La Cámara de Diputados otorgó sanción definitiva, de manera unánime, al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se plantea la “Ley Orgánica de la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Sociedades, Contratos Asociativos y Fideicomisos de la Provincia de Mendoza”, que en definitiva busca modernizar el funcionamiento de la dependencia estatal.
Este proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, plantea en los fundamentos que “la Ley Nº 9.002 dio un primer gran paso en el camino hacia la modernización, transparencia y eficiencia de la labor estatal en materia de personas jurídicas, posibilitando los avances que nuestra Provincia dio sobre la materia, y que han sido reconocidos en los más destacados foros académicos sobre la especialidad, en relación con el resto de las jurisdicciones provinciales y nacional”.
Asimismo, la fundamentación pone el acento en que una vez sancionada esta Ley, ya había entrado “en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación con su nueva regulación sobre personas jurídicas, contratos asociativos, contratos de fideicomiso y títulos valores, y la Ley Nº 27.349 que incorporó al elenco tipológico, el tipo societario “SAS”, cuya recepción e implementación en nuestra provincia, merced a nuestra Ley Nº 9.002, ha sido considerada ejemplar a nivel nacional, junto a la provincia de Córdoba”.
En este sentido, el texto añade que “la Ley 9.002, ha cumplido acabadamente su misión”, por un lado, posibilitando que se diera el primer paso hacia la modernización y digitalización en la materia, y por otro, colocando a nuestra Provincia “en la cúspide nacional en la recepción y operatividad del tipo “SAS”, ampliamente preferido por nuestros emprendedores y nuestra mediana empresa”.
De este modo, se expresa que “con la finalidad de continuar avanzando conforme las exigencias de los tiempos que vivimos”, y “por la velocidad en que operan los cambios en nuestros tiempos, sobre todo en materia empresarial”, se torna imprescindible efectuar modificaciones y adecuaciones, las cuales, dadas ciertas circunstancias, “imponen, por imperio de la buena técnica legislativa, sustituciones totales”, reseña.
En otro orden, en la fundamentación se subraya que esta propuesta ha sido “analizada no sólo junto a las principales unidades académicas de nuestra provincia sobre la especialidad” que también intervinieron en su redacción, sino también “con los colegios y consejos profesionales provinciales directamente implicados (abogados, escribanos públicos y contadores) tanto como con organizaciones y gremios empresariales de nuestro medio; todos los cuales, se mostraron favorables y alentaron la proyectada reforma”.
Durante el tratamiento en comisiones, los legisladores manifestaron la importancia de esta iniciativa, ponderando que los cambios permitirán mayor agilidad a trámites, sobre todo a quienes se encuentran en zonas más alejadas a la metrópoli; “hay un federalismo interno”, se subrayó; y a su vez, se destacó el proceso de “digitalización”, entre los puntos más importantes.
También los funcionarios que concurrieron al momento de estudiarse esta normativa, indicaron que la Ley 9002, actualmente vigente, no contempla aspectos que, sobre todo tras la puesta en marcha de las SAS – Sociedad por Acciones Simplificadas -, resultan necesarias incorporar, a lo que se suma el avance tecnológico que permite dar mayor agilidad a todos los procesos. Si bien esta Ley no es antigua, la iniciativa elevada a la Legislatura “recoge la experiencia de la Dirección de Personas Jurídicas” donde “desde 2020 prácticamente la tramitación es online, a excepción de la rúbrica de los libros que es lo único que ha quedado en soporte papel”, explicaron.
Como ejes centrales, los referentes señalaron en aquella oportunidad, la “obligatoriedad de registrar los fideicomisos, algo que es importante y una deuda que tenemos hacia la seguridad jurídica en cuanto al tráfico mercantil”; a lo que sumaron: “ampliar las vías de tramitación, concretamente se reproduce la experiencia exitosa con la colocación de un modelo predispuesto para las SAS y se ofrece para todo tipo de tipología societaria y asociativa. Se van a reducir notablemente los errores que muchas veces cometen los usuarios cuando pretenden inscribir una entidad”, indicaron.
El tercer punto, es la parte registral. “Hace años venimos trabajando en el legajo digital de las entidades registradas, lo que sucede con el Registro de la Propiedad Inmueble. La idea es que remotamente se pueda acceder a estos datos y así cualquier contador, notario, podrá hacerlo de manera online. Con esto se cumple un anhelo y una obligación de parte del Estado que es dejar a disposición de toda la ciudadanía los datos que son públicos”, afirmaron los funcionarios al concurrir a comisiones.
Para las sociedades, se plantea un camino “pensado para emprendedores, jóvenes empresarios, que tienen ideas pero pocos recursos. La SAS entra por modelo, no hay que ir a abogados ni nada, se tramita por modelo que lo hemos aplicado también para todos los tipos societarios”.
Un dato relevante que se dio a conocer en la mesa de estudio mencionada, fue que de cada 10 sociedades comerciales inscriptas en la provincia, casi el 70% han sido SAS, en los últimos años, lo que convierte a Mendoza en una de las pioneras en la materia. “Es la Meca de las SAS porque ha adaptado todo al nuevo marco legal, el rol del Estado, en relación a la actividad económica”.
En síntesis, esta Ley facilita la constitución, facilita información y disminuye costos.
Debate en el recinto
El miembro informante del oficialismo fue el diputado Alberto López (UCR) quien manifestó que “este proyecto es muy interesante porque es una adecuación tecnológica, a los nuevos tiempos. Es extenso y técnico”.
Destacó al respecto que “con la nueva ley, se agrega un sistema totalmente digitalizado que tiene un formulario inteligente sin necesidad de un contador, ni de un abogado”, a lo que agregó que “ayuda a bajar costos de ONGs y sociedades”.
Finalmente, destacó que este proyecto “es un paso adelante muy interesante. Los municipios más alejados de la ciudad de Mendoza no tendrán que trasladarse porque todo estará digitalizado. Otra cosa importante es que los datos, algunos que son públicos otros no, podrán ser revisados solo con una clave y tendrá la información inmediatamente de la sociedad respectiva. Se facilitan los trámites para los pequeños emprendimientos, se bajan los costos y se podrá disponer de la información en el momento oportuno”.
Por su parte, el diputado Emanuel Fugazzotto (PV), argumentó que “acompañamos esta iniciativa porque facilitará trámites propios de las asociaciones que son de la sociedad civil, las uniones vecinales, los clubes de barrio. Es un primer paso, hay que avanzar con firmeza en la protección de estas instituciones que construyen el tejido social y que han permitido el desarrollo y la integración de los distintos actores”. “Que el Estado proteja y tutele estas instituciones (centros de jubilados, clubes, etcétera) es un avance importante”, sintetizó.
A su turno, Edgardo Civit Evans (LUM-Bloque Jubilados Auténticos) adelantó el voto afirmativo a la propuesta y manifestó que “este proyecto es muy positivo a los fines de mejorar la relación que existe entre un organismo público como es la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) y la sociedad; de modo especial, con aquellos que viven más alejados, que a través de los municipios van a tener la posibilidad de contactarse en forma directa con la DPJ”.
Agregó que “otros beneficios son abaratar los costos que en este momento imposibilitan a muchos centros de jubilados, por ejemplo, o entidades civiles o deportivas. La predisposición de la Dirección le dará posibilidades y facultades para resolver las cuestiones que hoy son de muy difícil resolución”.
En tanto, desde el bloque del PJ, el diputado Germán Gómez sostuvo que “es un proyecto que se ha trabajado con la sana y buena intención de lograr avances que repercutan en quien tiene que constituir una sociedad, una entidad intermedia y nos parece bien. Es importante esta ley porque el nuevo Código Civil y Comercial también implicó cambios en el mundo societario”, como por ejemplo “las SAS”.
“Esperamos que cuando vengan las inversiones los trámites se agilicen y la provincia tiene que brindar las herramientas para que así sea”, señaló Gómez y finalizó al afirmar que “no solo hay que modernizar sino que el proceso de llevado de libros sea acorde a los tiempos que vivimos”.