El proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se propone la disolución del EPAS, continuará en estudio de los diputados que integran el plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales – que preside Franco Ambrosini (UCR) – y de Hacienda y Presupuesto – a cargo de Jorge López (UCR) -.
Así se acordó durante la reunión que el plenario mantuvo hoy, donde los representantes de distintos bloques plantearon inquietudes y sugerencias. El objetivo es que hasta este jueves los legisladores hagan llegar por escrito sus propuestas, para que sean analizadas hasta el próximo martes, en que volverán a reunirse las comisiones.
“La idea es continuar dialogando sobre este tema y escuchar las distintas propuestas que tengan los diputados de los distintos bloques, para ver si avanzamos”, dijo Ambrosini, quien agregó que “se analizarán las sugerencias”. Para ello, “pido que presenten las modificaciones y las que sean razonables y vayan con el espíritu de la Ley, serán atendidas”, acotó.
Laura Balsells Miró (PRO), indicó que una de las propuestas del bloque es “conformar un consejo superior donde estén representados todos los sectores involucrados con el agua, con funciones consultivas”, además de otras modificaciones de forma, en algunos artículos del texto remitido por el gobierno provincial.
En el mismo sentido, Jorge Difonso (LUM) sostuvo que “han surgido propuestas concretas para tener algún tipo de información a la hora de evaluar el proyecto. Cuando se habla de eliminación de institutos estatales, queremos ver si implica una reducción en la tarifa”, en relación a la tasa de mantenimiento que hoy se paga al Ente Provincial de Agua y Saneamiento.
Otro tema que mencionó, es la posibilidad de analizar el tema en el marco del Código de Aguas en el que está trabajando Irrigación. Tiene que ver con “la discusión de la modificación de la legislación de aguas, que sistematice el sistema normativo en un Código de Aguas; creemos que debería evaluarse en ese marco del proyecto de Código de Aguas para unificar el criterio del manejo del agua y que no quede como algo aislado”.
Por su parte, Emanuel Fugazzotto (PV), señaló que su propuesta “es que exista un sólo ente de control, que todo el personal se capacite y pueda abordar todos los servicios públicos a controlar, con más inspectores y elementos que permitan un control efectivo, con capacidad de regular y controlar. Irrigación puede en relación a agua de riego pero no para acumular todas las facultades que se le están delegando con esta Ley”.
También Gustavo Perret (PJ), expresó que el proyecto “no tiene en cuenta quién es el responsable de dar el servicio” e hizo mención al agua como “derecho fundamental y humano que debería quedar expreso en la Ley”, teniendo en cuenta “que el agua potable es un bien fundamental para prevenir problemas de salud”.
En tanto, Alberto López (UCR), afirmó que “con EPAS o sin EPAS, este problema no tiene que ver con la existencia o no de este ente, se puede solucionar de otra manera”.
Cabe recordar que la finalidad del proyecto del Poder Ejecutivo es promover la disolución del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS) y transferir la asignación de las funciones de regulación, protección de los derechos de los usuarios y control de los servicios de agua potable y cloacas, al Departamento General de Irrigación.
Actualmente, según se menciona en el documento, el Departamento General de Irrigación “interviene activamente en la asignación del recurso hídrico, tiene presencia permanente en el territorio”, y “cuenta con una estructura institucional y de profesionales idóneos”.
De esta manera, se considera que la elección del DGI como ente regulador se fundamenta en su sólida trayectoria en la gestión de recursos hídricos, su “profundo conocimiento del territorio mendocino y su capacidad técnica para abordar los desafíos del sector”. Además, la institución cuenta con una extensa red de infraestructura y personal especializado, lo que permitirá optimizar los procesos y reducir costos.
En el proyecto también se señala que “resulta necesario contar con un nuevo marco normativo que distribuya y asigne funciones en materia del servicio público de agua potable y saneamiento de acuerdo a la actualidad del sector, basado en un enfoque integral que abarque las diferentes modalidades de prestación de servicios en la provincia de Mendoza”.