Organizada por Emanuel Fugazzotto (PV), se desarrolló en la Legislatura una Jornada de trabajo sobre el nuevo Código de Procedimiento Penal Federal, de la que participaron referentes de la justicia federal y el sector académico, con la finalidad de interiorizarse sobre su funcionamiento en Mendoza y las necesidades que surgen en relación a la legislación mendocina.

La actividad, contó en la apertura con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien manifestó que “Mendoza ha avanzado en la modificación de su Código de Procedimientos en los últimos 10 años” y que por tanto, “vemos con muy buenos ojos la implementación de este Código Procesal Penal Federal en la provincia de Mendoza y en la región Cuyo”.

Lombardi destacó que sería interesante que a partir de la experiencia de Mendoza, y con la presencia de figuras nacionales más la experiencia a nivel nacional, “poder intercambiar opiniones e ir consensuando algunas cosas que, quizás, aparecen en un ámbito y en otro ámbito no, y es algo que hay que tener en cuenta”, a lo que agregó que se podría “continuar con reuniones periódicas y darle dinamismo”, previendo también la incorporación del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, “y ver qué cosas nuevas van surgiendo; porque todos estos Códigos requieren que después de su implementación, los actualicemos. Creo que todos buscamos el mismo objetivo que es un mejor servicio de justicia para la población”.

En la misma línea, la vicegobernadora Hebe Casado ponderó “la importancia de que se haga esta articulación”, a lo que añadió que “es importante que el Poder Judicial funcione de la forma más coordinada posible”.

“Tenemos que darle visibilidad a las cosas que se hacen, hacerlas acorde a los tiempos que se viven, hacerlo ágil a este sistema judicial y nosotros, desde el Poder Legislativo, estar en la misma sintonía”, dijo, considerando que “esta coordinación es fundamental, entre la justicia federal y la justica provincial, y a su vez con los poderes legislativos, tanto nacionales como provinciales”.

Por su parte, Fugazzotto explicó que se trata de “una mesa de trabajo con la Justicia Federal a partir de la aplicación del Código de Procedimiento Penal Federal en la provincia de Mendoza, donde lo que nos hemos propuesto es una serie de jornadas y de encuentros que nos permitan avanzar en legislación para hacer más eficiente la lucha, no solamente contra el narcotráfico, que tiene intervención la Justicia Federal, sino también con todo lo que tiene que ver con el seguimiento y la prevención en la reincidencia a partir de la DCAEP y los organismos que están pensados en la provincia de Mendoza para justamente avanzar en la prevención del delito y lógicamente, tener mayor contexto de seguridad y justicia”.

Consideró en ese sentido, que “lo primero que nos falta es coordinación entre las fuerzas para poder evitar nulidades o vicios en los procedimientos que se realizan, y lo segundo que nos falta es la posibilidad de poder generar la adaptación del Código Procesal Penal de la provincia de Mendoza a lo que plantea el Código Procesal Penal Federal en lo que respecta a la Justicia Federal”.

Encuentro

Al abrir el encuentro, Gonzalo Gassull, director de la Oficina Judicial Federal del distrito Cuyo, hizo referencia a los desafíos en la implementación del Código Procesal Penal en la región, e hizo un análisis de la puesta en funcionamiento y también del desempeño en los primeros meses de gestión.

Expresó que los lineamientos principales han sido modernizar el sistema de enjuiciamiento penal, asegurar la igualdad entre las partes, generar un sistema ágil y transparente, y todo ello, fundamentalmente, para fortalecer el acceso a la justicia, destacar el rol de las víctimas, y combatir eficazmente el delito.

Aseguró en ese sentido que la sistematización de datos y su carga, ha sido muy importante, porque le ha dado dinamismo a las audiencias y la posibilidad de trabajar más velozmente a los equipos de trabajo.

“La mayoría de las prisiones preventivas se están estableciendo con un período de 45 días, que le permite al fiscal seguir investigando y en su caso, pedir una prórroga. La idea es acortar los plazos de proceso”, sintetizó Gassull, quien expuso un conteo de jueces que hay en Cuyo, las audiencias que se han realizado, y las diferencias que hay en la demanda de los servicios por cantidad de población en la zona geográfica.

Un dato brindado por el funcionario judicial, es que “el 20% de las causas que empezaron desde el 05 de agosto de 2024 hasta ahora, ya están resueltas. Del 100% de denuncias, la fiscalía entendió que el 20% tenía entidad, y de ese 20% que se formaliza (que empiezan las causas judiciales) ya se resolvió en 2 semanas, desde que empieza hasta que se termina, 2 semanas”, y aseguró que los delitos que mayormente se cometen “son contrabando de mercaderías, divisas, narcotráfico”.

Luego del análisis de algunos datos expuestos, Gassull sintetizó que hay que preguntarse hacia dónde se va. “Tenemos que apuntar fuerte, las dos justicias -la federal y la provincial-, a una justicia más eficiente, más transparente, perseguir realmente a las organizaciones criminales y proteger a las víctimas”.

Por su parte, Shirley Olmedo, coordinadora de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) – ex Patronato de Liberados -, sostuvo que el organismo tiene más tareas, y que está pensado “en responder a las necesidades actuales de la sociedad en materia de inserción social”. Es un organismo que depende de Casación, que cuenta con “16 delegaciones en el país, de acuerdo a las jurisdicciones existentes y es asesorada por un consejo consultivo que trabaja con todas las delegaciones del país”.

En relación a las intervenciones que realiza, son principalmente psicosociales, “con un anclaje territorial importante y el trabajo en red con otras organizaciones con las que de alguna manera convive la persona en la comunidad, como hospitales, instituciones educativas, centros de control de adicciones, y la red familiar de cada sujeto en supervisión”.

A la vez, acotó, “en problemáticas específicas, como violencia de género o especial condición de vulnerabilidad, es importante la interdisciplinariedad”, pero en todos los casos, “el trabajo es personalizado. No tenemos el chip que tenía el Patronato de Liberados donde la persona tenía que venir a firmar todos los meses; ahora, se trabaja para que esta persona se inserte en la sociedad. Las reglas que se fijan son personalizadas”.

Puso como ejemplo una persona de entre 18 y 19 años, sin secundario completo. “No se le exige que venga a firmar, sino que termine sus estudios. Lo mismo con problemas de adicciones. Hacemos de enlace e intentamos que cada uno de nuestros supervisados tenga una real oportunidad con asistencia y ayuda”, subrayó.

En otro orden, comentó que la delegación Mendoza tiene en la actualidad 113 casos activos, el  63% de los cuales es por infracción a la Ley de drogas. Además, de ese total,  93 corresponden a Mendoza, 7 a San Juan, 12 a San Luis y 1 en España, por una causa originada aquí pero la persona tiene residencia en aquél país.

“Como la jurisdicción Mendoza es grande, no todas las entrevistas son presenciales sino que se tiene en cuenta la situación del supervisado. Salvo prisión domiciliaria, se analiza si vive cerca o lejos de la delegación, si tiene trabajo formal”, entre otros aspectos, lo que hace que “sean entrevistas telefónicas, virtuales, o presenciales. Para no recordarle todos los meses que es infractor de la Ley penal, pero a la vez, dando cumplimiento a la normativa”.

La delegación de la DCAEP, cuenta con  5 personas: 2 administrativos, 2 abogadas y 1 coordinadora de casos que es psicóloga, “quien analiza casos concretos y el abordaje que hay que dar”, destacó.

Por otra parte, Fernando Freddi, secretario General de la Cámara Federal de Mendoza, dijo que “lo que es, básicamente es un cambio de funciones, de paradigma, hoy tenemos un fiscal investigando”, que tiene herramientas para hacerlo, incorporando institutos como “el agente encubierto, el agente provocador, el informante, la entrega vigilada, y también incorpora lo que es el arrepentido”, lo que es importante “para lograr erradicar la criminalidad organizada”.

No obstante, afirmó que falta “comunicación entre fuerzas, y hasta entre lo que son los fueros provinciales y los fueros federales, yo creo que es el gran tema”, apuntando al respecto a la necesidad de “cooperación entre interagencias, la cooperación interprovincial”, y para ello, podría avanzarse en la conformación de “equipos interinstitucionales o interagencias a nivel Mendoza”, como sucede en Santa Fe y el NOA.

Al hablar de interagencias se refería a “Prefectura, Gendarmería, PSA, y el organismo local, como podría ser Narcocriminalidad Mendoza, es decir, que exista una posibilidad de compartir información en un lugar determinado”, sobre todo teniendo en cuenta que muchos delitos federales tienen su correlato con otros delitos provinciales, lo que implica el accionar de ambos sistemas judiciales.

Tras las exposiciones, que fueron presenciadas además, por la directora de la carrera de Derecho de la Universidad Maza, Eliana De Rosa, los diputados Sol Salinas y César Cattaneo, y la senadora Ángela Floridia, se abrió una instancia de consultas, en la que también se resaltó la necesidad del trabajo conjunto. “Por ejemplo,  si la unidad de narcocriminalidad de Mendoza está investigando algo que, por ahí la federal ya está abordando, hacerlo conjuntamente”, de manera tal de disminuir incluso, recursos, expresaron.

En esa línea, Olmedo subrayó que en casos de organizaciones delictivas que “no son grandes, no son asociaciones ilícitas dedicadas al narcotráfico, el producto inicial, o la información inicial, la daba la provincia. O sea que, sin duda, están en mejores condiciones justamente porque un poco lo que genera el narcomenudeo son otro tipo de ilícitos, otro tipo de infracciones, en las que tiene más participación la provincia”, reiterando de esta manera la importancia de la cooperación en materia policial y judicial y con los Ministerios Públicos Fiscales, así como también vía convenios, con instituciones u organismos gubernamentales.

Finalizada la jornada, que contó también con la presencia de Inés Colabella, quien es asimismo coordinadora de la DCAEP, e Itatí Cruciani, abogada del organismo, se acordó organizar una nueva reunión para avanzar en relación a “los disparadores que han surgido hoy”, indicó Fugazzotto.