque tienen aspectos que van más allá de las técnicas jurídicas”, que deberían ser contempladas en legislación nacional.

“Sobre las personas jurídicas in fines de lucro, hubiésemos querido avanzar más. Hemos logrado muchas cosas pero no pueden ir en la Ley. Hablamos de bajar costos por ejemplo, con los notarios, pero eso es gestión”. En ese marco, dijeron que “habría que pedir un proyecto en la Nación para que contemple estos aspectos como los altísimos costos que tienen que afrontar estas entidades que son por ejemplo, uniones vecinales”. Se trata, añadieron, de “materia de fondo, de una Ley nacional”.

Para las sociedades, en cambio, se plantea un camino “pensado para emprendedores, jóvenes empresarios, que tienen ideas pero pocos recursos. La SAS entra por modelo, no hay que ir a abogados ni nada, se tramita por modelo que lo hemos aplicado también para todos los tipos societarios”.

Asimismo, como novedad, se incorpora el “dictamen bajo responsabilidad profesional. Lo van a usar las que necesiten contratos de cierta complejidad, a los que el modelo les queda chico.  En esos casos puede entrar precalificada por un profesional bajo su responsabilidad. Por eso hablamos con Colegios Profesionales para que se dicten talleres de capacitación. Es una especialidad interesante”.

En otro orden, indicaron que de cada 10 sociedades comerciales inscriptas en la provincia, casi el 70% han sido SAS, en los últimos años, lo que convierte a Mendoza en una de las pioneras en la materia.  “Es la Meca de las SAS porque ha adaptado todo al nuevo marco legal, el rol del Estado, en relación a la actividad económica. Se ha incrementado el ritmo de matriculación”, y se avanza con esta nueva Ley, “permitirá tener datos estadístico por ejemplo, de los emprendimientos que surgen con fuerza pero después desaparecen”.

Destacaron al mismo tiempo que se está trabajando en 10 desarrollos informáticos, entre ellos, la reserva de denominación. “Es decir reserva del nombre. Eso implica hoy una interacción con una persona que tiene que cotejar si el nombre existe dentro de los registros. En el corto y mediano plazo también podrá realizarse online, incluso con inteligencia artificial. No requerirá ningún ida y vuelta, se podrá resolver en el acto. En esto se está trabajando más el portal, más los formularios”. Otro aspecto en el que se quiere avanzar es en el libro digital para “dejar de lado el libro físico”.

Finalmente, anunciaron que en las próximas semanas “tendremos algo que no funciona en otro lado: los certificados de vigencia saldrán bilingües”, sobre todo pensado en los exportadores y el comercio internacional. Se firmará también un convenio con la Universidad Nacional de cuyo “para llevarlos luego al portugués y al chino mandarín. Mendoza se ha convertido en referente”.

El objetivo es que para 2025 “esta Ley se encuentre funcionando a pleno”, porque “facilita la constitución, facilita información y disminuye costos”.