Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC); de Economía, Minería, Energía e Industrias, y de Ambiente y Recursos Hídricos; que presiden Franco Ambrosini (UCR), Guillermo Mosso (PRO Libertad) y Gabriel Vilche (Unión PRO), respectivamente; recibieron a funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente, quienes se explayaron sobre el proyecto del Poder Ejecutivo por el que se ratifican las Declaraciones de Impacto Ambiental de los proyectos de exploración minera comprendidos en el denominado “Malargüe Distrito Minero Occidental”.
Del encuentro participaron la vicegobernadora Hebe Casado, legisladores de ambas Cámaras; el director de Minería, Jerónimo Shantal; el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández; la Subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda; y vía zoom, el decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (UNCuyo), Augusto Roggiero.
Los funcionarios realizaron un repaso sobre los puntos más importantes del proyecto. El mismo, señala en sus fundamentos, “un amplio proceso de participación ciudadana, que fue integrado por talleres participativos, visita abierta a la comunidad para conocer un proyecto de exploración, audiencia pública con amplia difusión, posibilidad de presentaciones por escrito incluso días posteriores a la audiencia pública, y compulsa pública de las actuaciones donde obraba toda la información del procedimiento, en las páginas web de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental”.
En ese sentido, y habiendo cumplido con las etapas técnicas y legales necesarias, los 34 proyectos de exploración obtuvieron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a través de Resoluciones Conjuntas, por lo que ahora debe ser sometida a ratificación legislativa, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3º de la Ley Nº 7722.
En este marco, Leonardo Fernández destacó que “se aplica monitoreo ambiental comunitario. La idea es que la comunidad tenga participación en estas auditorías y monitoreo. Es totalmente necesario saber de qué se trata cuando hablamos de minería y cuáles son los mecanismos de fiscalización y control”.
Allí se detuvo para indicar que la Autoridad Ambiental Minera (AAM) es la que solventa la aplicación del marco jurídico Minero-Ambiental, responsabilidad que recae conjuntamente en la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental. A su vez, esta autoridad deberá evaluar los Informes de Impacto Ambiental (IIA) de las obras y/o actividades mineras propuestas o existentes.
Manifestó Fernández que “la comunidad está pendiente de lo que realiza la empresa (minera). El trabajo que tiene con el Estado y la relación con la comunidad; y hacer cumplir la legislación vigente en materia de protección ambiental”. En este sentido, en las filminas se resumió la normativa aplicable para estos casos, mencionando: el Código de Minería de la Nación; la Ley Provincial Nº 5.961 y modificatorias de Preservación del Ambiente; el Decreto Nº 820/2006; la Ley Nº 9.003 de Procedimiento Administrativo; la Ley provincial N° 7.722; el Acuerdo de Escazú y demás normativa ambiental vigente; la Resolución Conjunta de la Autoridad Ambiental Minera N° 15/24 DM y 02/24 DPA; y la Resolución Conjunta de la Autoridad Ambiental Minera N° 37/24 DM y 11/24 DPA.
Sobre la audiencia pública recientemente desarrollada en el departamento de Malargüe, se destacó la participación de 328 personas, que todas “pudieron expresarse”, de las que 258 personas se manifestaron a favor y 70 en contra. A su vez, Fernández puso el acento en la consulta social realizada, la cual también tuvo participación de la ciudadanía a través de distintas redes sociales.
Por otra parte, los funcionarios se refirieron a la transparencia en los procesos, puntualizando en la Resolución nº 15 DM (Dirección de Minería) y nº 02 DPA (Dirección de Protección Ambiental). Esta normativa, establece que “la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental publicarán en sus páginas web de difusión pública y gratuita el informe de Impacto Ambiental y de todas las instancias pertinentes del proceso”, donde los interesados podrán consultarlo y emitir observaciones y opiniones a través del “sistema ticket” de la provincia o “mediante la plataforma electrónica que la AAM habilite a tal fin”.
En este sentido, se refirieron a los monitoreos ambientales comunitarios participativos, los que favorecen la transmisión de información; generan un canal formal para recoger feedback de los grupos de interés que participan en las inspecciones; se reciben aportes y sugerencias; y se generan espacios de confianza mutua, a través de la tarea compartida. Así, podrán inscribirse los ciudadanos interesados en la siguiente dirección Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., además de la confección que se realizó de un inventario provincial de Organizaciones Ambientales.
Otro punto que resaltaron fue el que está vinculado a los planes de manejo incorporados a la declaración de impacto ambiental. “Tenemos la obligación de trabajar con 12 planes de manejo”, sostuvo Fernández y mostró en filminas algunos detalles de lo que se expresa en la Resolución conjunta de la AAM 37/24 DM y 11/24 DPA, por la que se incorpora una Guía de Presentación para la formulación de proyectos, sus planes de manejo ambiental y social y programas de monitoreo para los proyectos de prospección y exploración minera en la provincia de Mendoza. “Cada proyecto tiene estos planes”, resumió.
Al mismo tiempo, Jerónimo Shantal destacó la importancia de que Mendoza ya se encuentre incluida en el EITI, que es el compromiso con la Transparencia de las Industrias Extractivas, una iniciativa propuesta por el Banco Mundial; suscripto en un acta firmada por el gobernador Alfredo Cornejo durante la visita a la provincia del Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.
Asimismo, se mencionó el cumplimiento del Procedimiento Ambiental Minero, regulado por el Decreto 820/06 (reglamentario de la Ley N° 5.961).
En otro orden, se destacó la creación de la UGA (Unidad de Gestión Ambiental), que consiste en “un grupo interdisciplinario compuesto por la Autoridad Ambiental Minera (AAM) y las instituciones dictaminantes que son parte del procedimiento de evaluación del proyecto, a las cuales se les asignan un rol preponderante a los fines de evaluar la información y realizar inspecciones conjuntas en el proyecto”.
“Las UGA no existen en ninguna parte del país”, detalló Shantal, y sostuvo que “nosotros hemos creado este organismo de control que va a ayudar a la Autoridad Ambiental Minera a controlar, a evaluar, toda la información que retroalimente el expediente y a hacer las inspecciones conjuntas”.
A esta preponderancia de las UGA, se les suma, de acuerdo a la óptica de Shantal, que “la actividad minera es la única actividad industrial que requiere que sus declaraciones de impacto ambiental (DIA) sean actualizadas cada dos años o cuando exista un hecho nuevo”, y puntualizó que en Mendoza se agregó que “deben ser ratificadas por ambas Cámaras en la Legislatura”. “Es un rol preponderante de la Autoridad Ambiental Minera”, esgrimió y recordó la conformación de la UGA para Potasio Río Colorado pero este proyecto ya en etapa de explotación no como los presentes que están en etapa de exploración.
A su turno, Augusto Roggiero, decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) (UNCuyo), expuso por Zoom que “la FCAI reafirma la importancia de que esta autorización para que el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental cumpla con todas las exigencias derivadas de las evaluaciones ambientales que serán verificadas de manera activa y responsable a través de la constitución de las UGA donde nosotros estamos incluidos”.
El académico agregó que “la participación de la FCAI en la UGA permitirá asegurarles a los mendocinos, un seguimiento riguroso de los proyectos, garantizando el cumplimiento de los planes de manejo y las consultas previas exigidas por la normativa; asegurando que cada uno de los 34 proyectos, avancen bajo los principios de gobernanza responsable”.
Finalmente, destacó Roggiero que “la UNCuyo, a través de la FCAI, defiende un enfoque de minería que respete la normativa vigente, promueve el desarrollo económico tan largamente esperado, priorizando siempre la protección del medioambiente y las comunidades locales. A través de la investigación científica que realizamos en la universidad pública y la colaboración interdisciplinaria, promovemos un modelo de minería que no solo impulse el crecimiento, sino que también preserve el patrimonio natural y cultural, y asegure un futuro próspero para las generaciones presentes y futuras”. Sintetizó: “Habiendo cumplido, según nuestro criterio, con los requerimientos técnicos y legales, recomendamos que ratifiquen las 34 DIAs”.
Proyectos de exploración
En el proyecto remitido por el Ejecutivo, se incluyen las DIAs de 34 proyectos de exploración, todos ellos ubicados en el departamento de Malargüe.
Se trata de: EI Seguro; Campeones; Canillitas; Conejera; Dibu; Fideo; Hechicera; La Herradura; La Pechera; Los Azulejos; Mate Amargo; Mochileros; Papu; Pehuenche Oriental; Vecindario; Los Galgos; Las Arañas; Las Estrellas; La Meli; Elena; EI Perdido; Cerro de la Virgen; Merlot – Sirah; EI Toro; Porticos; Malbec; Calmuco; EI Montón; Los Carrizos; Minue; Riesling; Valenciana; Lego y Huemul.
Al momento de presentarse la iniciativa, que ingresó por la Cámara de Diputados, la titular del ministerio de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, resaltó que “es importante este momento, que para nosotros es “bisagra”, es la culminación de todo un trabajo administrativo con la comunidad, con el municipio, con la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, con los 13 organismos sectoriales que participaron en ese análisis; y es el inicio de otra etapa muy importante que es el debate legislativo, el debate parlamentario”.
Esos 13 organismos sectoriales que mencionaron son: la Dirección de Hidrocarburos; Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial; Departamento General de Irrigación; Dirección de Áreas Protegidas; Dirección de Transición Energética; Instituto Nacional Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencia Ambientales; Dirección de Hidráulica; Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; Dirección de Patrimonio Cultural y Museos; Municipalidad de Malargüe; Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas; Dirección de Ganadería; y la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.
En aquel momento, Latorre agregó que si bien, al hablar de Distrito Minero Malargüe se habla “de unidad, de un proyecto”; ese distrito a su vez “engloba, en este caso, en esta primera fase, 34 proyectos individuales que tuvieron su análisis individual, que tienen cada uno sus resoluciones de declaración de impacto ambiental individual, que tienen instrucciones de acuerdo a la envergadura y las implicancias de ese proyecto, de acuerdo al ecosistema en el cual están enmarcados, a las implicancias sociales que tiene cada uno de estos proyectos”.